MONTEVIDEO: TRABAJADORES DEMANDAN A LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES NO CUMPLIR CON LAS NORMAS SOBRE CARTELERIA

El creciente número de multas e intimaciones de la Intendencia de Montevideo a las empresas que tienen a su cargo la publicidad en la vía pública derivó en un conflicto en el sector. Las 150 empresas que conforman la Asociación Uruguaya de Publicidad Exterior y Medios Afines (Aupema), tienen en suspenso hasta 400 despidos. Esa cantidad solo corresponde a los trabajadores gráficos, cuyo sindicato (SAG) inició una serie de movilizaciones  y el viernes se manifestó en la explanada frente a la sede de la Intendencia de Montevideo. Es el mundo del absurdo, porque lo único que intentan hacer las autoridades es cumplir con la normativa legal y adecuada si se quiere tener un ciudad ordenada. Pero así es Uruguay, todos cuidan su 'chacra' sean trabajadores o empresarios y el interés colectivo no suele importarle a casi nadie.



En total, el sector emplea a 800 personas entre empresas instaladoras, imprentas, barracas, metalúrgicas y agencias de publicidad.

Aupema advierte que si el sector continúa perdiendo negocios, en especial por la fuga de los avisadores a los medios de comunicación masivos, también se verán afectados 700 edificios (que abarcan a 30.000 familias), que hoy reciben US$ 2,7 millones anuales por cartelería, y 7.000 pequeños comercios, que dejarían de percibir por concepto de patrocinio US$ 12,6 millones.

'Si continúan con las intimaciones a los edificios vamos a empezar a despedir gente. El envío al seguro de paro está en stand-by por pedido del sindicato', señaló el asesor letrado de Aupema, Guzmán Acosta y Lara. El sector paga en tributos US$ 4,2 millones anuales.

Tras una reunión con Eleonora Bianchi, directora de Acondicionamiento Urbano, el SAG procedió a cortar la avenida 18 de Julio en lo que el presidente del sindicato, Julio Coronel, calificó como la primera medida de fuerza.

La próxima serán los paros si en un plazo de 60 días no se detiene 'la bajada de carteles' y no se convoca a los trabajadores para participar de la discusión por una nueva normativa que todavía está bajo estudio de la Junta Departamental de Montevideo.

De acuerdo al decreto municipal 33.071, el 90 % de la cartelería existente tiene que reducirse o darse de baja para adaptarse a los nuevos requerimientos. La normativa restringe la instalación de cartelería en la franja costera y avenidas que son las localizaciones más solicitadas por los clientes.

Acosta y Lara indicó al diario El Observador que la cantidad de intimaciones y multas ha crecido desde que las empresas han denunciado ante los ediles lo que consideran una 'política de terror' de la IMM.

La IM ha enviado intimaciones a los edificios en las que se advierte que se puede dar un aumento de 300 % de la contribución inmobiliaria si el cartel que exhiben no se ajusta a la normativa. Bianchi explicó que ese aumento está previsto en la normativa departamental por 'edificación inapropiada' y que el decreto es explícito en los criterios por los que se habilita y se multa.

La norma se basa en una matriz territorial que establece qué tipo de cartel se puede instalar en una determinada zona o vía de circulación. Antes se solicitaba la habilitación al tiempo que se procedía a la colocación del cartel, puesto que el trámite podía durar meses.

Ahora, se debe realizar previo a la instalación del soporte pero, como dura la misma cantidad de tiempo, se afectan los procesos comerciales.

La normativa prevé sanciones desde 5 a 350 unidades reajustables ($ 3.244 a $ 227.000) de acuerdo al grado de vulneración que el cartel provoca en el entorno.

La IM se ha parado firme ante el desorden de la publicidad callejera, entre varios argumentos, por la contaminación visual que genera un cúmulo de marquesinas y de carteles de diferentes tamaños.