Los ciudadanos rumanos, los búlgaros y los españoles encabezan la clasificación de europeos expulsados de Bélgica en 2012 y 2013 por suponer una carga excesiva para el sistema social, según informó la Secretaría de Estado de Asilo e Inmigración. La información facilitada por el gobierno belga precisa que, otra de las "posibles razones" para la expulsión es "no responder ya a las condiciones para poder residir en el país (es decir, no contar con un contrato de trabajo ni seguir como autónomo, no tener ya derecho al paro o haber dejado de ser estudiante)".
Los datos sobre estas expulsiones han salido a la luz por una pregunta parlamentaria formulada a la secretaria de Estado de Asilo y Migración, Maggie De Block. Pero los cambios legales que han acelerado las expulsiones del país datan de 2012. “No hay nada nuevo”, argumenta una portavoz de De Block, que se sorprende de que varios medios locales y extranjeros se hayan hecho eco estos días de la situación belga. La portavoz explica que la ley se endureció en 2012 para evitar los abusos que dicen detectar en las ayudas sociales que perciben algunos ciudadanos comunitarios.
El año 2012, las autoridades belgas retiraron según se había indicado, el permiso de residencia a 2.712 personas, de las que 816 eran de nacionalidad rumana, 393 de nacionalidad búlgara y 323 eran españolas. De esta manera, los españoles fueron el tercer grupo más expulsado de Bélgica durante 2013, aunque se redujo ligeramente la cifra frente a un año antes, cuando ocuparon el segundo lugar.
En el pasado año 2013 se supo que las autoridades belgas expidieron la orden de salida a 4.812 ciudadanos de la UE, según datos suministrados por la Oficina de Extranjería del Ejecutivo belga.
Los datos de la Secretaría de Estado ponen de relieve que en los últimos años se ha disparado en Bélgica el número de expulsiones de europeos.
La razón evocada para justificar la mayoría de las expulsiones, que en ocasiones afectan a personas que residen desde hace muchos años en el país, es la "carga irracional" para el sistema social, un concepto que contempla la Directiva europea que regula la libre circulación de los ciudadanos en la UE.
La legislación comunitaria establece que los europeos deben tener derecho a residir en un Estado miembro de acogida durante un periodo que no supere los tres meses sin tener que ser sometidos a ninguna condición o formalidad más que la de tener un carné de identidad o pasaporte válidos.
Para las estancias más prolongadas la libertad se condiciona a no representar una carga excesiva para el sistema de ayuda social del país de acogida.
En los últimos meses tanto la prensa belga como la extranjera se han hecho eco del aumento de las expulsiones y han denunciado el caso de familias concretas afectadas por la medida.
Bruselas lleva meses recordando a los Estados miembros lo que debería ser obvio: que la libre circulación de ciudadanos es un pilar básico de la UE y que, con cifras en la mano, la movilidad ha generado muchos más beneficios que perjuicios al proyecto comunitario. Pero el populismo que monopoliza el debate público en algunos países prende tan deprisa que la Comisión Europea se ve obligada a aplacar las inquietudes de algunos gobernantes.
Con esa intención, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, presenta hoy una guía práctica para discernir a qué Estado corresponde, en cada caso, proveer la seguridad social al ciudadano residente en un país miembro. Bruselas intenta definir mejor el concepto de residencia habitual y acotar los derechos que lleva asociados.
La publicación ilustrará sobre casos prácticos para acallar el malestar creado en países como Reino Unido, Alemania y Holanda acerca del mal llamado turismo de prestaciones, que supuestamente realizan los europeos más pobres. Invirtiendo los términos del caso típico, la Comisión aclara, en un adelanto del documento que se hace público hoy, que si un británico se retira a Portugal y pasa la mayor parte de su tiempo allí, su residencia habitual será ya portuguesa, aunque mantenga inmuebles y otros lazos en Reino Unido.
La cifra de afectados con pasaporte europeo duplica la del año anterior y representa algo más del 9 % del total de extranjeros que tuvieron que abandonar el territorio por no disponer de medios suficientes para mantenerse. Un porcentaje nada despreciable para una práctica que bordea la legalidad comunitaria.
