En el gobierno existe preocupación por los millonarios juicios que deberá enfrentar la actual y la futura administración, de parte de jueces que reclaman la equiparación de su salario con el de los ministros de Estado, dijeron al diario El Observador fuentes del Poder Ejecutivo. Los jueces ya cuentan con una sentencia favorable de la Justicia y ahora la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la segunda ley de presupuesto, en la que el Ejecutivo intentó desligar los salarios de los jueces de los de los ministros cuando otra ley anterior los equipara. Sigan gastando a troche y moche, total quien debe ajustarse más el cinturón es Juan Pueblo. :(
El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique dijo ayer al programa Claves Políticas de Nuevo Siglo TV que según estimaciones realizadas la cifra ascenderá a los 750 millones de pesos anuales (US$ 32 millones). Aclaró que ese monto “es un estimado partiendo de la base de que la ley genera un 21,6% de aumento”.
Pero añadió que esa cifra solamente corre para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial que reclaman. A eso había que agregar a los ministros de otros organismos como la Corte Electoral, Fiscalía, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, y Registros. “Todos los funcionarios de esos organismos están equiparados a los magistrados”, indicó.
Según explicó Pérez Manrique este tema se arrastra con la ley que aprobó el presupuesto del 2011 a 2015 y que estableció en el artículo 64 que se equiparan los salarios de los ministros de Estado con el sueldo nominal del Senado. Eso tiene incidencia a escala del Poder Judicial ya que la Ley 15.750 en el artículo 85 establece que el salario del ministro de Corte y de lo Contencioso Administrativo no puede ser inferior al sueldo de un ministro de Estado.
Posteriormente hubo un fallo de segunda instancia que determinó que están enganchados a los magistrados todos los miembros del Poder Judicial, que tiene 4.676 funcionarios en su nómina. Por eso al juicio inicial entablado por los magistrados, se sumó otro presentado por los funcionarios judiciales.
El Tribunal de Cuentas aprobó el ajuste salarial en base a esa norma y comenzó a pagarse hasta el 7 de abril de 2011 cuando se aprobó la ley 18.738 que dispuso que los únicos cargos equiparados al de senador “serán los enumerados taxativamente”. Esa ley fue declarada inconstitucional hace poco más de un año.
En una nueva ley de rendición de cuentas (18.996) en la que derogó las dos leyes anteriores, el gobierno insistió en que los salarios no están enganchados. Esa nueva ley también fue declarada inconstitucional por SCJ por cinco votos, informó Pérez Manrique.
El magistrado agregó que una condena en el juicio implica que se deberá pagar “desvalorización monetaria e intereses lo que incrementa sustancialmente estos montos de deuda que manejamos”.
“Es una especie de bola de nieve donde nosotros entendemos que en algún momento tiene que haber una respuesta que permita al Estado como tal asumir sus compromisos y que el heraldo publico pueda solventarlo sin afectar otros fines del Estado”, concluó el ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Fuente: El Observador
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