Mientras hay miles de personas que no pueden acceder a una casa para alquilar y menos para comprar, en Uruguay existen 252.400 viviendas desocupadas, 46.000 de las cuales se encuentran en Montevideo. Esto genera múltiples perjuicios; entre ellos, inseguridad. Dos proyectos para intentar una solución a este tema, fueron presentados por legisladores frenteampliastas, uno en la Cámara de Diputados y otro en la Junta Departamental de Montevideo, pero los propios compañeros de partido de estos legisladores les dieron "entierro" a ambos proyectos. Un libro de la Defensoría del Vecino que muestra investigación sobre fincas abandonadas en el territorio fue presentado en el Centro de Formación de la Cooperación Española, ubicado en la calle 25 de Mayo 520, ante una gran marco de público.
El libro “Fincas ocupadas - Respuestas interinstitucionales para un fenómeno urbano de afectaciones múltiples” fue presentado este jueves en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Montevideo. Este libro es el resultado de una investigación en profundidad de las fincas abandonadas en los municipios b y c.
El libro pretende dar cuenta a todos los ciudadanos el fenómeno de las fincas abandonadas que generan ocupaciones precarias y conflictivas en áreas centrales de la ciudad. A su vez, se plantea el cruzamiento de derechos que generan estas fincas abandonadas, poniendo al límite el derecho individual con el colectivo, involucrando diversos aspectos sociales como: la seguridad publica, la convivencia pacifica, el desarrollo colectivo y la solidaridad.
Un Municipio articulador
El alcalde Carlos Varela señaló que el Municipio b es uno de los que más sufre el tema de las fincas abandonadas y su posterior ocupación, debido, entre otras cosas, al desarrollo urbano existente en el territorio. Dijo que el fortalecimiento de las mesas interinstitucionales a través de un Municipio articulador es una de las apuestas que se tienen para seguir brindando soluciones.
Varela llamó a “instalar un debate público con respecto a las fincas para que no sigan siendo fantasmas históricos de los barrios”, como eran tiempo atrás ya que “a veces se transforman en paisajes recurrentes” y eso el Estado no lo puede permitir. En este sentido señaló que no todas las fincas son lo mismo y que se debe analizar caso a caso.
Si bien sostuvo que aún resta mucho por hacer dijo que “hay que mirar el medio vaso lleno” y aprovechar a buscar más herramientas para atender la problemática. Se han hecho distintas intervenciones que también colaboran con las posibles soluciones, por ejemplo en ciudad vieja gracias a las políticas generadas a través de los movimientos cooperativos, o en Cordón con los procesos de vivienda de interés social.
Trabajar contra el no se puede
El alcalde Varela reafirmó su ida de apostar al trabajo interinstitucional, incluso proponiendo un fideicomiso que le otorgue presupuesto concreto a ese trabajo, “eso también es trabajar en la reforma del Estado”. “Acá la visión era ya probamos todo y nada podemos hacer, pero demostramos que si cada actor hacia lo que sí podía hacer, podíamos avanzar”, consideró.
Reiteró la importancia de la articulación a través de las mesas interinstitucionales por entender que “el vecino no diferencia los actores, si las competencias son directas o no, el problema es darle la solución al vecino", a lo que agregó que “hay que buscar mecanismos para acercar la brecha entre los tiempos del Estado de los tiempos del ciudadano”, que generalmente no son los mismos.
También señaló que “hay derechos en conflicto, de todos, de quienes están ocupando las fincas y de los vecinos”, por lo que llamó a rediscutir el tema de los derechos vulnerados, “debemos transformar el marco jurídico, dejar de pensar que el derecho a la propiedad privada individual pesa más que el derecho colectivo”.
Poniendo en limpio las posibles soluciones, el Alcalde ha hablado de manejar la experiencia jurídica, es decir:
1. Generar un marco jurídico que regule las fincas ocupadas y abandonadas. No caer simplemente en el tema de la expropiación
2. Profundizar en el análisis de los derechos que protegemos, sobre todo cuando no hay legislación. Varela ha sostenido que existe una sobreprotección de la propiedad privada ya que los dueños son generalmente S.A. inexistentes o a veces ni siquiera hay dueños.
3. No todos los problemas son iguales, hay que analizar tema por tema para buscar las soluciones. "Hay veces que las indefiniciones parten del propio poder judicial", sostuvo el Alcalde.
Hay casos concretos en los cuales los temas pudieron resolverse gracias a la acción interinstitucional como son:
ex Comaec (Bulevar Artigas y Maldonado),
ex hotel Casino (Gonzalo Ramírez y Joaquín de Salteraín) y Saedu en Ciudad Vieja (Guaraní y Piedras).
Otros están en agenda para este año y son de pronta resolución como:
el edificio de 18 de julio y Andes y algunos ás pequeños.
