La última versión del proyecto de ley sobre responsabilidad penal empresarial presentada a la bancada de legisladores del Frente Amplio, otorga más garantías al empleador que presuntamente comete el delito y determina de mejor manera el concepto de 'peligro', que planteaba inicialmente la propuesta.
El texto modificado determina con claridad que los encargados de llevar ante el juzgado competente los hechos que configuren un presunto delito 'contra la vida o la integridad física de los trabajadores' sólo podrán ser funcionarios del Banco de Seguros del Estado (BSE), la Inspección General del Trabajo o de la Seguridad Social, 'bajo su estricta responsabilidad funcional'.
Ello, siempre y cuando se constate el 'dolo' o la 'culpa' del empleador en el accidente.
La nueva redacción establece que el empleador o quien ejerza el poder de dirección de la empresa en su nombre, que no cumpla con los medios de seguridad laboral, y de esa forma ponga en 'peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador', será castigado con dos meses de prisión a dos años de penitenciaría.
Expresado de esa forma, el delito es excarcelable y se asimila al de hurto, por ejemplo, según el Código Penal. Además se lo limita a casos de peligro 'grave' y que ponga en peligro vidas 'en concreto'.
A diferencia de la propuesta inicial, que establecía delito al 'peligro' a la seguridad de los trabajadores, la nueva propuesta afina el concepto y lo acota jurídicamente a situaciones puntuales.
El proyecto tiene tres artículos y recoge aportes de los diputados Carlos Coitiño (Partido por la Victoria del Pueblo) y Jorge Orrico (Asamblea Uruguay).
Los legisladores del oficialismo encargados de redactar el proyecto se pusieron de acuerdo en un texto definitivo el lunes a la tarde y lo repartieron por la mañana a la bancada de diputados de la coalición de izquierdas.
Para el caso de comprobar culpa, el empleador deberá además 'reparar íntegramente el daño causado' al trabajador víctima del accidente, establece el proyecto.
Para reclamar la aprobación de un proyecto de responsabilidad penal empresarial, el sindicato de la construcción (Sunca) se ha movilizado varias veces frente al Palacio Legislativo.
Según la estadística que lleva el gremio, desde 2000 a la fecha murieron más de 100 obreros en lugares de trabajo en todo el país. Los motivos principales fueron caídas desde altura (43 casos), aplastamiento con máquinas o muros (19 casos) y electrocución (11 casos).
De la comisión que redactó el nuevo proyecto participa un funcionario del MTSS, pero se trata de un abogado que asesora técnicamente a los legisladores.
Por ello, el gobierno se mantiene a la espera de lo que resuelva el Parlamento y no emite opinión sobre el tema. De todos modos, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo al diario El Observador que ante casos de omisión 'flagrante' de las medidas de seguridad el empresario “debería ir preso, como ya han ido con las normas penales vigentes'.
Decreto
De forma paralela, la comisión tripartita de higiene y seguridad, conformada por delegados del Poder Ejecutivo, cámaras empresariales y sindicatos, está a punto de terminar la redacción de un decreto para renovar las exigencias a los empleadores, lo cual será elemento fundamental para determinar la responsabilidad empresarial ente casos de incumplimientos.
El inspector general de Trabajo, Juan Andrés Roballo, informó a El Observador que el nuevo decreto establecerá, entre otras cosas, la obligación a los empleados de ofrecer bienestar a los trabajadores y sitios de resguardo ante inclemencias del tiempo. También indicará las obligaciones de seguridad de acuerdo al avance de las obras.
Incorpora exigencias de capacitación a los obreros, y la posibilidad de detener la obra ante situaciones de riesgo, tal como está previsto, por ejemplo, en la planta de celulosa de Montes del Plata en construcción, ubicada en Conchillas.
'Tenemos expectativa de hacerlo rápidamente porque tendrá una incidencia real', comentó el jerarca del Ministerio de Trabajo.
Actualmente, un decreto de 1995 establece obligaciones de seguridad en obras. Para los trabajadores eso debe ser actualizado, porque la realidad de la década de los 90 cambió, según dijo a El Observador el dirigente del Sunca, Clemar Pérez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario