La comisión del Senado que trata la Ley de Urgente Consideración recibe a representantes de la Asociación de Guardaparques, que junto a organizaciones ambientales y académicos manifestaron su preocupación por dos artículos del proyecto que afectan a la creación de áreas protegidas en el país. El presidente Luis Lacalle Pou se refirió días pasados por primera vez a estos dos artículos de la ley referidos a áreas protegidas .
Los artículos marcan un cambio en la ley sobre las AP al incluir como requisito que los propietarios de las tierras den su consentimiento, algo que según los críticos limitará seriamente el ingreso de nuevas áreas.
En Cerro Largo, el presidente dijo que "valora y cree en las áreas protegidas", pero agregó:
"Si nosotros vamos a áreas protegidas de demasiada extensión, primero no las vamos a hacer cumplir con toda la normativa y termina siendo injusto para los pobladores de la zona. La definición personal (...) es tener zonas de menor dimensión pero que cumplan a cabalidad con lo que debe ser un área protegida".
¿Es viable un sistema de áreas protegidas de pequeña dimensión pero con un control más efectivo que el actual? ¿Cuál es el modelo que siguen otros países y cómo está Uruguay en comparación?
La superficie terrestre bajo protección del SNAP, con 17 áreas ingresadas, es hoy de 334.125 hectáreas, incluyendo las superficies terrestre y marina, alcanzando al 1,05% del territorio. Si se consideran las "zonas adyacentes intermedias", aunque estrictamente no son parte de las áreas protegidas, este porcentaje sube a 3.4%, según cifras del Banco Mundial a 2018.
Si uno analiza las cifras oficiales de áreas protegidas en todo el mundo, aportadas por esta institución, Uruguay se encuentra en el lugar 181 del mundo.
Si tomamos como ejemplo a los países que están al tope del Índice de Performance Medioambiental, vemos que ninguno baja del 10% de porcentaje de áreas protegidas y la mayoría se encuentra entre el 20 y el 40%.
Uruguay, como Estado Parte de la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, firmó el pacto de las Metas Aichi de la Convención sobre Diversidad Biológica 2011-2020. La meta 11 establecía que los países tuvieran al menos 17% de las áreas terrestres y aguas continentales bajo alguna clase de protección (no necesariamente áreas protegidas)-
De forma y de fondo
Uno de los representantes de las organizaciones que serán recibidos hoy en el Parlamento es el biólogo y guardaparques Ramiro Pereira, exdirector del área protegida Valle del Lunarejo. Junto a él irán Mariana Pirez, Gonzalo Larrobla y Bettina Amorin, de la Asociación de Guardaparques.
Se mostró en desacuerdo con la idea del presidente de tener áreas pequeñas pero bien protegidas, ya que eso es "desconocer cuáles son las funciones de las áreas protegidas".
"El tamaño no tiene por qué ser contrapuesto a la efectividad, eso es una falacia", comentó, y aclaró que "para eso se hacen evaluaciones del cumplimiento de los objetivos de las áreas". Apuntó que el tamaño es una de las necesidades del área (porque tiene que conservar un ecosistema, o una zona de recarga de un acuífero) y también que sea efectiva.
"Los temas que deberían cubrir un sistema de áreas protegidas son: representatividad (desde especies a ambientes o ecosistemas), importancia para la biodiversidad (sitios con muy alta biodiversidad o con abundancia de especies endémicas), conectividad entre áreas (esto depende para cada grupo taxonómico), efectividad de manejo (esto se evalúa dependiendo de las categorías de manejo y los objetivos de conservación fijados), y por último peor no menos importante, la superficie incluida en el sistema", apuntó.
Aclaró que quizá es más sencillo tener muchos lugares pequeños como áreas protegidas, pero "seguramente así no vas a tener una buena representatividad de ecosistemas o no vas a poder conservar un ecosistema completo en un área chica".
¿No se cumplieron cabalmente los objetivos de las áreas desde que ingresaron al sistema? Pereira no puede ser concluyente al respecto, pero opinó que se categorizaron mal algunas áreas y por lo tanto en esos casos no se lograron los mejores resultados, algo que "puede modificarse redefiniendo categorías".
"Lo que no se ha logrado controlar no es por falta solo de competencias, sino principalmente por falta de recursos (humanos y materiales) y de apoyo político e institucional (poco peso para la normativa del medio ambiente y poco respaldo desde las potestades y desde jueces y fiscales, así como poca rigidez desde el ministerio para fiscalizar y multar)", opinó.
Para el biólogo, el problema es el concepto que tienen algunos políticos de las áreas protegidas (AP), que es el de Yellowstone, "un área totalmente cerrada a la gente salvo por el turismo y la investigación". "Hay que entender que las AP tienen distintas categorías de manejo que permiten toda una gama de actividades dentro de ellas y en sus zonas adyacentes que permiten tomarlas como ejemplos del desarrollo sostenible", apuntó, en el sentido de que no tienen por qué chocar el interés público y el privado por agregarse un área al sistema.
En su presentación de esta tarde, los representantes de las organizaciones plantearán que es un error que se busque reducir la superficie de áreas protegidas o "apuntar a la creación de áreas protegidas pequeñas sin capacidad de mantener procesos ecosistémicos o poblaciones de especies".
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