El senador del Partido Nacional, Carlos Moreira, llamará a sala a los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado y al directorio del Banco República (BROU) para que aclaren los fundamentos que se utilizaron para contratar al abogado penal ex integrante del gobierno frentista Dr. Gonzalo Fernández.
El ex funcionario del gobierno de Tabaré Vázquez fue el encargado de hacer las gestiones para concretar el cobro del aval otorgado a la aerolínea Cosmo, que compró los aviones de la ex Pluna en la subasta y que finalmente fue pagado por el dueño de la empresa Buquebus, Juan Carlos López Mena.
El directorio del BROU respondió al pedido de informe que había realizado Moreira en el que se transcribe la resolución adoptada por el banco acerca del por qué de la contratación del ex secretario de la Presidencia y ex canciller.
En el documento se señala 'que en función del involucramiento que el citado profesional ha tenido en el caso y el consecuente relacionamiento con otros actores de la causa, en forma independiente a los aspectos estrictamente penales, ha generado un ámbito apropiado para procurar un acuerdo transaccional con las firmas Cosmo Líneas Aéreas y Boston Compañía Argentina de Seguros'.
En otra parte de la respuesta establece que 'el conocimiento de la causa (…) le brinda una posición privilegiada', que 'sumado a su experiencia y trayectoria, lo convierten en el profesional más adecuado para entablar las gestiones extrajudiciales'.
Moreira dijo al diario El Observador que la resolución del BROU “no tiene ningún sustento” porque 'no existe el acuerdo transaccional que se menciona'. 'La gente de Cosmo nunca apareció y el que terminó pagando el aval fue López Mena', señaló el senador de Alianza Nacional.
Sobre el llamado a sala de los ministros y del presidente del BROU dijo que 'hay muchas cosas para explicar, sobre todo por qué el BROU contrata abogados externos a la institución cuando tiene en plantilla a 19 profesionales'.
El ex secretario de la Presidencia y ex canciller del gobierno de Tabaré Vázquez fue contratado por el BROU y recibió el pago de U$S 140 mil para defender las actuaciones del directorio encabezado por Fernando Calloia.
Moreira también entiende que existe contradicción entre lo argumentado por el BROU en esta oportunidad y la resolución del Tribunal de Cuentas difundida en setiembre de 2012 cuando observó la contratación realizada por Pluna Ente Autónomo de 2 abogados penales para asesorar al ente y a los miembros del directorio y la comisión fiscal de Pluna.
En esa oportunidad el organismo entendió que la contratación (de los abogados Gastón Chaves y Gustavo Bordes) no encuadraba en las competencias del ente y que no se advertía interés publico en los servicios a prestar para hacerlo, porque los únicos que podían tenerlo son las personas físicas y no el Estado.
El acuerdo concretado en el mes de marzo entre el gobierno y López Mena para que este se hiciera cargo del pago del aval levantó sospechas tanto en la Justicia como en la oposición, que insiste en saber si el propietario de Buquebus estuvo atrás del negocio desde el principio y si su intención era quedarse con los aviones que aparentemente adquiriera su ex empleado Hernán Antonio Sánchez.
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