Municipio como articulador
La investigación plasmada en este libro es realizada a través de un abordaje interinstitucional, lo cual a permitido avanzar y probar una metodología de resolución integral; también cuenta con un proyecto de ley que pretende aportar en la declaración de abandono y una investigación con datos precisos de las fincas abandonadas. Es así como al finalizar el libro quedan planteadas herramientas para seguir trabajando en el tema y poder diseñar una política pública especifica, sin dejar de lado la interinstitucionalidad.
En el año 2009 se conformó en la zona Centro un grupo interdisciplinario que comenzó a tratar la problemática de las fincas ocupadas y abandonadas, grupo al cual el Municipio se sumó una vez instalado en el año 2010. En el mismo operan el INAU, la Intendencia de Montevideo, el MVOTMA y la Defensoría del Vecino, en conjunto con el Ministerio del Interior y el MIDES.
Dicho grupo tiene como objetivo aplicar las mejores estrategias existentes desde el Estado para propiciar el acceso y la permanencia a viviendas dignas de la población más vulnerable. Además, atender las preocupaciones de los vecinos y vecinas, ya que las fincas abandonadas y ocupadas, en muchos de los casos generan una situación de conflictividad con el entorno. Es por esto que ninguno de nosotros, en mayor o menor medida, es ajeno a la problemática.
Todos juntos lo haremos posible
Además del alcalde Varela estuvieron presentes en la presentación la Intendenta Ana Olivera, la Defensora del Vecino Ana Agostino, los ministros Daniel Olesker y Francisco Beltrame, el director de INAU Javier Salsamendi, el Concejal del Municipio C Horacio Pérez, los diputados Alfredo Asti y Mauricio Guarinoni (autores del proyecto de ley) y la directora de Acondicionamiento Urbano Eleonora Bianchi y autoridades del gobierno Nacional y Departamental.
Ana Agostino integrante de la defensoría del vecino, declaró que “Desde la defensoría se ha intentado siempre trascender lo que puede ser un reclamo, queja o una situación particular y pensar mas haya, de manera articulada, con diversos actores, para pensar juntos soluciones, “lo bueno de este libro es que los resultados se ponen a disposición de todos, ya que esta es una problemática que afecta al conjunto del país. Lo que se busca son soluciones conjuntas”, consideró.
Por su parte la Intendenta de Montevideo Ana Olivera, sostuvo que “esta no es una investigación para hacer un diagnóstico, lo cual es algo muy importante, es una investigación que da cuenta de la sistematización del proceso de articulación que se fue dando, para encontrar caminos de salida a un problema que abarca el desarrollo de la ciudad, que abarca los derechos de mucha gente que de alguna manera esta ocupando estas fincas abandonadas en Montevideo”.
El censo de 2011 reveló que la cantidad de viviendas vacías aumentó en Montevideo, pero el fenómeno existe en todo el país. El Frente Amplio no ha logrado alcanzar un acuerdo para abordar este problema, mientras miles de personas no logran acceder a una casa propia.
Tras conocerse los datos del censo, el edil Pablo González propuso gravar a las viviendas desocupadas que están en condiciones de ser habitadas, transformándose así en el primer legislador departamental en presentar una propuesta para crear un nuevo impuesto en Montevideo. Su propuesta no prosperó en las propias filas delFrente Amplio. Porque ?
Esa es unas buena pregunta, que por el momento no ha tenido respuesta.
González renunció en las últimas horas a su banca en la Junta Departamental, para hacer campaña política junto a su líder sectorial, Raúl Sendic.
El abandono de inmuebles por parte de sus propietarios y por tanto los responsables de su mantenimiento, es un reclamo que comenzó a surgir fuertemente en la Defensoría del Vecino en el segundo semestre del año 2009, especialmente vinculado al tema de la inseguridad y la salubridad pública. Entonces recogió el guante el exdefensor del vecino, Fernando Rodríguez, y actualmente continúa haciendo foco en el problema quien lo sustituyó en el cargo, Ana Agostino.
Perjuicios.
El aprendizaje colectivo desde la intervención directa en algunas situaciones puntuales (ex Comaec, Edificio Varela, Saedu, ex Hotel Casino, etc.), permitió a la Defensoría del Vecino avanzar en el análisis de las situaciones de fincas abandonadas, según la vulneración de los derechos de distintos grupos de ciudadanos.
Entre otras cosas, se ha comprobado que el deterioro acumulativo de las casas abandonadas causa perjuicios a padrones linderos, por el pasaje de humedades, filtraciones y rajaduras, muchas veces sin que exista un propietario en condiciones de hacerse responsable y remediar los perjuicios ocasionados.
La ocupación de inmuebles abandonados también suele involucrar a personas que desarrollan actividades delictivas, lo que agrega un problema de inseguridad con el que pasan a convivir los vecinos. Este fue el caso, por ejemplo, de la exmutualista Comaec, de Bulevar Artigas y Maldonado, cuyo edificio terminó siendo demolido.