Los españoles ocupan un lugar destacado en esta clasificación. En 2013 fueron la quinta comunidad más expulsada, por detrás de rumanos, búlgaros, holandeses y franceses. En total, 291 personas de nacionalidad española recibieron la orden de abandonar Bélgica.
Pero mostrar la puerta de salida a un europeo de pleno derecho no es lo mismo que hacerlo a cualquier otro extranjero. Una portavoz de la Oficina de Extranjería explica las diferencias. Cuando las autoridades demuestran que el afectado representa “una carga excesiva” para el sistema social (por ejemplo, si no ha trabajado durante mucho tiempo y, en cambio, consume ayudas sociales), emiten una orden de expulsión, que puede ser aceptada o no.
En caso de resistencia, Bélgica no ejerce el recurso a la fuerza; no mete al ciudadano en un avión ni lo priva de su libertad. Simplemente le cierra todos los cauces oficiales en un país en el que es fundamental disponer de un contrato de arrendamiento (o de adquisición de vivienda) para darse de alta en el Ayuntamiento y acceder a la sanidad, a la educación y a todas las prestaciones sociales que ofrece el territorio.
“No se les expulsa por la fuerza. Simplemente se les borra del registro oficial”, explica la portavoz, que subraya que estas personas quedan condenadas a vivir en la clandestinidad si no vuelven a su país de origen. Pero nada les impide quedarse en el territorio, emigrar a otro país comunitario e incluso ingresar de nuevo en Bélgica. Además, siempre tienen derecho a recurrir y retrasar de ese modo el proceso.
Tanto en Bélgica como en el resto de los Estados miembros, el ciudadano está completamente protegido durante los tres primeros meses de estancia en el país de acogida. A partir de ese periodo, debe acreditar alguna de estas cuatro condiciones: que trabaja (o que busca activamente empleo en el caso de haber quedado en paro), que tiene suficientes medios para vivir —así como un seguro de salud—, que está estudiando o que va a reunirse con algún otro familiar que cumple las condiciones mínimas. En ninguno de estos supuestos puede el Estado objetar la residencia. Y, transcurridos cinco años, tampoco podrá retirarla aunque no cumpla los requisitos, porque se considera que el ciudadano ya tiene arraigo en el país. Además, las comprobaciones que hacen las autoridades no pueden ser sistemáticas, sino limitadas a un calendario establecido.
El proceso es muy diferente para los inmigrantes ajenos a la UE. Los funcionarios de Extranjería certifican que el ciudadano con orden de expulsión haya abandonado el país y, en casos extremos, se les lleva a centros de detención donde esperan a ser deportados.
Esa posibilidad es impensable en ciudadanos comunitarios, aunque la ambigüedad de la directiva que regula sus derechos de residencia hace que al menos 13 países de la Unión —entre ellos, además de Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Austria e Irlanda— practiquen expulsiones. El texto explicita que los ciudadanos europeos podrán vivir libremente en otro país de la UE siempre que no se conviertan en “una carga excesiva para la asistencia social del Estado de acogida”.
Sin embargo, cuando alude a los motivos que podrían propiciar la expulsión, únicamente se refiere a asuntos sanitarios —una enfermedad contagiosa, por ejemplo—, de seguridad o relativos al orden público y cierra la puerta a la expulsión automática en caso de que el ciudadano recurra a la asistencia social.
Isabel Villar, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Cádiz, explica que lo que se produce en Bélgica y en otros Estados es una incorrecta interpretación de la expresión “excesiva carga para el país”. Villar argumenta que, en caso de expulsión, las autoridades deben detallar “exhaustivamente” las razones en las que basan su decisión y deben aplicar el criterio de proporcionalidad, sobre todo si se trata de una familia con hijos pequeños.
En cualquier caso, esta experta aclara que el hecho de acceder a los servicios sociales en el país de acogida “no puede conllevar la expulsión inmediata de ningún ciudadano; al menos no de forma automática”.
Más tajante se muestra Pablo González, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, que considera estas expulsiones como una posibilidad “expresamente prevista” en la norma comunitaria, aunque pide analizar “escrupulosamente” los abusos que se puedan estar produciendo.
Un portavoz comunitario respaldaba esta semana esa versión al asegurar que las expulsiones en Bélgica están amparadas por el derecho comunitario.
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