Islandia siempre ha ido por delante en políticas de igualdad. En 2017, se mantiene como el país con menor brecha de género, según datos del último Informe Global de la Brecha de Género 2017 elaborado por el Foro Económico Mundial, un título que ostenta desde hace 9 años. Sin embargo, en 2018 el país nórdico da un paso más y se convierte en la primera nación en el mundo en contar con una ley que exigirá a las empresas que demuestren que sus empleados cobran el mismo sueldo por el mismo trabajo realizado, con independencia de su género, etnia, sexualidad o nacionalidad.
La medida pionera -aprobada por el Parlamento a principios de abril y que entró en vigor a partir del 1 de enero- afectará a las compañías privadas y a los organismos públicos que tengan en plantilla a al menos 25 trabajadores. Si no certifican que se ajustan a las nuevas políticas de paridad salarial tendrán que hacer frente a sanciones económicas.
Desde la Asociación Islandesa por los Derechos de la Mujer recuerdan que la lucha legal por cerrar la brecha salarial viene de lejos. "Islandia ya tenía una legislación que se supone garantiza la igualdad salarial. De hecho fuimos el primer país en aprobar leyes de este tipo hace más de medio siglo, en 1961. En ese momento, el Parlamento islandés tenía la esperanza de que se alcanzaría la igualdad de remuneración completa en solo seis años, en 1967. Quizás una esperanza ingenua, pero ¿qué podíamos esperar de un cuerpo legislativo que en ese momento tenía solo dos mujeres miembros?", explican en su página web.
Hoy, las mujeres representan el 48 % del Alþingi, el Parlamento islandés, y el país está liderado desde noviembre por Katrin Jacobsdottir, una de las 19 jefas de Estado o de gobierno del planeta Tierra, de los 193 países que hay en el mundo.
Desde el inicio de la publicación de informes anuales elaborados por el Foro Económico Mundial sobre igualdad de género en 2006, Islandia ha cerrado su brecha de desigualdad en un 10%, una de las evoluciones más rápidas en comparación con otros países.
En el año que ha terminado esta nueva ley robustece la larga lucha por erradicar definitivamente la brecha de género en el país y puede servir como modelo legal para otras democracias.
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