El DOGE ha eliminado de golpe más de 10 millones de nombres de bases de datos públicas sin las comprobaciones adecuadas. El resultado ha sido nefasto. Leonard Johnson está jubilado, tiene 82 años, vive en Seattle y se enteró de su propia muerte mientras desayunaba tranquilamente en bata junto a su mujer. Una carta del banco lamentaba su fallecimiento, daba el pésame a su viuda y ya de paso le reclamaba 5.201 dólares en prestaciones sociales -que se le habían abonado al presunto difunto tras su muerte- y que, en menos de 12 horas, le retirarían automáticamente de su cuenta. Leonard estaba vivo, pero para el Estado había dejado de existir.
