A esta altura de los acontecimientos uno se pregunta como el gobierno puede tener a tanto asesor no capacitado. Gente que le está haciendo perder al Estado o sea a todos nosotros millones de dólares. Veamos sólo algunos de esos casos:
Le pagaron 450.000 dólares al abogado Ricardo García Olivera para redactar el proyecto de ley de Pluna, ahora ha sido declarada inconstitucional por la SCJ.
Pero más allá de la instancia judicial en la órbita penal, existe preocupación por el préstamo de US$ 15 millones que los trabajadores de la ex Pluna pidieron al Fondes (Fondo de Desarrollo). El dinero ya fue entregado al sindicato.
Fuentes del gobierno dijeron que temen no recuperar ese dinero.
Además, mientras no empiece a volar, el Estado gasta US$ 420 mil por mes para mantener los siete aviones Bombardier (US$ 14 mil por día).
Para que la aerolínea sea un buen negocio tendrá que obtener las frecuencias de vuelo que tenía Pluna, algo que debe negociar con Argentina, y por ahora eso está congelado.
Allegados a Mujica se mostraron alarmados, no solo con el comunicado que el vicepresidente Danilo Astori emitió luego de analizar el asunto con el presidente, en el que manifestó sus “serios reparos sobre este tema y la necesidad de un análisis más profundo y riguroso de este, tanto desde el punto de vista jurídico, como desde las perspectivas política e institucional”. Sobre todo por las expresiones del vicepresidente y del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, durante el encuentro.
“Llegaron a decir que ningún juez de este país le iba a dar la razón a un tipo como Casal, cuando el gobierno no ha hecho otra cosa que venir perdiendo una tras otra todas las instancias judiciales en las que se presentó”, dijo una fuente del gobierno.
“Se le hizo ver que primero le dijimos que era delincuente y que la Justicia penal dijo que no. Después lo embargamos por US$ 300 millones y terminamos bajando la cifra a US$ 9 millones. Casal tiene grabados 2 inspectores casi que extorsionándolos. Hay 30 folios del expediente que son falsos. ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Quiere que (el ex titular de la DGI Nelson) Hernández vaya preso ?”, dijo un alto jerarca del gobierno.
En la Justicia de Crimen Organizado hay una indagatoria sobre la gestión de la DGI para saber si hubo conducta delictiva en el proceso que se le siguió a Casal por más de 6 años.
El tributarista Carlos Dentone, que como el resto de la academia, opina que la DGI debe clausurar las actuaciones, sostuvo que lo de Astori a esta altura es un “capricho”.
En el gobierno comenzaron a advertir dos escenarios: o cierran el expediente de Casal ahora o se espera el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que si le da la razón habilitará al empresario a iniciar un juicio millonario contra el Estado, el cual se resolvería en el próximo gobierno. Si gana Vázquez, el fardo le caerá a él. El fallo del TCA se conocerá recién en 2015.
En filas del mujiquismo llama la atención que Vázquez no le haya solicitado ya a Astori que ordene a Lorenzo que le pida a la DGI clausurar las actuaciones, para que su gobierno pueda comenzar libre de este lastre.
El otro asunto es el de Philip Morris. Hasta ahora solo se sabía que el pasado 3 de julio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (Ciadi) la tabacalera ganó la primera batalla, ya que el tribunal de esta institución se declaró competente para entender en la demanda.
Lo que no se conocía era el tenor del fallo ni una serie de errores estratégicos cometidos por el gobierno uruguayo.
“Lo peor del fallo definitivo no será lo que haya que pagar sino que va a decir que Uruguay no es un país confiable para invertir con el daño que eso implica”, dijo una fuente de la cancillería.
Hay diplomáticos que no se explican aún cómo el gobierno contrató al abogado Daniel Hugo Martins como representante del país ante esa instancia. Martins, contratado como perito para realizar un dictamen en la instancia del juicio en la que el tribunal del Ciadi se declaró competente, está litigando contra el Estado en el juicio por el cual el empresario Fernando Barboni, reclama US$ 1.000 millones porque no se le entregó a tiempo la estación de AFE.
Pero ese no es el punto flaco. El abogado de la tabacalera, Carlos Delpiazzo, sabía que Martins iba a defender argumentos contra los que había escrito lo contrario anteriormente.
Martins planteó que la Ciadi no era competente y se basó en la ley 16.110, del tratado de inversiones entre Uruguay y Alemania, que establece que para poder iniciar una instancia arbitral previamente hay que agotar la vía de la Justicia local. Pero Delpiazzo planteó que esa ley no está vigente porque fue derogada por una reforma constitucional de 1997, a lo que el tribunal de la Ciadi le dio la razón.
Martins había dicho eso en Uruguay, pero cambió su postura ante el Ciadi y así lo hicieron notar en el siguiente tramo del fallo: “Según el experto de la demandada, el doctor Daniel Hugo Martins, el cambio constitucional ‘no supone la derogación de la ley número 16.110’”. No obstante, esta posición es directamente opuesta a la publicación anterior del Dr. Daniel Hugo Martins, la cual sostenía que las acciones de reparación “deberá(n) recurrirse a la jurisdicción que determine la ley”, que en su opinión no era más el TCA.
El fallo señaló también que en su informe pericial Martins opinó que las disposiciones de la ley 16.110 que contemplan la posibilidad de acumular ante el TCA las acciones anulatorias y reparatorias son compatibles con el nuevo texto constitucional. La tabacalera dejó en claro que esta posición se contradice con las publicaciones anteriores de Martins.
Por fuera de estos temas netamente económicos, también se encuentran errores en proyectos de ley enviados al Parlamento, como el reciente en la ley de medios que podría postergar hasta el próximo año su aprobación.
Será que se le quiere dar entierro ?
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