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viernes, 8 de noviembre de 2013

PLUNA: SCJ DECLARO INCONSTITUCIONAL LA LEY

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1°,2° y 3° de la ley (18.931) por la que se aprobó la liquidación de Pluna. El abogado que la redactó cobró 450.000 dólares por su trabajo.




Los artículos declarados inconstitucionales son los que crearon y regularon el fideicomiso al que fueron transferidas las aeronaves de la ex aerolínea.

La mayoría de la SCJ integrada por los ministros Ricardo Pérez Manrique, Jorge Larrieux y Jorge Chediak entendió que los artículos contravienen disposiciones de la Carta Magna.

En tanto, los magistrados Jorge Ruibal Pino y Ángel Cal (quien en este caso subrogó a Julio César Chalar) entendieron que los reclamantes (todos acreedores de Pluna S.A.) no tienen legimitidad para plantear la inconstitucionalidad de la ley porque no están verificados sus créditos.

El ex presidente Tabaré Vázquez fue consultado sobre el fallo de la SCJ y reconoció que se estaba enterando del mismo en ese momento. "Pero si la Suprema Corte de Justicia lo declara inconstitucional, hay que respetar el fallo", puntualizó.

“La Suprema Corte de Justicia integrada y por mayoría falla: haciendo lugar, parcialmente, a la excepción de inconstitucionalidad ppuesta y en su mérito, declarando inconstitucionales y por ende, inaplicables a los excepcionantes los artículos 1, 2 Y 3 de la ley no. 18.931. Desestimando el excepcionamiento en lo demás”, dice la parte medular del fallo.

El gobierno contrató al abogado Ricardo García Olivera para que redactara la ley que finalmente propuso un concurso especial para Pluna, creó un fideicomiso que apartó a los siete aviones del patrimonio de la empresa.

El senador del Partido Nacional, Carlos Moreira cursó días atrás un pedido de informes al Ministerio de Transporte, para que explicara por qué se contrató a Olivera cuando había sido el profesional que defendía a la empresa Leadgate.

Además preguntó por qué se le pagó al abogado US$ 450 mil por los honorarios para el concurso. Según consta en la página web del Poder Legislativo el pedido de informes nunca fue contestado.




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