Este viernes en su audición en M24, el presidente José Mujica afirmó que el Estado no pagará el juicio que lleva adelante Fernando Barboni (titular de la firma Glenby) por US$ 1.000 millones. El empresario reclama que el gobierno no entregó en la fecha fijada la ex estación central y la ex playa de maniobras de AFE y con ese argumento pide esa barbaridad de dinero por un negocio que costó 250.000 dólares. Esa es otra de las perlas que la derecha le dejó a la población uruguaya, un negociado brutal que provocaría al Uruguay un perjuicio gigantesco. Esas son las cosas, entre otras muchas, por las que la derecha rosada perdió el gobierno. Ahora claro, se hacen los olvidados y piden que los voten nuevamente. Para volver a concretar negociados brutales como éste y hundirnos a todos nuevamente en el barro.
"Nos negamos abiertamente a pagar aunque sea una parte de la enorme fortuna que reclaman porque sería cargar al Estado uruguayo con algo imposible. Nuevamente vemos un Estado mal defendido, que no negocia como puede hacerlo un particular pero tenemos que ver que atrás de los juicios que perdemos está el pueblo uruguayo que paga impuestos. Ahí la importancia que tiene este asunto", dijo.
En las sentencias de primera y segunda instancia la Justicia le dio la razón a Barboni. posteriormente a esto el Estado presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la cual también falló a favor de la firma Glenby.
Además el presidente informó que planea traer soldados para cuidar edificio de AFE de vándalos.
“Seguramente que quienes transitan por nuestra ciudad allí frente al puerto en esa esquina donde llegaban antiguamente los ferrocarriles debe de tener memoria de ese hermoso y vetusto edificio es la Estación Central que hace muchos años está abandonada, que se está deteriorando, que es por su calidad arquitectónica un verdadero monumento nacional, que como tal se le considera parte de nuestro patrimonio”, dijo el presidente José Mujica en su audición.
"Lo cierto que ese edificio y sus inmediaciones están en un perfecto estado de abandono, por la sencilla razón que se arrastra un penoso juicio desde el año 2003 por asuntos que vienen de antes y que ese juicio en contra del interés del Estado, ya ha fallado en parte por la Justicia, establece uno de los más dolorosos abandonos en el quehacer jurídico en cuanto a la defensa del interés público, pero que tiene uno de sus res en el Estado que se encuentra ese monumento público”, sostuvo.
“De pasar y pasar las cosas a veces dejan de ser rutinarias y nos lastiman, le estamos pidiendo a la justicia el poder colocar allí, como en estado de vigilia, para poder cuidarlo, para poder cuidar lo que queda, para tratar que no se deteriore progresivamente más, no solo por la dejadez sino por el vandalismo colocar un destacamento militar que lo cuide, una guardia militar”, informó.
“¿Por qué lo hemos hecho?, en alguna medida tratamos de negociar lo innegociable y quienes jurídicamente tienen un pleito con el Estado de una severidad y una cuantía, que creo que no tiene antecedentes en la jurisprudencia nos han contestado con cosas como esta: que están dispuestos a negociar porque en definitiva la cifra que se le pide al Estado es imposible para el Uruguay, imposible para el sentido común, imposible para sus dimensiones”, explicó.
Y añadió: "Se nos pide poder hacer un casino en la zona franca, el transferir el predio de la Facultad de Veterinaria, el transferir el predio de la escuela naval, en definitiva arrimar en bonos dos mil millones de dólares y un tipo de exigencias que nos deja francamente sin aliento. Seguramente que esto escribe uno de los episodios más penosos de la historia del Uruguay, no pretendemos agotarlo en esa audición”.
“Estamos pidiendo por lo menos poder cuidar y esperamos que la justicia nos lo permita, poder cuidar lo que queda ese edificio más allá del destino que no sé cuál en definitiva podrá ser, en un país de derecho que respetar a las decisiones jurídicas. Pero acá por la vía del reclamo al lucro cesante se cae en una cifra de fantasía, imposible para el Uruguay contemporáneo”, afirmó.
