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martes, 1 de febrero de 2011

HOMICIDIOS Y TORTURAS DEL PERIODO DE LA DICTADURA: PLANTEAN CONSIDERARLOS COMO CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

La fiscal Dra. Mirtha Guianze está a la espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia por la casación de un escrito que presentó, en el que planteó que en casos de homicidios o torturas ocurridas durante la dictadura, la Justicia debería juzgarlos como crímenes de lesa humanidad, por lo que no prescribirían.




La representante del Ministerio Público también está a la espera de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deberá resolver sobre el mismo caso. La jurisprudencia internacional deberá ser tenida en cuenta por la Justicia uruguaya al momento de fallar sobre el recurso presentado por Guianze.

Guianze dijo al diario Ultimas Noticias que la prescripción de los delitos de homicidios no le preocupa, ya que actúa de acuerdo a cada caso. La fiscal consideró que "un homicidio puede ser considerado un crimen de lesa humanidad".

Para los casos de expediente que no son considerados por la Justicia como crímenes de lesa humanidad se toman los parámetros corrientes de cualquier otro delito, por lo que el homicidio, que es el delito con pena más grave, prescribe a los 20 años.

Por el artículo 123 del Código Penal puede agregarse al proceso un tercio para los homicidas peligrosos, que son seis años y ocho meses.

El 1° de noviembre de este año se cumplen 26 años y ocho meses de la restitución de la instituciones en Uruguay, por lo que prescribirán aquellos delitos ocurridos en dictadura que sean considerados por la Justicia como homicidio.

El teniente coronel (r) José "Nino" Gavazzo y el coronel (r) Juan Carlos Gómez fueron procesados el 6 de agosto de 2010 por el homicidio de Roberto Gomensoro Josman, ocurrido en 1973.

Por su parte, la jueza penal Dra. Mariana Mota condenó en febrero del año 2010 al ex dictador Juan María Bordaberry con una pena de 30 años por "atentado a la Constitución", por nueve delitos de "desaparición forzada" y por dos "homicidios políticos".

Todos los casos fueron considerados por la magistrada como delitos de lesa humanidad.

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