'Lo que está en juego no es poco', advirtió Pablo de Greiff, relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. De Greiff presentó ayer su informe acerca de Uruguay, en el que se refirió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) como 'amenazando' con sus decisiones 'las posibilidades de progreso en el área de la Justicia'.
'Uruguay es noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos. Sin embargo, tiene aun un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente', advirtió.
Según De Greiff, en los últimos 30 años hubo 'poco progreso y en todo caso no constante' en cuanto a verdad y justicia en Uruguay.
El relator de ONU se refirió concretamente a la declaración de inconstitucional de la ley interpretativa de la ley de Caducidad. Por esta decisión de la Corte, los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura militar no son considerados delitos de lesa humanidad.
'Estas decisiones han despertado alarma tanto en Uruguay como en la comunidad internacional', advirtió el relator.
'La Corte adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes en diferentes partes del mundo que han llegado a conclusiones diferentes', dijo De Greiff.
'Las señales que envía la Corte –y no solo a través de sus sentencias– no son particularmente alentadoras. Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse en la corrientes de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados, como también los derechos de las víctimas', expresó.
De Greiff presentó ayer su informe en las oficinas de ONU, en la calle Barrios Amorín y la rambla, mientras lo escuchaban atentamente Macarena Gelman, hija de María Claudia García y nieta del poeta argentino Juan Gelman y la jueza Mariana Mota, que fue trasladada por la Corte contra su voluntad de un juzgado Penal (en que tenía unas 50 causas de crímenes durante la dictadura) a uno Civil.
En la conferencia de prensa, una periodista consultó a De Greiff acerca del traslado de esta magistrada.
'Es un caso visible no solo en Uruguay, sino internacionalmente', aclaró el relator de ONU, quien agregó que la Corte debe establecer 'mecanismos institucionales' y 'normas claras' que permitan regular los traslados de los jueces.
El relator también criticó a todo el sistema judicial, por 'su lentitud, la debilidad de la capacidad investigativa y la casi nula participación de las víctimas en el proceso penal'.
En su informe, el relator recomendó recoger el testimonio de las víctimas de la dictadura.
'El precio de no hacerlo es no solo incumplir los derechos de las víctimas, sino también dejar instalada lo que puede decirse que es la naturalización de la tortura, como por ejemplo, el precio de la protesta'.
De Greiff también convocó a las fuerzas de seguridad a 'presentar información requerida' y a 'cumplir con las obligaciones legales'.
En setiembre de 2012, Fernández Huidobro prohibió tomar fotografías en el Batallón 13 durante una inspección ocular dirigida por la jueza Mota, aunque luego lo permitió.
A su vez, el relator advirtió que no recibió 'información suficientemente detallada acerca de los planes concretos de las reformas que se han hecho a las fuerzas de seguridad'.
Además de estas críticas, De Greiff reconoció ciertos avances en la materia. “En Uruguay se procesó penalmente a un ex presidente electo (Bordaberry) y un ex presidente de facto (Álvarez), a un exministro”, destacó.
Durante su visita a Uruguay, el relator de ONU se reunió con el presidente José Mujica, los ministros del Interior, Eduardo Bonomi y Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro y con la SCJ, entre otros. El informe final será presentado en setiembre de 2014.
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