El sector montevideano de la Liga Federal, la agrupación frentista liderado por el diputado Darío Pérez, pretende volver a poner sobre el tapete un tema con el que no estuvo de acuerdo desde un principio: la regulación del comercio de la marihuana. En este sentido, la Liga Federal propone "realizar los esfuerzos como FA para derogar la ley 19.172". "Vamos a endurecer nuestra postura política", señaló al diario El País el secretario general de la Liga Federal, Sebastián Rubino. El motivo de este planteo absurdo es, aunque parezca increíble, una situación de desalojo planteada en un complejo de viviendas montevideano.
Con respecto al complejo de viviendas CH 20, Rubino indicó: "Entendemos que para realojar a cualquier ciudadano de la República no pueden existir dudas. El derecho a la vida es el primero, pero el segundo es el derecho a la vivienda, que está previsto constitucionalmente. Nos parece importante que exista un informe de la Facultad de Ingeniería sobre el CH 20".
Según el artículo 14° del estatuto del Frente Amplio, a solicitud de un número equivalente al 25 % de los adherentes que votaron en el departamento en la última elección partidaria (que se realizó el 27 de mayo de 2012), se puede convocar a un plebiscito interno "para tomar decisión sobre propuestas en temas departamentales o municipales, tanto políticas como organizativas, que no introduzcan modificaciones en los documentos fundamentales: el Acuerdo Político, las Bases Programáticas y el Estatuto".
El secretario general de la Liga Federal entregó en mano hace 48 horas a la presienta de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Cristina Fynn, un informe técnico que asegura que el edificio no corre peligro de colapso. Hasta ayer, en la página web de la Presidencia de la República se señalaba -recogiendo un comunicado de la ANV- que "hasta el momento no existe, ni se ha presentado, ningún informe técnico formal contrario a la línea de trabajo que se lleva adelante".
La Presidencia también informó en su web que "al momento, más de 50 % de las familias que habitan el complejo de forma regular encontraron soluciones habitacionales".
Pero los vecinos siguen desconformes: el jueves se reunieron en asamblea e insistieron en pedir un tercer informe de la Facultad de Ingeniería.
En una carta en poder de El País, que lleva al pie 56 firmas, los vecinos dicen que se harán "responsables" por el edificio mientras la Facultad se encargue del estudio.
"Entendemos importante que para desvincularnos de nuestras fincas no existan dudas al respecto del colapso y de los estudios que posee el expediente", señalan los vecinos.
En tanto, el edil Miguel Di Ruocco (Herrerismo-Lista 71), quien se ha ocupado durante la actual legislatura por la situación de los complejos habitacionales, dijo a El País que los propios informes de la ANV señalaban, hace pocos meses, que el edificio era perfectamente recuperable (a un costo muy inferior que los realojos), pero "de un momento a otro, pasó a tener peligro de derrumbe".
"Es vergonzoso e increíble que la ANV haga responsable a los ocupantes precarios que viven en el edificio por la situación en la que se encuentran", sentenció Di Ruocco.
Marihuana.
El diputado y médico fernandino Darío Pérez dio el voto 50 que le permitió a la bancada oficialista aprobar la polémica ley de la marihuana. Sin embargo, el líder de la Liga Federal apoyó el proyecto estando en contra, luego de que el presidente José Mujica lo persuadiera.
Pérez puso una condición para votar: establecer en los cursos de Primaria, Secundaria y UTU una materia sobre los riesgos del consumo de drogas. Cuando el proyecto llegó al Senado, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) advirtió que la disposición era violatoria de la autonomía de la enseñanza y que podría originar recursos de inconstitucionalidad.
Según la última encuesta de la consultora Cifra sobre los uruguayos y la regulación de la marihuana (septiembre de 2013), "todos los grandes grupos sociales están en desacuerdo con la ley: cualquiera sea su lugar de residencia (Montevideo, interior), sexo, edad, educación o ingreso".
Cifra destaca que 61 % no está de acuerdo con la ley (solo 28% se pronunció a favor) y que entre los frenteamplistas, 40 % tampoco comparte la norma.
También recuerda que la oposición planteó la posibilidad de convocar a un referéndum para derogarla, para lo cual sería necesario el 25 % de las firmas del electorado.
El 54 % de los uruguayos dijo que "seguramente" firmaría a favor de ese referéndum, y un 11 % adicional indicó que "probablemente" lo haría.
Según la encuesta de Cifra, en total, el 65 % segura o probablemente firmaría a favor de la realización de esta instancia de consulta popular.
Controversia técnica: informe dice que no existe riesgo de derrumbe
Desde esta semana, la Agencia Nacional de Vivienda tiene en su poder un informe técnico realizado por la arquitecta Norma Pérez Noble (hija del constructor del complejo CH 20- ex Inve), en el que se asegura que el edificio no corre riesgo de colapso.
La profesional rebate el informe técnico oficial (base argumental para hacer los realojos de 96 familias) en muchos de sus puntos.
"Respecto al sistema constructivo (empleado) se incurre en errores gravísimos. Uno es la resistencia del hormigón utilizado, que se dosificaba a los efectos de lograr una compacidad y resistencia muy superior al hormigón armado tradicional. El segundo es la acusación de haber utilizado (son pruebas, solo se supone) un producto `x` de moda en la época. El sistema fraguaba por calor, y no se utilizaban aditivos. Acusan al mismo de vicios constructivos, cuando en realidad eran las prácticas constructivas de la época recubrir las armaduras de hierro con menos espesor que en la actualidad", detalla el documento en poder de El País.
Según la arquitecta, el informe de la Agencia Nacional de Vivienda -firmado por el ingeniero civil Ponciano Torrado- se hizo "en base a fotos solo del exterior del edificio y presunciones, sin efectuar cateos reales ni pruebas a las estructuras para determinar su estado interno actual, ni su resistencia".
Pérez Noble sostiene que "se deberían investigar los edificios de la época en todo el Uruguay", y "proceder a salvaguardar la vida de sus habitantes, dado que como asegura el Ing. Torrado y lo sabemos todos, la estructura del CH 20 es tradicional". La profesional concluye que con el mismo criterio que maneja la ANV, habría riesgo de colapso para muchos edificios.
La profesional advierte además que "el costo de realojar a los habitantes y demoler, es cuatro veces mayor que el costo de reciclar".
Como se recordará, Homero Pérez Noble, otro de los hijos del arquitecto que hizo el CH 20, también contrarrestó la versión oficial de un probable colapso de la estructura. Lo hizo como experto en el sistema PNV que se utilizó para construirlo.
"Uno de los disparates más grandes fue decir que se usó un acelerante de fragüe, el cual a la postre terminó por corroer los hierros. En realidad, con el PNV, el fraguado es natural, por calor", explicó.
Además de la controversia técnica, el caso del complejo CH 20 generó una controversia legal. Según el Tribunal de Cuentas, la ANV no tiene potestades para hacer realojos por casi US$ 4 millones.
El dictamen del Tribunal de Cuentas invoca el artículo 190 de la Constitución, que señala que los servicios descentralizados solo pueden actuar para el cumplimiento de sus fines, y acota que tales fines están "muy bien destacados" por la ley que rige el organismo.
"Es un negocio extraño a su giro, fuera de su ámbito de competencia", señala.
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