Las condiciones de inhabitabilidad edilicia e insalubridad de estas fincas, por carencia de luz eléctrica, agua potable y cañerías de desagüe obstruidas, lejos de inhibir las ocupaciones ilegales, deriva en una profundización de esas condiciones hacia la instalación de focos insalubres por acumulación de grandes cantidades de basura, presencia de perros y eventual ataque a transeúntes. También se constata alta peligrosidad por conexiones caseras a los cables de alta tensión para obtener luz eléctrica, robos a casas vecinas para obtener agua potable y riesgo de incendios.
"La instalación de un foco insalubre invade fincas vecinas con olores nauseabundos permanentes, aguas y excrementos humanos estancados, cuando no de insectos y roedores poniendo en peligro la salubridad pública", señala el informe de la Defensoría del Vecino.
"La instalación de esta problemática, de alta visibilidad además, y que perdura por períodos de varias décadas por lo general, `atrapa` a vecinos del entorno en sus viviendas reduciendo el libre uso y goce de las mismas por la invasión de olores e insectos por sus ventanas, lo que requiere mantenerlas cerradas", indica el informe.
"Esto también inhibe el tránsito en el espacio público vecinal, por instalación de actividades que dificultan la convivencia en las aceras (basura, hurtos, mascotas atadas, provocaciones o amenazas, etc.); e imposibilita el cambio de domicilio por la desvalorización de la vivienda propia", agrega.
Las cifras.
El informe incluye datos aportados en una comparecencia al Parlamento por el director de la Unidad Estudios y Planificación del Ministerio de Vivienda, Juan Carlos Fortuna.
La fuente de datos manejada, en cuanto a números, es el Censo de Población 2011, aunque se admite que "no se tiene información de ingresos, ni de estado de conservación de la vivienda ocupada".
El censo indicó que hay 252.400 viviendas desocupadas en el país, en las que no vive nadie. El encuestador fue, volvió, tuvo tiempo y se informó por los vecinos, que le dijeron: "Ahí no vive nadie". De estas viviendas, el 53 % son de uso temporal para fines de semana, vacaciones, etcétera. En Montevideo, ese porcentaje es un poco menor: alrededor del 20 %.
"En el país hay un 15 % de viviendas desocupadas, pero que estaban en alquiler.
En Montevideo, el porcentaje es un poco mayor; obviamente, aquí el mercado inmobiliario es mucho más dinámico: 29 % o 30 % de esas viviendas desocupadas tenían algún cartelito de 'alquiler'. Es decir: están en el stock, pero en algún momento se van a ocupar", explicó Fortuna.
A su vez, indicó que hay un 9 % de viviendas en construcción en todo el país y 13,4 % en Montevideo.
El abandono de una finca siempre acarrea deudas de gran porte con varios organismos, entre los cuales la Intendencia pasa a ser uno de los principales acreedores, no pudiendo resolver la ejecución del bien muchas veces por problemas en la titulación.
"En muchas situaciones la información dominial no es clara, pero en otras el abandono es fruto de la especulación de quienes se creen exentos de cumplir con los deberes que implica la propiedad privada", señala el informe de la Defensoría del Vecino que será presentado esta mañana.
La complejidad de la situación dominial de estas propiedades, que provoca el estancamiento de la posibilidad de solución definitiva por la falta de responsables ubicables (sociedades anónimas, sucesiones familiares y herencias estancadas, etc.), deriva en el mejor de los casos en el nombramiento de síndicos, por parte del Poder Judicial, como responsables por ese bien.
Muchos casos de ocupaciones, como la de la excooperativa Comaec de Bulevar Artigas y Maldonado, o la del edificio Royal de Andes y 18 de Julio, están marcadas por fuertes deudas y disputas legales que, por las características del Estado uruguayo, lleva años poder despejar.
PROYECTOS POLÍTICOS Y REALIDADES
Hace algunos años la Cátedra de Sociología Urbana de la Facultad de Arquitectura identificó la existencia de 133 hectáreas de suelo vacante en 26 barrios "intermedios" como ser Cordón, Aguada, Goes, La Comercial, Brazo Oriental, Arroyo Seco, Bella Vista y Capurro, entre otros.
Esto indica que se podrían reubicar unas 32.500 personas en zonas con todos los servicios y equipamientos urbanos, situación que evitaría, además, que la ciudad continúe expandiéndose horizontalmente, con la inversión que eso conlleva por el acondicionamiento de nuevos terrenos.
Los diputados frenteampliastas Mauricio Guarinoni y Alfredo Asti elaboraron un proyecto para abordar el tema de los inmuebles abandonados, que es recogido en el informe elaborado por la Defensoría del Vecino. A nivel departamental, el edil Pablo González (también del Frente Amplio) propuso en 2011 gravar las viviendas desocupadas que están en condiciones de ser habitadas.
González entiende que estos casos -en los que el propietario no ocupa ni arrienda la propiedad- colaboran además con "el alza de los precios de los alquileres".
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