El Ministerio de Finanzas de Japón dio a conocer datos que revelan que el endeudamiento del país superó los 1,000 billones de yenes por primera vez. Esos son muchos ceros. Siendo específicos, la deuda del Gobierno de Japón a fines de junio ascendió a 1,008,628,100,000,000 yenes, unos 10.5 billones de dólares.
Aunque los mil billones son fundamentalmente un umbral simbólico, la imponente cifra supone un verdadero reto para Japón, que tiene más deuda como porcentaje del PIB que cualquier otra nación desarrollada.
Tokio ha emitido 830 billones de yenes en bonos del Estado, y la recaudación de ingresos del país nunca ha ido a la par. Se prevé que la deuda pública bruta nipona represente 230 % del PIB en 2014 después de años de déficits sostenidos.
El país incrementó los préstamos este año para invertir más en infraestructura como parte de un ambicioso programa de estímulo económico destinado a poner fin a décadas de estancamiento y caída de los precios.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió que el país asiático debe hacer más para detener el aumento de su deuda pública. 'Contener y revertir el aumento de la ratio deuda-PIB es crucial', expresó la organización.
En la misma línea se ha pronunciado el Fondo Monetario Internacional: 'Japón necesita planes más ambiciosos por reducir la deuda, además de reformas estructurales para acelerar la economía', dijo la directora del FMI, Christine Lagarde, a principios de este año.
Algunas medidas pueden estar en camino, por lo menos a partir del próximo año.
El Gobierno nipón tiene la intención de duplicar el impuesto al consumo y fijarlo en 10 % para 2015. Pagado por los consumidores al comprar bienes o servicios, el impuesto se incrementará en dos etapas, subiendo primero a un 8% en abril de 2014.
Los líderes del país enfrentan la difícil decisión sobre cómo -o incluso si en absoluto deben- aplicar la impopular medida que podría impactar el crecimiento justo ahora cuando su audaz plan de estímulo económico parece estar dando frutos.
Si el Gobierno sigue adelante con la subida de impuestos, podría aumentar la recaudación y demostrar que el país está comprometido con las reformas fiscales. Pero la medida, tal como está prevista, también desaceleraría la economía.
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