En ese momento no ocurrió nada, pero años después fue detenido por participar en dicha protesta contra el Gobierno. Pasó cuatro años en prisión antes de ser acusado formalmente y, ahora que ha cumplido la mayoría de edad, la Fiscalía del país pide para él la pena de muerte.
En Arabia Sudita están prohibidas las manifestacionesantigubernamentales y muchas veces los asistentes acaban detenidos y acusados de terrorismo. Uno de los delitos que se le imputan a Murtaja Qureiris es, justamente, pertenencia a una banda terrorista.
También se le acusa de haber acudido, cuando tenía 11 años, al funeral de su hermano mayor, que fue asesinado por las fuerzas saudíes durante un acto electoral. La familia de Qureiris es conocida por su activismo contra lo que consideran un trato injusto hacia la minoría chií del país
Murtaja Qureiris durante una "bicicletada" cuando tenía menos de 13 años. Fotograma vídeo CNN
El motivo por el que uno de los cargos contra Qureiris es haber acudido al funeral de su hermano es que las fuerzas de seguridad consideran que el acto se convirtió en una marcha contra la Familia Real.
Qureiris continúa en la cárcel y está a la espera de conocer el veredicto del tribunal que determinará si será ejecutado. Además, el Estado solicita que su cuerpo sea crucificado o desmembrado una vez muerto.
Su defensa denuncia que fue forzado a ofrecer una confesión"con la falsa promesa de que sería puesto en libertad". Tampoco se le permitió hablar con su abogado hasta la primera vista del juicio, que se celebró el pasado agosto, según explica El Mundo.
Restricción de derechos
El caso de Murtaja Qureiris no es el único en el país. Arabia Saudí es uno de los países más restrictivos en cuanto a libertades se refiere. Según el informe de 2017-2018 de Amnistía Internacional, las detenciones y reclusiones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad son frecuentes, sobre todo, tras actos de protestas.
Además, desde que Mohamed bin Salmán fue nombrado Príncipe heredero en junio de 2017, se ha intensificado la política dura contra la minoría chií. Amnistía Internacional asegura que este grupo "continúa discriminado debido a su fe, lo que limita su derecho a la libertad de expresión religiosa y su acceso a la justicia, y restringe arbitrariamente otros derechos, como los relativos al empleo y los servicios públicos".
"Los activistas chiíes siguen expuestos a ser detenidos, encarcelados y, en algunos casos, condenados a muerte en juicios sin garantías", continúa en su informe. La tortura y los malos tratos también están generalizados para conseguir las confesiones y poder condenarles.
Solo en abril de este año se han ejecutado a 39 personas, la mayoría chiíes. Asimismo, según el grupo por los derechos humanos Reprieve, (Indulto en inglés) tres de los asesinados habían cometido sus crímenes cuando eran menores de edad, como es el caso de Murtaja Qureiris.
"Hay otros muchos jóvenes en el corredor de la muerte saudí con un riesgo inminente de ejecución por ejercitar su derecho a la libertad de expresión. Los socios occidentales del reino deberían exigir justicia para todos ellos", ha declarado al diario El Mundo,Maya Foa, directora de Reprieve.
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