El prosecretario de la Presidencia de Uruguay, Dr. Diego Cánepa, resaltó que la presencia de expertos asegura la máxima transparencia en el debate para generar consensos en pro de una ley de medios adecuada. Los especialistas José Miguel Vivanco, Carlos Lauría, Bernoit Herviey y Catalina Botero consideraron que se trata de una ley modelo para América Latina, que respeta los estándares internacionales respecto a libertad de expresión.
En el salón de actos de la Torre Ejecutiva se realizó una conferencia con la participación del prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa; el director de la División Derechos Humanos de las Américas, José Miguel Vivanco; el coordinador del Programa Américas de Protección de Periodistas, Carlos Lauría; el director para las Américas de Reporteros Sin Fronteras, Bernoit Hervieu; y la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero (a través de videoconferencia).
Diego Cánepa resaltó que la presencia de expertos en el estudio de este proyecto de ley asegura la máxima transparencia en el debate a nivel del Parlamento, y en la búsqueda de consensos amplios.
Informó que el Parlamento comenzará su votación la próxima semana y que recientemente el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) realizó modificaciones al proyecto, en base a recomendaciones de expertos y organizaciones de la sociedad civil, académicas, sindicales y empresariales. Según indicó, se realizaron modificaciones frente a la ambigüedad de algunos artículos y la interpretación de otros; fueron modificados 5 de los 183 artículos del proyecto. Asimismo la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes que estudia el proyecto recibió más de de 48 delegaciones de todos los intereses representados en el país.
'Estoy convencido de que lo más importante era escuchar e invitar a quienes representan opiniones diversas pero muy reconocidas por su objetividad, por su capacidad, por su trascendencia y sus experiencias', indicó.
Expertos reconocen apertura del Gobierno
La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero —presente a través de videoconferencia— reconoció en el Gobierno uruguayo la apertura para dialogar con quienes piensan diferente respecto a un tema que convoca a todos.
Destacó la transparencia y la buena fe del proceso y recomendó que la etapa de debate que comenzará en el Parlamento incluya la misma apertura ante las recomendaciones para lograr que esta ley se defina mediante un adecuado proceso de discusión.
En tanto, el coordinador del Programa Américas de Protección de Periodistas, Carlos Lauría, enfatizó que la libertad de expresión es fundamental y forma parte de los derechos humanos y que este proyecto garantiza la libertad al establecer que presiones directas o indirectas sobre los comunicadores sean incompatibles con la libertad de expresión, así como el uso del poder y los recursos económicos del Estado con el objetivo de presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores o a los medios de comunicación en función de su línea informativa.
Subrayó que se trata de un proyecto con estándares internacionales razonables que no tiene la pretensión ni las herramientas para que el Estado pueda controlar los contenidos de los medios. En ese sentido, destacó que establece el límite democrático en la concentración excesiva de la propiedad de los medios en busca de la pluralidad y la diversidad, lo cual es importante tanto desde el ámbito privado como del público.
Por su parte, el director de la División Derechos Humanos de las Américas, José Miguel Vivanco, compartió con los demás expertos su valoración acerca de la apertura, la disposición y la actitud del Gobierno para consultar a la sociedad civil, los sectores políticos y los expertos de instituciones extranjeras para brindar recomendaciones ante la defensa de la 'madre de todas las libertades públicas: la libertad de expresión'.
El director para las Américas de Reporteros sin Fronteras, Benoit Hervieu, destacó que esta es una ley que permite la desconcentración de los medios de comunicación y difusión que permite más pluralismo. Señaló que el artículo 106 contra la censura directa es una cláusula fundamental y que no figura en otras leyes de este tipo de la región. Manifestó que otorga garantías porque establece el otorgamiento equitativo de las frecuencias.
Agregó que aunque no figure expresamente en la ley, este proyecto se complementa con la pasada ley de radios comunitarias aprobada por el Gobierno de Tabaré Vázquez. Asimismo, se trata de una ley excepcional en América del Sur en cuanto a que tiene una polarización más reducida a nivel social.
