La Diaria informo de una excelente propuesta para abatir el supuesto déficit del BPS, pero la derecha, enemiga de los trabajadores es difícil que la aplique, para ellos la culpa es de los trabajadores activos y jubilados.
El Director por los trabajadores presentó en el Senado tres propuestas para reducir la asistencia financiera al BPS
6 de septiembre de 2021
Ramón Ruiz estima que se podría llegar a unos 500 millones de dólares, un monto similar a la asistencia financiera de Rentas Generales desde 2017.
Mientras el oficialismo negocia los puntos más dificultosos de la reforma jubilatoria y se encamina a aprobar una nueva prórroga del plazo para entregar el documento con recomendaciones, que vence el 20 de setiembre, en la Comisión de Expertos en Seguridad Social en paralelo surgen otras propuestas que buscan incidir en la denominada asistencia financiera que recibe el Banco de Previsión Social (BPS), esto es el monto que transfiere Rentas Generales al organismo para que pueda hacer frente al pago de jubilaciones y otras prestaciones.
El director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, presentó días atrás a los senadores de todos los partidos 3 propuestas para reducir esa asistencia financiera en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas.
El equipo en representación de los trabajadores ya había acercado (sin éxito como era esperable) estas iniciativas cuando el tema se discutió en Diputados.
En 2020, esa asistencia financiera al BPS ascendió a unos 604 millones de dólares, y desde 2017 es superior a los 500 millones.
El BPS, al igual que otros subsistemas, como la Caja Militar, tiene mayores egresos que ingresos, aunque mientras el BPS paga unas 800.000 pasividades, la Caja Militar paga unas 55.000. gastando una suma similar.
Las medidas propuestas son 3 y disparan distintos procedimientos: una exonera al BPS de un pago que realiza a la Dirección General Impositiva (DGI) por el servicio de recaudar un impuesto con destino al primer organismo
Otra establece que dejen de considerarse como pérdidas en la contabilidad del BPS las exoneraciones de aportes patronales que surgen de la Constitución o de leyes aprobadas por el Parlamento.
La tercera habilita al BPS a cobrarle a las AFAP por la actividad que realiza para ellos, esto es la transferencia del dinero que corresponda de cada sueldo de un afiliado.
Exoneración de pago a DGI
La primera propuesta está vinculada a la Ley 16.697, que estableció cambios impositivos en 1995 y elevó de cinco a siete los puntos del IVA que se destinan al BPS, con el objetivo de equilibrar los números de ingresos y egresos del organismo en aquella época. Además, también va al BPS el impuesto de asistencia a la seguridad social, creado dentro de la reforma tributaria de 2008 y que hoy pagan por franjas progresivas, igual que el impuesto a la renta de las personas físicas, las jubilaciones mayores a 38.961 pesos.
La recaudación de ambos la hace la DGI y, según una ley de 1967, cuando este organismo cobre impuestos “que tengan destino específico o afectación de carácter legal”, deducirá –es decir, se quedará– con 5% por “compensación de servicios y gastos de recaudación”.
Ese 5% implicó que la DGI no vuelque al BPS 87 millones de dólares y, por lo tanto, Ruiz propone que a través de la Rendición de Cuentas se exceptúe ese pago.
El director del BPS en representación de los trabajadores planteó a los senadores como antecedente reciente que en 2019, cuando la DGI asumió el cobro del impuesto de primaria, se estableció una exoneración de ese 5%, que la ANEP no paga.
Exoneración de aportes patronales
La segunda medida apunta a los efectos contables en las finanzas del BPS.
De la asistencia financiera de 600 millones de dólares en 2020, el equipo en representación de los trabajadores considera que una parte surge de exoneraciones de aportes patronales, es decir, no por una mala gestión del BPS o porque en Uruguay hay un envejecimiento de la población que afecta los números del instituto.
El director por los trabajadores define a estas exoneraciones que surgen de la Constitución o leyes específicas como “una herramienta de política económica que utiliza el Poder Ejecutivo de turno” para incentivar a determinados rubros. Por ejemplo, tienen regímenes de aporte reducidos las empresas públicas, la Universidad de la República y la construcción, que tiene el llamado “aporte unificado”, que varía según el nivel de mano de obra; pero además tienen exoneración total parte de las líneas de transporte, las mutualistas, los centros de enseñanza privada, las instituciones culturales y cualquier culto religioso.
El representante de los trabajadores en el BPS aclaró que “no cuestiona la utilización de esta herramienta, pero sí el hecho de que los costos se imputen al presupuesto de la seguridad social administrada por el BPS”, cuando se trata de algo resuelto por el Poder Ejecutivo.
Según un informe interno del BPS que publicó El País, en 2017 el BPS dejó de recaudar por las exoneraciones de aportes patronales 198 millones de dólares.
Cobro del BPS de las AFAP
Las AFAP funcionan desde 1996 en Uruguay, y en 2005 el BPS estableció un cobro por ese servicio, pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) lo anuló tras no avalar la interpretación que hizo el organismo público. Esto porque el BPS entendía que un decreto le daba la potestad de cobrar ese dinero y para las AFAP, que llevaron el caso al TCA, eso no surge de la ley de creación del sistema mixto.
En este caso, el equipo propone que se sancione una ley “que salve la objeción establecida por la Justicia y permita al BPS hacer efectivo el cobro de parte de los costos que incurre”. El director del organismo sostiene que “son sociedades anónimas con fines de lucro, por lo que no existe fundamento para que el Estado asuma gran parte de sus costos”.
En diálogo con la diaria, Ruiz estimó que las dos primeras medidas, que son las más fáciles de cuantificar porque hay números, sumarían unos 300 millones de dólares al año. Según dijo, en el caso del cobro a las AFAP no hay una referencia, pero prevé que podrían ser unos 200 millones más, por lo que se llega a unos 500 millones de dólares –la asistencia financiera son 600 millones de dólares–.
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