El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrés, negó que los retirados piensen organizarse para resistir las convocatorias de la Justicia pero advirtió que “no se pueden prever las actitudes individuales. Habría que evitar males mayores”.
“El cacique tiene que ordenar a la tribu. No se trata de darle directivas a la Justicia sino de lograr acuerdos entre las personas. El presidente José Mujica tiene la dialéctica, el carisma y el poder de convocatoria necesarios para convencer", dijo al diario Ultimas Noticias el coronel (r) Guillermo Cedrés.
El presidente del Centro Militar propuso que el mandatario intente convencer a los demandantes de no efectuar más reclamos para "evitar males mayores".
La preocupación en filas castrenses deriva de la decisión judicial de retomar varios expedientes de violaciones a los derechos humanos a partir del martes, cuando termine la feria judicial.
Dado que las denuncias no se limitan a los desaparecidos sino que abarcan a quienes recibieron apremios físicos durante la dictadura, se estima que serán cientos los convocados a declarar.
Un grupo de retirados autodenominados "Foro Libertad y Concordia" remitió una carta al comandante en jefe del Ejército, general Jorge Rosales, en la que advirtieron que harán "sentir su voz".
Cedrés aclaró que el Centro Militar "no tiene nada que ver" con la misiva, que a su entender "fue mal interpretada. Lo único que se pide es que la Justicia actúe como debe hacerlo.
En ese sentido, aclaró que los "males mayores" aludidos no implican la posibilidad de una resistencia masiva, aunque sí individual.
"Cuando alguien se siente agredido, no se sabe cómo puede reaccionar", advirtió.
En el caso específico de los socios del Centro Militar, apuntó que la institución, al igual que los demás clubes que nuclean a militares, actúa "de acuerdo a la ley y responde a ella". No obstante, la postura se mantendrá en un criterio de "defensa a nuestros camaradas".
Cedrés manifestó que hay una "profunda inquietud" en filas castrenses por la convocatoria masiva en febrero para que respondan por las torturas cometidas en los cuarteles durante la dictadura.
"Nos parece algo muy ambiguo y grave, porque por una cuestión así se corre el riesgo de que llamen al voleo a cualquiera. Alcanza con que se tenga antipatía por un militar para que lo denuncien de haber torturado. Es demasiado", argumentó.
A su entender, desde el procesamiento del general Miguel Dalmao y del coronel (r) Juan Carlos Gómez "todo se aceleró. Los procesaron sin tener ningún elemento probatorio. Para toda la sociedad quedó claro que mandan a la gente a la cárcel sin pruebas, como dijo la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti. Estos anuncios nos llevan a pensar que puede ser peor".
Cedrés siente que el móvil de los denunciantes "es la venganza", combinada con "un tema económico porque cada caso produce mucho dinero en los gastos de abogados. Estamos siendo agredidos por la Justicia.
Éstas son cosas que pasaron hace cuarenta años. Con todos los problemas que tiene el Uruguay, con todas las viviendas que se necesitan para atender a los pobres, siguen con estos asuntos".
El militar también cuestionó a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que "en esa época eran jueces de Instrucción. Lo que corresponde es que digan si eran presionados. Hablan como si no hubiera habido justicia en aquellos años, pero la hubo. Si no los presionó nadie, lo que ellos juzgaron en aquella época es lo que fue. Si aceptaron presiones, no merecen integrar la SCJ".
Cedrés dijo que espera que "prime la cordura" y se detengan los procesamientos de militares por los hechos ocurridos en el período de facto.
"En algún momento tendrán que empezar a ajustarse a las normas del debido proceso. Es todo lo que pedimos", concluyó.
El inspector (r) Ricardo Medina, recluido en la cárcel de Domingo Arena, dijo a Ultimas Noticias que, si la Justicia convoca por torturas, "van a ir presos absolutamente todos. No va a quedar nadie afuera porque eso fue algo institucional. Si siguen así, tendrán que ampliar alguna institución para alojar a los retirados en un lugar como el Penal de Libertad o el Comcar. No tiene sentido".
Medina aseguró que entre los retirados "no hay intención de plantear una resistencia masiva" sino "mucha desconfianza porque la Justicia no ha sido exacta. La gente siente que, si la llaman a declarar, va a quedar detenida".
Apuntó que "no se busca la verdad" porque "se procesa sin pruebas. Un delincuente común tiene todas las garantías pero cuando se trata de un militar estamos indefensos".
A su entender, la actitud de la Justicia es "de venganza. Es un proceso de persecución para buscar el aniquilamiento del enemigo. Por eso la gente está inquieta".
Entre los presos de Domingo Arena hay preocupación por la posibilidad de que haya más procesamientos, no sólo por lo que implica para los retirados que aún están libres, sino para sus propias condiciones de reclusión, que se verían "complicadas si entra más gente".
Para Medina, "esto no es Justicia. Tenemos un soldado preso (Ernesto Soca). Responsabilizar a un soldado, cuando en esos años pasaron 50.000 efectivos por la fuerza, no pasa en ningún país del mundo. Esto es venganza. Los que se dicen defensores de los derechos humanos están totalmente fuera de control".
Los militares retirados procesados por violaciones a los derechos humanos son diecisiete pero solo quince permanecen en la cárcel de Domingo Arena.
El mes pasado, a solo dos meses de su procesamiento, el teniente coronel (r) Uruguay Araújo Umpiérrez fue internado en el Hospital Militar por una infección generalizada derivada de un problema de vesícula.
Desde entonces permanece en el centro hospitalario, al igual que el coronel (r) Ernesto Ramas, internado desde hace cuatro años por problemas cardíacos.
Ramas fue procesado en el año 2006 junto a José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ricardo Medina y José Sande Lima por la desaparición de Adalberto Sosa en Buenos Aires.
El ex abogado del Círculo Militar y actual representante legal del general Miguel Dalmao, el Dr. Miguel Langón, dijo a Ultimas Noticias que es un "error" que los tribunales utilicen una "política criminal" que le pertenece "al Parlamento".
"Los tribunales lo que deben hacer es aplicar las políticas que el Parlamento ha fijado y no crear políticas propias", afirmó.
El abogado señaló que de prosperar la actual situación, "todo militar que haya estado en actividad durante la época de la dictadura va a ser interrogado por los jueces".
El jurista dijo que sería una "locura" y un "despropósito" que esto ocurra. Langón consideró que "después de 40 años todos los delitos están prescriptos".
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