Nuestra postura es consistente con la que sostuvo tradicionalmente el Frente Amplio: las Fuerzas Armadas crecieron en funciones, número de efectivos y privilegios, por haber detentado el poder durante más de una década. Fueron gobierno. Basta con recordar eso. Los gobiernos democráticos que las sucedieron, trataron de reducir el poder de la corporación, lo que se refleja en una declinación sistemática de su presupuesto en los últimos veinte años. No era necesario ser de izquierda para percatarse de que el control civil exigía volver a un estadio anterior a la dictadura en términos presupuestales y funcionales.
Ahora bien, afirmar que el presupuesto destinado a la defensa se ubica actualmente en el “mínimo histórico”, resulta una verdad a medias, que al no mirar el punto de partida de dicho presupuesto, oculta más que lo que muestra. Veámoslo de otra forma: en los años ’60, teníamos 16 mil efectivos militares, en pleno auge de la “lucha contra el comunismo” y de férreo control interno de la protesta social. Hoy tenemos diez mil efectivos más. ¿Los precisamos? No: hay estudios disponibles que indican que el número de efectivos en las FFAA uruguayas debiera estar bastante por debajo de los diez mil.
¿Cómo se llega a ese número? Es una relación entre objetivos de la defensa, el tamaño de la población y prioridades presupuestales de un país en su contexto histórico. Desaparecida la vieja hipótesis de conflicto entre Argentina y Brasil, devueltas las viejas competencias civiles a su institucionalidad de origen (aviación civil, meteorología, parques nacionales, etc.), y con una policía fuerte y bien preparada, las FFAA debieran volver a ser lo que fueron siempre en el Uruguay: una institución subsidiaria, sometida al más estricto control civil. La democracia uruguaya es hija del rol muy secundario que desempeñaron las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país. (y sí, también hay estudios sobre esto).
No se puede pensar en el “mejor” presupuesto para las Fuerzas Armadas, sino en aquel compatible con el desarrollo nacional. Entre las prioridades presupuestales del país, se encuentran la educación, la vivienda y el sistema nacional de cuidados, mas no el desarrollar unas Fuerzas Armadas poderosas. Si lo fuera, no sólo estaríamos en problemas, sino que no sería precisamente la izquierda la que lo reivindicaría, más bien se opondría (y le asistiría, como mínimo, la verdad histórica).
En tal sentido, consideramos insostenible que desde las filas de nuestra fuerza política, se califique de “voluntarismo pseudorradical” los argumentos que expresamos con fundamento [3]. Debate sí, agravios no. Recordando a nuestro queridísimo general Víctor Licandro, la propuesta que hacemos es absolutamente fundada y, desde ya, alentamos a sostener el debate público que la sociedad uruguaya se merece sobre este tema. Ahora, si la reducción del peso de las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya levanta esa polvareda de oposiciones, cabe preguntarse para dónde va la izquierda uruguaya.
El sistema de retiros y pensiones militares debe ser modificado: sobre este último punto, en innumerables ocasiones, he discutido con senadores del FA y también del Partido Nacional, encontrando un “clima de opinión” político muy favorable al respecto. A diferencia de lo expresado por el Ministro de Defensa Nacional, este tema fue planteado por el economista Andrés Masoller en el marco del llamado Debate sobre Defensa que tuvo lugar en el año 2006, y luego del cual surgió la Ley de Defensa Nacional. Claro está que las Fuerzas Armadas se opusieron a la idea: nadie quiere perder privilegios.
Pero a diferencia de lo que sucedió con la inmensa mayoría de los regímenes previsionales que se transformaron tras la reforma de la seguridad social de 1996, el de las Fuerzas Armadas no se transformó. Pesó más la corporación que la voluntad política (y es solo por debilidad ideológica que le llamamos “voluntarismo” a la búsqueda de voluntad política efectiva).
Quizás podríamos sostener que el estrés laboral de los maestros, trabajadores de la salud y policías amerite a regímenes de pensión especiales. Pero el Ministro de Defensa Nacional sabe que el régimen de pensiones y jubilaciones militares es antiguo y pensado para la eventualidad de una guerra y que debe ser reemplazado. Hoy, la guerra es contra la pobreza, la ignorancia y el atraso; no hay ningún enemigo “externo” a la vista que justifique el abultado presupuesto que se dedica al rescate de rehenes o a las brigadas de perros que detectan explosivos.
Comparar el régimen de pensiones militares con la Caja Profesional es, como mínimo, un acto de irresponsabilidad intelectual. Lo mismo que defender los privilegios de las armas, escudándose en que “los soldados ganan poco”. Todos conocemos la desigualdad que reina al interior de las FFAA, y nos oponemos a ella. Por ello acogimos con beneplácito el incremento del salario de los soldados en el primer año de gobierno. No así en cambio, el incremento progresivo de los salarios más altos, a donde fue a parar buena parte de lo recaudado con la no provisión de las vacantes. Para muestra basta un botón: un Capitán de Navío cobra una jubilación superior a los 80 mil pesos uruguayos.
El debate es bueno, necesario y debe ser alentado. Mas la descalificación entre compañeros resulta absolutamente inaceptable, e inconcebible por defender privilegios de unas Fuerzas Armadas que requieren ser más bien reformadas que complacidas.
[1] Ir – FA: “¿Cómo financiar el 6% del producto para la educación?”, publicado en Montevideo Portal, 29/01/2014. Disponible en: http://columnistas.montevideo.com.uy/uc_300449_1.html
[2] En octubre de 2012, le expresé formalmente mi posición sobre este tema al Frente Amplio, haciéndole llegar una carta a su Mesa Política. Asimismo, la preocupación por estos asuntos me ha llevado a escribir al respecto. Ver por ejemplo: ¿Seremos capaces de discutir abiertamente? El peso de las Fuerzas Armadas en el Estado uruguayo”, publicado en Brecha, 12/10/2012.
[3] Ver la nota “Privilegiados hay varios”, publicada en La Diaria, 31/01/2014.
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