La JIFE presentó en Viena su informe 2013 sobre la situación del consumo de estupefacientes en el mundo y dedicó varios párrafos con tono crítico al proyecto de Uruguay para legalizar la venta y cultivo de marihuana. El documento está firmado por Raymond Yans, presidente de la JIFE, a quien el presidente José Mujica llamó con toda razón "viejo careta" a fines de 2013. Tendrá Yans temor a perder su cómodo asiento ?
La versión en español fue presentada en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Nueva York y el único comentarista invitado fue el embajador uruguayo Milton Romani, quien respondió con dureza a los planteos de la JIFE.
"Preocupan a la JIFE algunas iniciativas que tienen por objeto legalizar el consumo de cannabis con fines que no son ni médicos ni científicos. Esas iniciativas, de seguir adelante, pondrían en grave peligro la salud pública y el bienestar de la sociedad, que es precisamente lo que los Estados se propusieron proteger cuando concibieron los tratados.
La JIFE confía en mantener un diálogo permanente con todos los países, incluidos aquellos en que se están llevando a la práctica tan desafortunadas iniciativas, a fin de garantizar la plena aplicación de los tratados y proteger la salud pública", sostiene Yans en el prefacio de su informe.
Tal afirmación mereció una frontal respuesta del gobierno. Romani dijo que la JIFE parece "obsesionada por las iniciativas, no solo la de mi país, sino de la región, de cambio en los modelo de regulación de las drogas".
También sostuvo que las afirmaciones sobre eventuales perjuicios de la legalización sobre la salud pública son "infundadas". "Esto es más que un sesgo. ¿Cuáles son las premisas y estudios que llevan a concluir en forma tan concluyente sobre el peligro hacia la salud pública? ¿Por qué serían desafortunadas? No basta con afirmarlo, hay que desplegar las argumentaciones. La JIFE no puede ser juez y parte. Menos aún prejuzgar. Menos aún sin haber empezado el diálogo con los países soberanos, o Estados que han aprobado medidas por referéndum popular. Insisto, la JIFE puede advertir sobre la convencionalidad de ciertas medidas. Lo que la JIFE no puede es tomar parte activa de un debate mundial que se está esbozando en varias regiones", sostuvo.
El informe alude directamente a Uruguay y destaca que se observa "con preocupación" la ley que legaliza la producción, venta y consumo de cannabis con fines no médicos. "La Junta subraya que esa ley contravendría los tratados de fiscalización internacional de drogas, en particular la Convención de 1961", sostiene. Y en su recomendación expresa: "La Junta insta a las autoridades del Uruguay a que velen para que su país siga cumpliendo plenamente el derecho internacional, que restringe el consumo de estupefacientes, incluido el cannabis, a fines exclusivamente médicos y científicos. La Junta insta también al gobierno del Uruguay a que estudie detenidamente todas las posibles consecuencias para la salud y el bienestar de la población del país, en particular los jóvenes, antes de embarcarse en un proceso que autorizaría la venta de hierba de cannabis con fines no médicos".
En otro párrafo, aunque sin mencionar a Uruguay, añade que "la Junta continúa siguiendo de cerca el debate sobre políticas en materia de drogas en la región, que incluye algunas propuestas de establecer regímenes de reglamentación de las sustancias sometidas a fiscalización internacional que no se ajustan por completo a lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de drogas. Quienes propugnan esos cambios de política aducen que estos contribuirían a reducir la delincuencia, la violencia y la corrupción en la región. La Junta desea poner de relieve el hecho de que algunas de esas propuestas, de materializarse, serían contrarias a la letra, el propósito y el espíritu de los tratados (a saber, preservar la salud y el bienestar de la humanidad), en que todos los Estados de la región son parte. Esas propuestas tendrían graves consecuencias para la salud de la población, coincidiendo precisamente con una época en que abundan cada vez más las pruebas científicas de los daños ocasionados por el consumo y el uso indebido de drogas; asimismo, contribuirían a alimentar los mercados ilícitos, la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción y la violencia, amén de transmitir mensajes ambiguos sobre los peligros para la salud del consumo y uso indebido de drogas".
Romani sostuvo en OEA que el Informe Anual de JIFE "tiene un sesgo muy evidente, no solo se extralimita en las funciones específicas que le asiste como órgano cuasi jurisdiccional, sino que toma abiertamente partido por una visión muy restringida no sólo de los modelos de fiscalización, sino de las políticas actuales. Una cosa es, en su función de supervisor de las Convenciones, advertir, dialogar sobre tal o cual legislación o medida, en el sentido que pueden estar en conflicto con las Convenciones, y otra es hacer afirmaciones que exigen un debate y una explicitación científica", afirmó.
Romani acotó que la JIFE pierde "racionalidad y objetividad, porque está cegada con una visión fundamentalista" al tiempo que defendió alternativas en el combate al consumo de estupefacientes como la legalización de la venta y producción. "Mis comentarios tienen un sesgo en respuesta al sesgo del Informe de JIFE, el cual parece obsesionado por las iniciativas de mi país", afirmó.
La firma del "viejo careta"
El informe de la JIFE lleva el prefacio y la firma de su presidente, Raymons Yans, quien se hizo conocido en Uruguay a fines de 2013 como consecuencia de un duro cruce con el presidente José Mujica.
En aquella oportunidad, Yans dijo que la actitud de Uruguay al legalizar la venta de marihuana es propia de "piratas" porque no respeta las convenciones internacionales sobre drogas y narcotráfico, al tiempo que se quejó porque el gobierno no lo recibía. La respuesta del presidente José Mujica fue lapidaria: "Es un viejo careta y no le voy a hablar en lenguaje diplomático. Bien terraja lo voy a tratar porque intelectualmente una afirmación de ese tipo merece ese calificativo. Dígale a ese viejo que no mienta, conmigo se reúne cualquier tipo en la calle. Que venga a Uruguay y se reúne conmigo cuando quiera. Que no hable para la tribuna. El que diga que no puede hablar conmigo miente", afirmó.
Saldo de la represión en 2013
Durante 2013 fueron incautados en Uruguay 1.921.881 gramos de marihuana, 62.863 gramos de cocaína, 74.596 gramos de pasta base, 261 gramos de cannabis sativa y 671 gramos en semillas.
La Dirección General de Información e Inteligencia participó de 56 operativos, en los que fueron detenidas más de 120 personas por comercialización de estupefacientes, incautándose vehículos, equipos informáticos, armas y municiones.
Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas participó de 10 operaciones vinculadas al tráfico internacional. Se desarticularon 3 grupos. Fueron procesadas 16 personas, 14 de ellas uruguayas. En el tráfico nacional se realizaron 649 operaciones con 5 grupos desarticulados. Se incautaron US$ 750.850. Hubo 673 personas procesadas.
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