Los directores de la Cooperativa de Previsión Social (CPS) cobran sueldos superiores al del presidente de la República, José Mujica. El mandatario recibe $ 227.000 por mes. El director Jorge Roballo, y el subdirector, Ismael Blanco, $ 256.000. Además, por sus trabajos en otras cooperativas y en la Junta Departamental de Montevideo, ambos directores reúnen sueldos superiores a US$ 20 mil por mes, revelan documentos a los que accedió El Observador.
La situación en 2009 era crítica. Los jubilados, funcionarios del Banco de Previsión Social (BPS) y otros afiliados a la cooperativa pagaban la cuota mensual pero no recibían los servicios prometidos. La Auditoría Interna de la Nación intervino y quedó al frente de la cooperativa Jorge Alvariño, entonces presidente de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) y hoy vicepresidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop).
“El origen de esto es de terror. Esto era Vietnam cuando llegamos nosotros”, dijo Alvariño a El Observador. Lo primero que hizo al desembarcar en la cooperativa fue contratar al contador Roballo y al abogado Blanco con salarios de $ 54.000. La segunda tarea fue negociar la deuda de US$ 10 millones con los acreedores.
La deuda mayor era con la Cooperativa de Promoción y Bienestar (Coprobien): US$ 3.600.000. Hoy, Roballo es el director de Coprobien y Blanco el tesorero. Por esas tareas, reciben además $ 115 mil por mes de sueldo. Ambas cooperativas comparten además domicilio en Rondeau 1422.
En 2009, al momento de negociar la deuda, el representante de los acreedores era el empresario Sergio Hermida, procesado con prisión en junio de este año por lavado de dinero. Frente a la sede de las cooperativas hermanas, al otro lado de la calle Rondeau, había un graffiti que decía: “Sergio, te esperamos en el Comcar. Los muchachos”. La pintada ya no está, pero la deuda con Hermida sigue. A través de retenciones del BPS, la cooperativa le paga a su hijastro $ 1,5 millones por mes, reveló el auto de procesamiento del juez especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti. Cuando procesó a Hermida por lavado de dinero, el magistrado embargó el 90% de estos aportes.
La negociación con los acreedores rindió sus frutos y dos años después, en noviembre de 2011, Alvariño, Roballo y Blanco finalizaron su intervención, se postularon para dirigir la cooperativa y ganaron la elección. Alvariño asumió como presidente, Roballo como director y Blanco como subdirector.
Ese año, Roballo y Blanco ganaron otra elección, una sindical, y pasaron a formar parte del Consejo Ejecutivo de la Agremiación de Funcionarios de Cooperativas de Consumo (AFCC).
La actividad de ambos sindicalistas es intensa. El contador Roballo es director de CPS (gana $ 256 mil al mes ) y de Coprobien ($ 115 mil); es gerente de la Cooperativa Club Ancap ($137 mil) y trabaja en Cooperativa Bancaria ($ 25 mil). Recibe un ingreso mensual acumulado de $ 533 mil, equivalente a unos US$ 23 mil.
El abogado Blanco es subdirector de CPS ($ 256 mil mensuales), tesorero de Coprobien ($ 115 mil), trabaja en Cooperativa Bancaria ($ 35 mil) y en la Junta Departamental de Montevideo ($ 105 mil). Por mes, recibe en total $ 511 mil, unos US$ 22 mil.
Los sueldos de los directores en CPS los determina la asamblea de socios. “Es un criterio de la empresa. Le pagamos lo que tengamos que pagarle”, expresó el presidente. Reciben esos salarios porque su trabajo en la cooperativa es “full time”, explicó Alvariño a El Observador. Consultado sobre la compatibilidad con el multiempleo, expresó: “Quiero tener una persona disponible sábado y domingo, un hombre que gestione una empresa de esta naturaleza”.
En contrapartida, Alvariño no recibe sueldo. El exinterventor y hoy presidente de la cooperativa trabaja de forma honoraria porque para cobrar la pensión reparatoria como víctima de la dictadura su sueldo mensual no puede superar determinado tope. Su salario como vicepresidente de Inacoop es inferior al máximo exigido por la ley. “Con lo que recibo en la Inacoop no puedo cobrar ningún peso acá”, aseguró.
"Ganar, ganar"
Cuando Alvariño asumió como interventor en 2009, la cooperativa recibía del BPS por retenciones a afiliados US$ 500 mil por mes. Hoy tiene 30.000 socios y recibe US$ 1 millón. “Estamos pagando todas las deudas que tenemos como herencia y que son muchísimas”, dijo Alvariño. En total, durante su gestión primero como interventor y luego como presidente de la cooperativa, pagó US$ 8 millones de deuda. El presidente no recordaba de memoria anoche cuánto queda aún por pagar, pero aseguró que la Auditoría Interna de la Nación recibe año tras año los balances contables. “Tenemos todo al día”, agregó. La cuota de la cooperativa es de $ 469 por mes. Los 30.000 afiliados tienen múltiples beneficios: préstamos en efectivo (en convenio con la Cooperativa de Ahorro y Crédito); asesoramiento jurídico; servicios de compañía, cuidados y enfermería; emergencia médica; entradas para los partidos que Nacional y Peñarol juegan de locatarios; servicio de biblioteca con entrega en domicilio; promociones en varios comercios; peluquería; servicio odontológico y venta de productos, desde electrodomésticos a motos, con financiación en 10 cuotas.
