El pasado jueves por la noche, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina tomó una nueva decisión que, esta vez, afecta la operativa del puerto coloniense de Nueva Palmira. La dependencia le revocó un permiso de habilitación a un embarcadero ubicado en la isla La Paloma (del lado argentino) frente a la localidad uruguaya. Este amarradero era utilizado por barcazas paraguayas que esperaban allí su turno para llegar luego en tránsito a Nueva Palmira, descargar la mercadería y transbordarla a un buque que sale hacia el destino final.
La notificación fue recibida directamente por Fernando Insiburo, director de la agencia marítima River Maritime, instalada en Nueva Palmira, que es representante de empresas de transporte fluvial de Paraguay, Argentina y Uruguay. La decisión de revocar el permiso al embarcadero se fundamentó en que, supuestamente, la empresa que lo gestiona había incumplido con un plan de obras prometido y esa situación afectaba la seguridad del muelle, según informó al diario El País el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz.
Fuentes portuarias dijeron a El País que la medida se agrava más aún en este momento, ante el comienzo de la zafra de granos en Paraguay. Estaba previsto que durante esa zafra transbordaran en Nueva Palmira aproximadamente 3 millones de toneladas de granos.
Las fuentes agregaron que por la importancia del amarradero La Paloma, esta nueva prohibición de la administración kirchnerista hace peligrar la mitad de esa carga, unos 1,5 millones de toneladas. Mensualmente la terminal coloniense recibe unas 200 barcazas desde Paraguay, de las cuales 100 vienen de ese amarradero de La Paloma.
El puerto de Nueva Palmira (entre el muelle oficial y los privados Corporación Navíos y Ontur) mueve anualmente 11 millones de toneladas y toda la carga paraguaya representa el 45% de esa actividad. El efecto ahora, se da sobre la carga de granos proveniente de Paraguay.
La determinación de las autoridades marítimas argentinas cayó como un balde de agua fría en operadores portuarios e incluso en la ANP y desde la mañana de ayer hasta la tarde se sucedieron contactos y reuniones entre privados y el gobierno.
Díaz dijo a El País que mantuvo varias comunicaciones en la víspera con el canciller Luis Almagro y el ministro de Transporte Enrique Pintado, para advertirles sobre la situación y explicarles el impacto de la medida. "La resolución es complicada para el sistema nuestro en Nueva Palmira y también para el sector privado. Hay que salir a buscar soluciones alternativas para el amarre de las barcazas", enfatizó el presidente de la ANP.
Díaz también se reunió ayer con operadores privados y con técnicos de la ANP para realizar una evaluación de cuánto espacio para el amarre de barcazas se necesitaría a partir de este nuevo escenario. "Estamos intentando determinar cuántas barcazas se pueden amarrar ahora en forma inmediata con las instalaciones que tenemos", señaló. "Este amarradero de La Paloma era confiable y al dejarlo sin operar complica la situación de Nueva Palmira", explicó.
Ahora, el único embarcadero disponible que tiene la ANP se encuentra en Arroyo del Sauce, a 20 kilómetros de Nueva Palmira, sobre el Paraná Bravo. Allí se pueden amarrar 32 barcazas.
El presidente de la ANP informó que ese embarcadero fue ofrecido a los usuarios de barcazas, aunque en principio estaba pensado que trabajara para el sector público. Otra de las opciones que se maneja es ofrecerle a los convoyes que lleguen y no puedan amarrar en Nueva Palmira por falta de espacio, que continúen hasta el puerto de Fray Bentos.
Igualmente, el jerarca señaló que con esta opción, más allá de que la ANP resolviera agregar costos mínimos o hasta nulos para los navíos, tendrían un costo más alto por horas y mayor recorrido de navegación.
El capitán Álvaro Llanes, responsable de Nueva Palmira, dijo a El País que es muy pronto, por la proximidad de la decisión de Puertos y Vías Navegables, para hacer una posible evaluación de perjuicios.
Sin embargo, fuentes portuarias expresaron a El País que la intención de esa dependencia es "descalificar" a Nueva Palmira, poniéndole trabas para captar en sus puertos a las cargas paraguayas.
El 7 de noviembre pasado, la autoridad marítima argentina, dirigida por Horacio Tettamanti (hombre de confianza de la presidenta Cristina Fernández), limitó el tamaño de los convoyes que navegan por la Hidrovía rumbo a Nueva Palmira, ocasionándole un primer perjuicio a la terminal. Ese mismo día, también decidió prohibir los transbordos de barcos de su país con puertos que no tengan acuerdo de reserva de cargas con Argentina (como es el caso de los uruguayos).
"Puertos y Vías Navegables ya se quedó con los tránsitos desde Argentina; ahora quiere quitarle a Uruguay las cargas paraguayas. Van por todo", dijo a El País una fuente portuaria.
Agenda que se extiende
La nueva determinación de las autoridades marítimas argentinas seguramente pasará a engrosar la lista de temas que el canciller Luis Almagro deberá negociar con su par argentino Héctor Timerman. Este encuentro, que estaba previsto para el jueves pasado, se pospuso hasta nuevo aviso, aunque las autoridades uruguayas lo habían anunciado públicamente un día antes. También sobre Nueva Palmira, al gobierno uruguayo le interesa que la administración argentina habilite el funcionamiento de las terminales graneleras de las empresas Cartisur y Belwolf ubicadas en la localidad coloniense.
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