Expertos internacionales invitados por el Gobierno uruguayo brindaron recomendaciones para mejorar el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Vivanco, Botero, Lauría y Hervieu destacaron la necesidad de mejorar artículos relacionados con la discriminación, censura, uso de las cadenas televisivas y autorregulación. Cánepa señaló que el Gobierno es receptivo a la solicitud de mejoras al proyecto.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, señaló la importancia para el país de que los expertos internacionales destaquen que el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual es una 'ley modélica para América Latina'.
Señaló que el Gobierno está dispuesto a recibir críticas y solicitud de cambios. De todas formas, consideró que las posibilidades de perfeccionamiento no invalidan la norma general que implica ratificar la voluntad del Gobierno de respetar la libertad de expresión.
Recomendaciones de expertos
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que el proyecto de ley está siendo mejorado significativamente y recoge los mejores estándares en materia de libertad de expresión consagrados a nivel internacional. Destacó la intención del Gobierno uruguayo de escuchar a representantes de todos los sectores involucrados y dijo que es un proyecto que puede llegar a ser una experiencia para replicar en el resto de la región.
Respecto a las recomendaciones, afirmó que lo relacionado a la discriminación es un aspecto importante por solucionar, ya que, si bien el proyecto debe incluir una cláusula que sancione a los medios que promuevan un discurso que incite a la violencia basándose en prejuicios discriminatorios, ese discurso debe estar restringido. Por otra parte, manifestó que sancionar a un medio por proyectar un programa o reflejar imágenes que no se ajustan a una visión inclusiva de la sociedad son “conceptos demasiado abstractos” por lo cual no considera correcto ejercer la sanción.
La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, mediante videoconferencia, felicitó la apertura y transparencia con la que se desarrolla el proceso de discusión de este proyecto de ley. Destacó que se trata de una ley caracterizada por la garantía de la libertad de expresión.
Señaló que esta ley reconoce expresamente la prohibición del Estado de tomar atribuciones para castigar o beneficiar a los adjudicatarios de las señales. En tal sentido, valoró que incorpora procedimientos transparentes en la asignación de frecuencias.
Agregó que existen estándares para revisar en este proyecto. Dijo que la ley debe ser clara y precisa y que ninguna autoridad puede ampliar los límites que en ella se establezcan, ya que una ambigüedad en la norma podría generar una interpretación discrecional.
En cuanto a los órganos de aplicación, afirmó que ofrecen garantías de independencia pero es necesario revisar que no sean incompatibles con normas anteriores. En cuanto a las cadenas de radio y televisión dijo que deben realizarse en casos excepcionales y estrictamente necesarios. Además destacó la importancia de los medios públicos y la necesidad de que sean independientes al gobierno de turno. En relación con las normas éticas, afirmó que no hay duda de que un medio que tiene un código de conducta realizará mejor su trabajo, sin embargo consideró peligroso que los estados intervengan en la autorregulación de los medios.
El coordinador del programa Américas del Comité de Protección de Periodistas, Carlos Lauría, realizó algunas consideraciones respecto al proyecto de ley. En tal sentido, explicó que las cadenas de televisión (artículo 86) no tienen ningún tipo de condicionamiento, no se establece el límite de tiempo ni tampoco los temas de interés nacional. Si bien, en la práctica, los mensajes en simultáneo no han sido utilizadas de forma abusiva, expresó que convendría perfeccionar la letra del artículo.
Observó que aún permanece en las competencias del Ejecutivo la adjudicación de licencias y que esa competencia debería ser definida por el Consejo Regulador. También indicó que el artículo 27 regula la no discriminación: 'No podrá realizar de ninguna forma discriminaciones a las personas por motivo de género, raza, etnia, edad, discapacidad, identidad cultura, situación socioeconómica'. Lauría considera que 'este lenguaje puede resultar ambiguo'.
El director para las Américas de Reporteros sin Fronteras, Benoit Hervieu, destacó que esta es una ley que permite la desconcentración de los medios de comunicación y difusión, ya que permite más pluralismo. Consideró que se trata de una ley excepcional en América del Sur.
En relación con los aspectos por mejorar, afirmó que es necesario establecer correctamente la reglamentación a las cadenas noticiosas para evitar abusos.
En cuanto a la protección a la niñez y toda expresión de discriminación, considera que la limitación de algunos mensajes o contenidos violentos puede ser válida pero es necesario evitar la ambigüedad de esta limitación. Por tal motivo cree que la mejor salida es la autorregulación de los medios ante esta situación.
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