El premisa de Alvariño es “ganar, ganar”. “Gana la cooperativa, ganan los socios, ganan los acreedores, ganan los funcionarios”, agregó.
“Lo importante es el equilibrio financiero. Bajamos los precios y vendemos más. Eso es gestión. Nos traen 150 heladeras y vendemos 150 heladeras”, explicó.
La cooperativa tiene 30 sucursales en el interior del país y dos en Montevideo. Mientras en este momento “la cooperativa de consumo está en receso”, la CPS se expande. “Si no tuviéramos el pasivo brutal, estaría sobrando dinero”, expresó su presidente.
Los manejos turbios de las finanzas de la Cooperativa de Previsión Social (CPS) se destaparon hace una década pero se arrastraban desde mucho antes. En julio de 2004 la Auditoría Interna de la Nación (AIN), encargada de controlar a las cooperativas, decidió de oficio intervenirla para auditar los estados contables frente a un déficit de US$ 10 millones. Además, en ese momento su directiva fue denunciada ante la justicia penal por libramiento de cheques sin fondo.
Los ingresos mensuales de la cooperativa superaban entonces el medio millón de dólares provenientes de los descuentos que se les hacen a los pasivos y pensionistas a través de la prestación de servicios como asistencia médica, odontológica, o venta de almacén, tienda, bazar, o consignación de electrodomésticos.
En el momento de la intervención la CPS pasó a ser dirigida por una Junta de Acreedores que desplazó al Consejo Directivo que estaba integrado por Mario Natale, presidente, Manuel Graña, secretario, y Jorge Duarte, tesorero. Natale era el esposo de la entonces fiscal penal Olga Carballo, y se fue del país poco después de que fue denunciado. La fiscal dijo en ese momento que se habían separado pero en 2008 solicitó la renuncia urgente a la Fiscalía y se radicó en Nueva Zelanda.
La AIN detectó varias irregularidades y una de ellas fue que se habían modificado los estatutos y contrariando diversas normativas nacionales que lo prohibía, se prestaba dinero en efectivo. Luego, para salvar esa prohibición, se creó una empresa paralela: Cooprobien que sí otorgaba préstamos y era presidida por gente afín a Natale.
Cooprobien fue la firma que tenía mayor porcentaje de participación en la Junta de Acreedores de la CPS. En un informe del 2004, la AIN aseguró que tanto la CPS como Cooprobien tenían créditos cruzados, por eso pidió la intervención de las dos empresas.
Mientras sesionó la Junta de Acreedores siguió pidiendo dinero a prestamistas privados, entre ellos al excontratista deportivo Sergio Hermida, procesado este año por lavado de dinero proveniente del narcotráfico vinculado a Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente peruano Alberto Fujimori.
Hermida también formaba parte de la Junta de Acreedores y fue quien denunció penalmente al exarbitro Gustavo Méndez. Este fue procesado con prisión por estafa en 2007. Hermida lo había acusado de maniobras ilícitas, entre ellas haberlo estafado por una cifra cercana a los US$ 300 mil cuando Méndez trabajaba en una de sus empresas.
Según logró probar la Justicia, Méndez manejaba la administración de dos sociedades que estaban en dificultades financieras.Para ello, sacó decenas de miles de dólares de la sociedad que tenía conHermida para pagar deudas de las empresas vinculadas a la Cooperativa de la Previsión Social.
Finalmente, en diciembre de 2008, la AIN solicitó a la Justicia sacar de la cooperativa a los acreedores y que la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) se hiciera cargo de la cooperativa. Así lo resolvió el juzgado concursal de segundo turno.
La justicia concursal retiró a los acreedores ya que habían incumplido la mayoría de las condiciones que el Estado les impone a una cooperativa para su funcionamiento.
Los informes realizados entonces por la AIN señalaban que desde el 2003 no tenía contabilidad fiable en los libros de caja y que los acreedores no podían explicar de dónde ingresaba el dinero ni cómo se distribuía.
Talamás y el episodio de las armas
Mientras la Cooperativa de Previsión Social era dirigida por la Junta de Acreedores, el presidente de Cossac, Julio César Talamás exdirigente colorado que luego había pasado al Frente Amplio y era uno de los acreedores ingresó a las instalaciones centrales armado, vestido con un chaleco antibalas, acompañado de guardaespaldas y amenazó a los integrantes de la Junta de Acreedores. La denuncia de la amenaza llegó al Parlamento por funcionarios y asesores legales de la CPS que concurrieron entonces a la Comisión Especial sobre Marco Cooperativo que funcionaba en la Cámara de Diputados.
Fuente:El Observador
1 comentario:
La coop hace prestamos en efectivo paralelo al otorgado por bps
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