En el presupuesto presentado en 2016, la Intendencia de Montevideo
incorporó una norma para multar con un ciento por ciento del valor de la contribución
a las viviendas que se demuestre están abandonadas. Esta multa se
aplicará desde 2018. Sin embargo, las demoras en la información de UTE y
de OSE para certificar el abandono, podrían retrasar la puesta en
práctica. En Uruguay gobierne quien gobierne seguimos teniendo un Estado desconectado y sin rumbo.
Según dispuso la comuna, ese
impuesto adicional se cobrará a las viviendas del área urbana y
suburbana que estén desocupadas por al menos un año. Es decir, a
aquellas cuyo consumo de energía eléctrica y/o de agua durante el año
civil "sea inferior en un 90 % al promedio histórico de consumo".
Pero,
a la hora de analizar esos indicadores, la intendencia se encontró con
un problema, y es que esos entes estatales deberían facilitar esos datos
pero no lo cumplen.
La comuna planeaba
realizar el estudio de los lugares en esa condición durante 2017, y
comenzar a aplicar las multas desde el 1º de enero del año próximo.
Pero, pese a que la IMM solicitó a principios de año la información de
los consumos de agua y de luz de algunas viviendas, aún no ha obtenido
respuestas.
Ante esa realidad, la Comisión de Asentamientos
de la Junta Departamental de Montevideo planteó a la Comisión de
Vivienda del Parlamento la posibilidad de incorporar en la Rendición de
Cuentas una norma que obligue a esas empresas estatales a proporcionar
esa información a las comunas.
Lo que se busca, explicó a El Observador la edila por el Frente Amplio,
Graciela Villar, es que deje de ser "una voluntad que puede darse fuera
de los tiempos necesarios" para aplicar la multa. En caso contrario,
aseguró Villar, se llegará a enero "sin poder realmente aplicar la
norma".
"La preocupación es tener (los datos)
en tiempo y forma para poder empezar a presionar sobre las fincas
abandonadas, que son responsabilidad de los propietarios, o de lo
contrario ver en función de las deudas qué fin van a tener", explicó.
Según
los datos del último Censo, en Montevideo hay más de 40 mil viviendas
desocupadas, lo que representa el 8 % del total de las casas. Un 20 % de
esas casas se encuentra en Ciudad Vieja y un 15 % se ubican en el
Centro, barrios que cuentan con todos los servicios instalados. También
las hay en Punta Carretas, Tres Cruces, y aunque en menor porcentaje,
en Casabó, Bañados de Carrasco, Casavalle, La Paloma y Tomkinson.
Lo
que busca la comuna a través de esas multas es generar incentivos para
el uso eficiente del patrimonio y que no haya viviendas desocupadas
cuando hay familias que están buscando una solución habitacional.
En
el caso de que las deudas con la intendencia por contribución y por
otros tributos superen el valor de la propiedad, y se compruebe su
abandono, las viviendas podrían ser expropiadas para utilizarse en
políticas sociales.
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