La bancada de senadores del Frente respaldó abrir una negociación con la oposición y en particular con los blancos, para que el proyecto que flexibiliza el secreto bancario, tenga amplio apoyo político.
Los senadores frenteamplistas descartaron, en cambio, que se divida en dos el proyecto de ley y se aprueben primero las normas que permiten a la DGI pedir a la Justicia que se levante el secreto en procesos de fiscalización, sin necesidad que haya presunción de defraudación.
El senador nacionalista Francisco Gallinal había pedido que otra disposición de la polémica iniciativa -que los intereses generados por los depósitos que en el exterior estén gravados con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a una tasa del 12%- sea tratada en otro proyecto de ley.
Pero eso fue descartado por el oficialismo, aunque el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) lo manejó como una posibilidad la semana pasada.
Una de las directivas dadas por el presidente José Mujica, el vicepresidente Danilo Astori y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, es que sí se permita "desglosar" y excluir del proyecto lo relativo al Impuesto al Patrimonio: que las participaciones de residentes en Uruguay en el capital de entidades no residentes estén gravadas por ese impuesto.
Ese es uno de los tres cambios al proyecto de ley que el Frente Amplio está dispuesto a realizar para tener el visto bueno de Alianza Nacional.
Astori y Mujica conversaron con el senador Jorge Larrañaga y hubo acuerdo en varios cambios.
Diálogo. Astori informó ayer a la bancada de senadores "las conversaciones con Alianza Nacional", según contó el vicepresidente a El País.
"Hay tres componentes (que se modificarían del proyecto). Por un lado, el establecimiento de un pronunciamiento expreso de la Justicia en el caso que sea solicitado el levantamiento del secreto.
En segundo lugar, la creación e instalación de un juzgado especializado para decidir en estos casos, como una garantía más al contribuyente.
Y en tercer lugar el desglose del Impuesto al Patrimonio, que particularmente el presidente Mujica entiende debe ser analizado más en profundidad, y lo haremos así".
Astori indicó que el Frente sabe que "en Alianza Nacional hay coincidencia en estos puntos".
Descartó dividir el proyecto (las modificación del secreto bancario por un lado y la carga tributaria para los depósitos en el exterior por el otro), ya que "el único desglose que se acordaría es el Impuesto al Patrimonio".
Larrañaga dijo la semana pasada al diario El País que ha tenido "conversaciones" con el gobierno. Y dijo que las tres modificaciones mencionadas por Astori "forman y cambian el proyecto" oficialista.
En la misma línea, el senador del MPP Héctor Tajam -que integra la comisión de Hacienda- dijo a El País que "puede haber algunos cambios que tengan beneficios para el Frente Amplio y para el Partido Nacional".
Tajam explicó que al gobierno le interesa que "el proyecto no se apruebe sólo con la mayoría del Frente Amplio, porque es importante la legitimidad de esta ley, que tiene repercusiones en el exterior".
Pero advirtió que los cambios no deben afectar "el corazón del proyecto: que el IRPF tenga característica mundial y no sólo nacional, además de un secreto bancario con adecuada aplicación para controlar la evasión".
El presidente de la comisión Carlos Baráibar dijo a El País que se trabaja para que la flexibilización del secreto bancario tenga "las debidas garantías" y se toma como antecedente la legislación chilena.
"Estamos flexibles", resumió el senador de Alianza Progresista Rodolfo Nin, tras la reunión de bancada donde se acordó seguir adelante con la negociación con la oposición para tener el respaldo de Alianza Nacional y si es posible, de todo el Partido Nacional. Ya se da como un hecho que los colorados no darán el voto para el proyecto de ley oficialista.
Tal como había acordado con los demás miembros de la comisión, Baráibar cursó invitación a las autoridades del Banco Santander para que concurran a dar su opinión a la comisión de Hacienda.
Tanto la modificación del secreto bancario como la posibilidad de que se graven los depósitos en el exterior fueron calificadas como modificaciones "graves" y "nada buenas" por ejecutivos bancarios consultados por El País cuando se conoció la iniciativa en mayo.
El Banco Santander aún no respondió a la invitación cursada. Para ganar tiempo, se decidió crear una subcomisión de Hacienda, con un miembro por partido, que discutirá los cambios al proyecto de ley.
Baráibar aclaró que "el compromiso" es votar el proyecto en el Senado como máximo a mediados de octubre, ya que a partir de esa fecha se discutirá el proyecto de Presupuesto en esa cámara.
Sobre la mesa también hay dos proyectos del sector mayoritario del Partido Nacional, la UNA: Gallinal propone establecer "un sistema de garantías para levantar el secreto" y Luis Alberto Heber quiere que no se afecte con IRPF a los depósitos en el exterior de extranjeros residentes en Uruguay. Sí acepta que se graven los depósitos de uruguayos en el exterior.
Paso para salir de la "lista gris"
El levantamiento del secreto bancario ya estaba contemplado en la legislación tributaria desde el año 2007, aunque limitada a las operaciones en cuenta corriente y en caja de ahorro.
El art. 54 de la ley 18.083 establece la posibilidad de relevar a los bancos de su obligación de reserva cuando la administración tributaria presenta "una denuncia fundada" ante la sede penal.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que introduce ajustes al sistema tributario incorpora nuevas facultades a la DGI para solicitar "toda la información relativa a las operaciones bancarias de personas físicas o jurídicas determinadas, que resulte necesaria para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones juradas o la falta de ellas, en su caso".
El nuevo texto añade que "la misma información podrá ser solicitada por la administración tributaria en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero", en el marco de convenios internacionales de intercambio de información fiscal.
Hasta el momento, Uruguay ha ratificado uno solo de esos convenios (con México) y espera ratificar similares acuerdos con España, Francia, Portugal y Alemania, entre otros.
Uruguay se ha comprometido ante la OCDE a lograr avances en el marco del cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia de información, a fin de salir de una "lista gris" de países que no cooperan en la materia.
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