Un grupo de trabajadores contratados por Saeta (Canal 10) elaboraron una carta con “solicitud urgente de respuesta” hacia la dirección del canal y al Departamento de Recursos Humanos de la empresa en la que denuncia la situación de quienes están contratados bajo la modalidad de facturación en Canal 10 (Saeta).En particular en la misiva, expresan su “profunda preocupación” por la situación de un trabajador en “una grave condición de vulnerabilidad laboral”
El que tras haber sido diagnosticado con una enfermedad autoinmune que lo mantuvo hospitalizado e imposibilitado de trabajar hasta fines de abril, pese a haberse comunicado con sus superiores el mismo día del alta, aún no ha sido reincorporado ni recibió apoyo económico alguno por parte de la empresa.
La carta denuncia la ausencia total de subsidio por enfermedad para el trabajador, a diferencia de lo que ocurre con los empleados en planilla o contratados como jornaleros en otros canales (menciona a Canal 4 y Canal 12).
“Esta situación, de por sí, ya hizo mella en su salud emocional hoy en día. Lo ha expresado recientemente a sus compañeros más allegados”, indican los empleados.
Para los firmantes, trabajadores contratados por arrendamiento de servicios, este caso pone en evidencia los riesgos humanos y económicos del modelo de contratación vigente en Canal 10.
Por eso, reclaman que son tratados como empresarios independientes cuando, en la práctica, cumplen horarios fijos, subordinación jerárquica y usan equipos del canal. A su vez, no cuentan con derechos laborales básicos como licencia médica o cobertura por enfermedad.
“Los trabajadores contratados facturadores, al no contar, entre otros derechos básicos laborales, con el derecho de subsidio por enfermedad, sufrimos de un total desamparo. Esto genera un temor constante a enfermar, lo que obliga a muchos a asistir a trabajar aun estando enfermos para no perder el jornal, lo cual es algo violento y totalmente incompatible con cualquier grupo de trabajo que se autoperciba saludable”, se lee en parte de la misiva.
Por todo esto, el grupo exige una respuesta formal en un plazo máximo de siete días y pide al canal que evalúe medidas para garantizar cobertura económica y avanzar hacia la regularización laboral de quienes trabajan desde hace años bajo condiciones precarias.
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