Cuando un país pequeño como Uruguay, con bolsones de atraso logra finalmente encarar grandes obras hacia el desarrollo, el sentido común exige apuntalarlas con agilidad, transparencia y eficacia. Pero la administración Mujica, parte del sistema político, algunos sectores de la sociedad y las empresas involucradas en proyectos vitales parecen combinarse para demorarlas largo tiempo, con trabas que van desde lo injustificado hasta lo oscuro e inexplicable.
El caso más reciente ha sido la virtual paralización del tendido de conexión eléctrica con Brasil. La empresa argentina Techint, encargada del trabajo por cuenta de UTE, está cesando al 85% de su personal con la explicación de que el ente uruguayo es responsable por un sobrecosto que se niega a pagar.
Según Techint, los técnicos de UTE se equivocaron en la altimetría del terreno donde se construye la línea de alta tensión, lo que la obligó a cambiar 300 de las 900 torres por otras de mayor porte, con un costo adicional de US$ 30 millones.
UTE accedía a pagar US$ 12 millones, menos de la mitad de lo solicitado pero que implica un reconocimiento del reclamo de la empresa. Al margen de la razón que asista a uno u otro actor, el resultado es postergar una obra de enorme importancia para Uruguay, ya que supone acceder a energía eléctrica de Brasil para disminuir la dependencia de Argentina.
Pero las consecuencias no terminan ahí. El poderoso Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), preocupado por la pérdida de puestos de trabajo, evalúa paralizar las muchas obras que Techint tiene en el país, incluyendo la planta de celulosa de Montes del Plata en Colonia.
La planta, que representa la mayor inversión externa hasta ahora en la historia, está virtualmente lista para empezar a operar pero la posible acción sindical demoraría la expansión de una industria vital, iniciada por UPM en Fray Bentos.
Mientras se define este tema, controversias entre el gobierno, su propia Dirección de Medio Ambiente (Dinama), residentes que protestan y políticos que objetan han creado incertidumbre sobre los plazos fijados para la construcción de la regasificadora en la bahía de Montevideo. Residentes de la zona temen por su seguridad, el gobierno presiona por el cumplimiento de los plazos para evitar nuevas negociaciones y sobrecostos, la Dinama demora su aprobación y, para contribuir al intríngulis, dirigentes opositores presentan objeciones y piden informes.
El resultado es que hoy nadie está seguro de si Uruguay podrá disponer en dos años de una obra esencial para su independencia energética. Otro caso que lleva años de idas y venidas es la negociación con el consorcio indio Aratirí para explotar yacimientos de hierro, obra conexa, por otra parte, con el proyecto de un puerto de aguas profundas en Rocha.
Es difícil precisar el grado de responsabilidad que les corresponde a las instituciones, empresas, sindicatos, jerarcas o dirigentes políticos en los tropiezos y demoras en emprendimientos de gran envergadura.
Si, en balance, no son provechosos o viables, deben descartarse rápidamente. Pero, cuando lo son, hay que sacarlos adelante sin demoras generadas por ineficiencias, obstinaciones o exceso de celo, que configuran una estructura paralizante en vez de la lucidez ejecutiva que el país necesita imperiosamente.
Fuente: El Observador
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