“Va quedar absolutamente claro que mientras que permanezca este gobierno este asunto no tiene salida porque nos negamos abiertamente a pagar “, enfatizó.
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Varios peritajes ordenados por el Estado revelan graves contradicciones e inconsistencias en la demanda presentada por el empresario Fernando Barboni, que en un juicio histórico reclama mil millones de dólares por la estación de afe. La opinión de expertos revela cómo el plan de negocios de uno de los emprendimientos estrella del Plan Fénix era “inverosímil”, y a pesar de ello fue impulsado por las últimas administraciones coloradas.
En la primavera de 1999, Fernando Barboni –un empresario de la construcción con vínculos con el ex intendente de Maldonado Domingo Burgueño y cuestionados negocios con el Banco Hipotecario– ponía su firma en un proyecto que, si bien empezaba con un capital pequeño, luego lo pondría a las puertas de un tesoro millonario. Del otro lado de la mesa los directores de Desarrollos Urbanísticos Fénix (saduf) empezaban a cavar un agujero en las finanzas del Estado, que se agrandaría más y más con los años.
Saduf (cuyo directorio estaba integrado por Roberto Maristán, Crispo Capurro, y Carlos Abdala) era una sociedad anónima con el 100 % de propiedad en manos del Banco Hipotecario, que se encargaría de comprar la estación y la playa de maniobras a afe, para luego otorgarla en concesión por 50 años en el marco del fracasado Plan Fénix.
Éste era un proyecto de revitalización de la Aguada concebido y promocionado durante el gobierno de Julio María Sanguinetti. El proyecto consistía en construir allí un shopping, un complejo de oficinas y un hotel cinco estrellas. Para eso se llamó a una licitación que tuvo un único oferente y que después de la apertura de sobres resultó ser el ganador: Glenby sa, la empresa de Barboni. El proyecto comenzó con un pago de 250 mil dólares por la compra de la playa de maniobras en 2001. Pero Barboni nunca logró tomar posesión de la terminal en 12 años.
Es por esta razón que en poco más de dos lustros aquel cuarto de millón de dólares invertido por el empresario le podría reportar mil millones de dólares si la justicia hiciera lugar a su reclamo por lucro cesante y daño emergente. La escandalosa cifra supera los 1.000 millones de dólares que el BHU (contra quien recae la demanda, además de la Agencia Nacional de Vivienda) declara como patrimonio activo. Ahora, el gobierno, con la carga de varios años de mora por el fallido proceso de entrega de la estación, apela a demostrar varias contradicciones en el plan de negocios presentado por Barboni. Se trata de poner el foco en una serie de inconsistencias que incluso cuestionan la verosimilitud del proyecto original.
LA INGENIERÍA DEL NEGOCIO.
La estrategia que permitió que 250 mil dólares se transformasen en mil millones fue aceitada por la lentitud del Estado y cierta “pasividad” u “omisión” por parte de las autoridades. Pero las anteriores autoridades del bhu consultadas por Brecha –e incluso algunas actuales pero que ocuparon algún cargo en la época– han decidido callar o no ser identificadas cuando se les pregunta sobre las razones y las responsabilidades que colocaron al Estado en un brete que puede costar millones. Tampoco el abogado de Barboni, el ex ministro de Defensa Daniel Hugo Martins, quiso responder a las consultas de este semanario.
Una vez que Saduf le compró la estación a afe, ambos organismos pasaron casi todo el año 2002 envueltos en una polémica sobre la nueva localización de las oficinas del operador ferroviario estatal. Para situarse en la época, quizá vale la pena recordar que el presidente del Banco Hipotecario era el forista Ariel Lausarot (quien años después estaría en la picota por haber recomendado a un procesado por contrabando para un pase en comisión, entre otras perlas)
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