El proceso de asignación de licencias para la transmisión de Televisión Digital Terrestre (TDT) en Uruguay (aún no concluido definitivamente) es verdaderamente desconcertante, además de lesivo para la sociedad y particularmente para la fuerza gobernante.
Las denuncias de irregularidades formuladas por uno de los oferentes, que en términos menos eufemísticos deben ser traducidas directamente como corrupción, son una suerte de corolario tardío de las torpezas, zancadillas y pusilanimidades -¿de una parte?- del Poder Ejecutivo, que demuelen o al menos sabotean el espíritu de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que trabajosa y tardíamente viene elaborando el progresismo parlamentario y que estaría próxima a su sanción.
La indudablemente superadora ley, pletórica de conquistas y exigencias democratizadoras del mensaje, delimita un espíritu que una vez encarnado con este llamado y su resultado, se verá exorcizado hasta que las cosas queden casi como están. Con los mismos actores y algunos extras, con similares contenidos e idénticos apetitos de lucro.
Evité escribir sobre este asunto hasta ahora por varias razones. La más importante es la de estar seriamente comprendido en las generales de la ley, que no es precisamente la LSCA. Las siguientes remiten más al hecho de no ser un especialista en temas de comunicación social y no haber tenido TV en toda mi vida adulta.
A pesar de pasar buena parte de esa vida fuera de mi casa y mi país, incluyendo al Uruguay entre mis frecuentes destinos, y por tanto tener acceso a televisores en todos los alojamientos ya que está naturalizada su omnipresencia, jamás encendí el aparato por otro motivo que no fuera el intento de encontrar el partido de Boca en alguna señal.
Sin embargo, las temáticas de distribución del poder no me son ajenas, ni en mis investigaciones ni en las intervenciones en los medios. Al contrario, son prácticamente recurrentes. Y entre distribución del poder y del mensaje (y las construcciones sociales concentradas o colectivas de ambas determinaciones) la relación se presenta inextricable.
No puedo ni debo juzgar en consecuencia la calidad de las ofertas, pero sí intentaré abrir juicio sobre algunas características del llamado, los procedimientos y las consecuencias políticas.
Un encadenamiento de taras estructurales, no necesariamente atribuibles al gobierno sino al actual estado de correlación de fuerzas en Uruguay, ni menos aun fácilmente superables por él, están enquistadas en la convocatoria, asfixiándola desde el mismo alumbramiento. La primera es la igualdad cívica, traducida en términos de igualdad jurídica de todos y cualquier participante.
A simple vista y superficialmente, pareciera que esto fuera una conquista de libertad e igualdad, una consumación del ideario revolucionario francés. Pero en la práctica, la cobardía popular es la que construyó esta ficción igualitarista. La sociedad uruguaya sigue dividida (entre otros cortes posibles) entre asesinos impunes y víctimas, entre verdugos con cómplices o pasivos espectadores y sus sometidos.
Salvo que se crea que los autores exclusivos del terror fueron acotadamente un grupo de sádicos militares, cancerberos y torturadores con el único auxilio del monopolio de la violencia extrema.
Mi opinión es que para semejante barbarie, además de los mentados con sus armas, sus picanas, rejas y tachos de submarino, fue necesaria la intervención directa, por acción u omisión, de los medios masivos de comunicación, de la mayoría de los empresarios y de buena parte de los partidos tradicionales, además de las embajadas de varios países hegemónicos.
Los medios que –aún con ley de caducidad vigente y al sólo efecto de conocer la verdad, respetando la veda de pretensión punitiva del Estado- debieran estar siendo requeridos por los jueces (si además no se los apartara como por ejemplo a la jueza Motta) para aportar datos acerca de lo que 'se vieron obligados a silenciar'. La vergonzosa ley de caducidad no impide investigar los hechos.
No es un detalle menor ni una simple coincidencia nominativa que entre todos los aspirantes a la adjudicación de canales digitales, 4 de ellos (los 3 canales de aire actuales y el diario 'El País') hayan sido partícipes necesarios del genocidio reciente. Que sus responsables estén libres para interactuar social y empresarialmente, es algo que legítimamente decidió la sociedad a pesar de mis pesares.
Que el Poder Ejecutivo les facilite el acceso al espacio público que constituye el éter, sin siquiera tener que someterse a competencia con el resto (en el caso de los canales) para seguir libando vitaliciamente los elixires de la –ya casi tecnológicamente exhausta- breva oligopólica, ya no es responsabilidad de la ciudadanía. Es el Poder Ejecutivo quién le concede semejante privilegio, no sólo inmerecido, sino peor aún, vergonzoso.
Vale recordar además que el verano pasado se decretó la convocatoria para luego clausurarla también por decreto, ante el chantaje lobista de los canales de la dictadura para obtener el salvoconducto al éter del que ahora gozan en este nuevo llamado.
