En los informes elaborados por el Ministerio de Vivienda como parte de la
investigación administrativa desencadenada por la controversia sobre las
asignaciones de viviendas solicitadas desde la secretaría de Irene
Moreira, se destacan una serie de conceptos alarmantes: arbitrariedad,
abuso de autoridad, desviación de la normativa vigente,
incumplimiento de requisitos, actuación contraria al principio de
igualdad, entre otros.
