Human Rights Watch (HRW) no ha destinado un informe propio sobre el cumplimiento de los derechos humanos en Uruguay, pero sin embargo, este país, bajo la batuta de su presidente, José Alberto Mujica Cordano, es el que, dentro de América Latina, mejor ha demostrado su compromiso con la defensa de las libertades, de acuerdo con el director de la División de las Américas de la organización, José Manuel Vivanco. La aprobación de la ley del aborto y del matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana y la legislación que se está preparando para regular la titularidad de los medios de comunicación, son consideradas como buenas noticias.
“Si hay en América Latina un país que ha demostrado tener una agenda de derechos humanos, ése es Uruguay”, ha reconocido Vivanco durante la presentación del informe relacionado con la región. Tras un referéndum popular sobre la despenalización del aborto, el país sudamericano aprobó la legislación que autoriza la interrupción del embarazo. “Es una ley compatible con todos los estándares internacionales sobre la materia”, ha puntualizado el responsable de HRW.
Vivanco ha destaco la diferencia que hace esta ley con la de otros países de la región, como Chile, donde el aborto está prohibido de manera absoluta, o Ecuador, en donde, en el marco de la reforma del Código Penal, los legisladores se están replanteando sustituir el lenguaje de uno de los dos únicos supuestos -otro es el de peligro para la vida de la madre- en los que el aborto es legal en esa nación: cuando el embarazo sea producto de la violación de una mujer “idiota o demente”. El nuevo término que se baraja es “discapacidad mental”, pero no se plantea incluir las violaciones a todo tipo de mujeres, dementes o no.
La legalización de la producción y la venta de la marihuana, impulsada por Mujica, es otros de los motivos que abundan en la senda de respeto por los derechos humanos de Uruguay que preconiza Vivanco. HRW siempre ha defendido la despenalización del consumo particular de todo tipo de sustancia, al igual que ocurre con el tabaco o el alcohol. “Se trata de una decisión personal en la que, siempre que no afecte a terceros, como en el caso de la conducción cuando se está bebido, los Estados no deben interferir”, ha señalado.
En plena polémica por la aplicación de la Ley de Control de Medios de Argentina, la de Comunicación, de Ecuador, o el debate de otra norma similar en Perú, sobre las que se ciernen las dudas y denuncias sobre el respeto a la libertad de expresión y de prensa, la que se está estudiando en Uruguay es, para Vivanco, “el único proyecto regional de este tipo que es plenamente compatible con los estándares internacionales en esta materia”. La disposición uruguaya pretende evitar el dúopolio de los medios de comunicación en el país.
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