Como si fuera poco, otra tara complementaria del llamado –a la que se avinieron todos los participantes- es la constricción antiliberal del espectro en nombre de la “sustentabilidad”. Como la torta publicitaria -único recurso de ingresos- es finita se acota arbitrariamente el número de licencias en el propio pliego licitatorio, más allá de las posibilidades tecnológicas que resultan generosamente más amplias que la antigualla analógica. Algo casi equivalente a limitar la cantidad de diarios o revistas. En consecuencia, sigue siendo el mercado el que dirime el reparto en un oligopolio ahora algo más amplio.
El propósito de evaluación cualitativa (selectivamente restringida a los nuevos mediante la eximición de toda competencia para los actuales usufructuarios de lo público, los “ocupas” del éter con sus 3 canales), con indicadores objetivos y transparencia es encomiable, si se hubiera llevado a cabo efectivamente, pero aun así, no logra superar la discriminación a la que fueron sometidos todos los nuevos oferentes.
¿Alguien puede creer que los antiguos socios de la dictadura y actuales tinellistas, amantes de los enlatados y devotos de la pauta publicitaria sobre cualquier contenido, se avendrán a las exigencias de la LSCA? No parece creerlo ni la senadora Topolansky con su pragmática recomendación al Presidente Mujica de asistir a los “programas bobos” porque los ven los que votan. ¿Pero luchamos tanto para eso, o para que haya cada vez menos programas bobos y menos electores seducibles por el opio de tal programación?
Para sintetizarlo, en primer lugar, el ejecutivo restringió artificialmente el espectro poniendo cupo para garantizar la rentabilidad capitalista (que casualmente quién fuera relegado desde el primer puesto mediante componendas secretas se comprometió a no usufructuar) para luego abrir una acotada competencia a lo que preferiría llamar “residuales”, luego de otorgarle a dedo -al mejor estilo de Lacalle para con sus amigos, pero en este caso específico para con los enemigos- a los inveterados canales privados que usufructúan el espacio público hace 50 años.
Pergeñó no obstante, procedimientos valorables -e inéditos en la historia- de publicidad y transparencia en materia de adjudicación sobre criterios objetivos de selección, pero sólo para tales “residuales” y ceñidos arbitrariamente sin razón técnica alguna. ¿Un avance, cualesquiera sean los beneficiarios? Respecto al regio dedo, sin duda histórico. Respecto a la razón, a los ideales que encarna la fuerza que lo promueve y a la propia LSCA, un mamarracho.
Sin embargo, la denuncia -y renuncia- del ex director de este diario, no estuvieron motivados por una confrontación con la derecha y sus voceros audiovisuales, sino por aviesas maniobras al interior de la izquierda.
Los propósitos de transparencia y objetividad que la creación de la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI), prácticamente autodisuelta por la fuga voluntaria del 40 % de sus organizaciones integrantes (y con varios impugnados entre los restantes) se vieron negados por una sucesión de groseras manipulaciones, encubrimiento de dictámenes, fundamentos y responsabilidades.
En el Río de la Plata se utiliza la expresión “hacer una cama” cuando se tiende una celada hacia alguien. Para ello son indispensables mucamos tan diligentes como sigilosos que estiren las sábanas. Ya desde la primera indicación (oral de un subsecretario) para presentarse a título personal y no con una sociedad nominativa, el envío de un mail sin firma ni membrete de la Dinatel sosteniendo que los oferentes que habían solicitado un canal compartido (sólo había uno) no tenían derecho a acceder a un canal de alta definición, contrariando absolutamente el pliego y debiendo rectificar posteriormente la resolución, se insinuaba la maniobra de intento de separación del hoy renunciante.
El broche de cierre se acomete en la llamada “evaluación global” donde desde los primeros puestos en los rubros específicos se pasa al último, sin que se sepa aún quiénes puntuaron de ese modo, ni menos aún los fundamentos, o
siquiera qué rara acepción de la globalidad fue aplicada.
Valoro como actitud cívica y muestra de lealtad la renuncia con el fin de evitarle al Presidente Mujica el compromiso de tener que tirar por la borda aquello que quiso garantizar: procedimientos estrictos y públicos. Pero dificulto que logre eximirlo de tal compromiso al que lo arrojaron aquellos en quienes delegó la tarea.
Entretanto la derecha se regocija en el silencio. La repercusión de las denuncias las leí en “Caras y Caretas” y en este diario, además de en algunas páginas digitales, blogs y redes sociales. ¿Debería llamar la atención que “El País” no haya publicado siquiera una línea sobre ellas, estando tan atento a cualquier posible atisbo de corrupción? Por lo dicho al principio, no puedo aseverar que la TV también haya omitido la polémica. Aún si estuviera en Uruguay y me sometiera a la alienación de la caja boba no puedo estar pendiente las 24 horas de tres canales al mismo tiempo.
Pero puedo googlear como cualquier lector al que no le será difícil deducir lo que el buscador responde sobre este debate en la TV.
Nada.
Emilio Cafassi
Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar
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