El DOGE ha eliminado de golpe más de 10 millones de nombres de bases de datos públicas sin las comprobaciones adecuadas. El resultado ha sido nefasto. Leonard Johnson está jubilado, tiene 82 años, vive en Seattle y se enteró de su propia muerte mientras desayunaba tranquilamente en bata junto a su mujer. Una carta del banco lamentaba su fallecimiento, daba el pésame a su viuda y ya de paso le reclamaba 5.201 dólares en prestaciones sociales -que se le habían abonado al presunto difunto tras su muerte- y que, en menos de 12 horas, le retirarían automáticamente de su cuenta. Leonard estaba vivo, pero para el Estado había dejado de existir.
Después de la carta empezó la encrucijada. Se quedó sin seguro médico, sus tarjetas de crédito se desactivaron, no tenía acceso a absolutamente nada y, tras más de tres semanas llamando a diario a la administración pública, le dieron cita para un mes después. Un total de 90 días esperando a que todo volviese parcialmente a la normalidad.
Cada año, miles de estadounidenses son declarados muertos por error por la burocracia federal. Algunos descubren su defunción al intentar pagar un café, otros al dejar de cobrar la pensión o al intentar concertar una cita médica. Tras los recortes de Trump y el desembarco de Elon Musk en la gestión de datos públicos, el sistema se ha convertido en una trampa caótica.
Las colas de gente en la misma situación que Leonard son de más de cinco horas en las oficinas de la Seguridad Social de las principales ciudades del país -pese a trabajar con cita previa-, y los pocos funcionarios que quedan en sus puestos no dan abasto. “Otro más”, cuenta que le contestó el funcionario a Johnson cuando le explicó su problema.
Trump y los tijeretazos
El origen de esta crisis se remonta a los primeros años de la administración de Donald Trump. Entre 2017 y 2020, el actual presidente ya aplicó una agresiva política de recortes y desregulación sobre decenas de agencias públicas, con la premisa de reducir burocracia y combatir lo que él denominaba “el Estado profundo”.
La Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés), organismo responsable de gestionar pensiones, ayudas por discapacidad y registros de defunción, perdió durante ese periodo un 12% de su personal. Oficinas cerradas, procesos cada vez más automatizados y sistemas informáticos desactualizados acabaron costando al estado más de 9.000 millones de dólares anuales al no registrar las defunciones correctamente.
Joe Biden, durante su mandato, aumentó el presupuesto de la SSA un 10%, con el objetivo de reforzar el servicio al cliente y modernizar el sistema para minimizar los errores.
Sin embargo, con la llegada de Trump al poder de nuevo y la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental y Eliminación de Gastos (DOGE), el problema no ha hecho otra cosa que empeorar. Musk, al frente de la agencia, ha eliminado más de 7.000 puestos de trabajo en la SSA y ha designado a un equipo para automatizar los registros de defunciones mediante inteligencia artificial, realizar análisis masivo de datos y generar algoritmos predictivos. Su idea era, en sus propias palabras, “eliminar cualquier margen de error humano”.
El problema ha llegado en el momento de la implementación. Musk pretendía contratar ingenieros de SpaceX, Tesla y Neuralink para supervisar el sistema, pero muy pocos aceptaron la oferta. La administración recurrió entonces a subcontratas privadas, con personal mal formado y procesos opacos que han terminado generando un caos en el sistema. El DOGE ha eliminado de golpe más de 10 millones de nombres de bases de datos públicas sin las comprobaciones adecuadas, y el resultado ha sido nefasto: miles de personas vivas han sido declaradas muertas y han desaparecido legalmente de los sistemas.
El caos ha sido tal, que la directora de la Seguridad Social nombrada por el mismo Trump, Michelle King, ha dimitido apenas un mes después del comienzo de su mandato, mostrando su preocupación por la falta de supervisión y la rapidez con la que se han implementado los cambios, lo que, según ella, ha resultado en una "espiral de muerte" para la agencia.
Una crisis que nadie asume
Una crisis que nadie asume
Según los datos de la propia SSA, desde comienzo de año, unas 600 personas son incluidas cada mes por equivocación en el Archivo Maestro de Defunciones del Seguro Social, por razones que van desde errores administrativos hasta información incorrecta.
“Estar muerto no es para tanto, si de verdad lo estás; pero si sigues vivo, es un desastre”, explica Richard VanMetter, un físico jubilado de 76 años que vivió su particular pesadilla en unas vacaciones en Florida, cuando su tarjeta fue rechazada al intentar pagar un sándwich de seis dólares. Al llamar a su banco para comprobar lo ocurrido, descubrió que oficialmente estaba muerto.
“Estar muerto no es para tanto, si de verdad lo estás; pero si sigues vivo, es un desastre”, explica Richard VanMetter, un físico jubilado de 76 años que vivió su particular pesadilla en unas vacaciones en Florida, cuando su tarjeta fue rechazada al intentar pagar un sándwich de seis dólares. Al llamar a su banco para comprobar lo ocurrido, descubrió que oficialmente estaba muerto.
Organismos de derechos civiles como la ACLU han denunciado que las personas mayores, inmigrantes y ciudadanos en situación precaria son las principales víctimas de esta descomposición burocrática. Algunos de los trabajadores de la SSA advierten bajo el anonimato -por miedo a un posible despido - que, en contra de su voluntad, solo en el mes de abril más de 6.000 inmigrantes vivos fueron incluidos en el registro federal de defunciones, como parte de una maniobra del Departamento de Seguridad Nacional para presionarles a abandonar el país.
Los afectados, sin acceso a bancos, alquileres, empleo o atención médica, se ven de la noche a la mañana convertidos en fantasmas administrativos, y la respuesta gubernamental es nula. “Las recientes actualizaciones del Archivo Maestro son parte de los esfuerzos continuos de la agencia (DOGE) para mejorar la precisión de sus datos y prevenir el fraude”, ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, cuando se le ha preguntado al respecto, sin mencionar siquiera los errores que están cometiendo.
Los afectados, sin acceso a bancos, alquileres, empleo o atención médica, se ven de la noche a la mañana convertidos en fantasmas administrativos, y la respuesta gubernamental es nula. “Las recientes actualizaciones del Archivo Maestro son parte de los esfuerzos continuos de la agencia (DOGE) para mejorar la precisión de sus datos y prevenir el fraude”, ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, cuando se le ha preguntado al respecto, sin mencionar siquiera los errores que están cometiendo.
Para Leonard Johnson, Richard VanMetter y millones de ciudadanos más, lo que empezó como un simple error administrativo se ha convertido en una lucha diaria por recuperar su identidad. Sin acceso a su dinero, su médico o su propio nombre en los registros oficiales, se enfrentan a un sistema incapaz de corregir sus propios fallos. Mientras las autoridades insisten en hablar de ajustes técnicos y mejoras en la gestión de datos, quienes han sido dados por muertos solo piden una cosa: volver a existir.
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