El pleno invocó el artículo 349 de la Constitución de 1999, llamada ahora "la pionera" por el oficialismo y cuya redacción fue supervisada por el entonces presidente Hugo Chávez, para apuntalar el decreto y enviar el mensaje de que son la autoridad suprema del país.
Dicho artículo, incluido en el apartado sobre el proceso para reescribir la Carta Magna, señala que "el presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución". Y agrega: "Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente".
Según el decreto aprobado, la nueva Asamblea podrá también "decretar medidas sobre las competencias, el funcionamiento y la organización de los órganos del poder público, que deberán ser acatadas de inmediato y limitar o decidir la cesación de las autoridades que conforman [esos órganos]".
Aristóbulo Istúriz, primer vicepresidente del Parlamento oficialista, recalcó, por si quedaba alguna duda: "Los organismos del poder público están obligados a cumplir los actos jurídicos que emanen de la Constituyente".
Cuando finalizó la sesión, en la que también se aprobó un acuerdo de respaldo a Maduro, Istúriz quiso matizar lo que muchos consideran una amenaza a todas las dependencias del Estado. "Nosotros podemos reformar, limitar las funciones, pero no estamos amenazando a nadie. Estamos haciendo un esfuerzo para buscar la convivencia", afirmó.
La Constituyente ha confirmado los temores de los críticos del régimen que veían el proyecto como una estrategia del chavismo para garantizarse no tener que entenderse con sus adversarios para gobernar. El sábado, tras la destitución de Ortega Díaz, la nueva Cámara nombró al hasta entonces defensor del Pueblo, Tarek William Saab, al frente de la Fiscalía.
Poderes paralelos
El proceso de la Constituyente corresponde a una costumbre que inauguró Chávez, quien cada vez que perdía una votación nombraba autoridades paralelas y despojaba de sus competencias a las elegidas mediante el voto democrático. Lo hizo, por ejemplo, con la creación en 2009 del cargo de jefe de Gobierno del Distrito Capital, designado por el presidente y que surgió como respuesta a la derrota electoral en la alcaldía de Caracas en 2008.
La Asamblea Nacional democrática, dominada por la oposición, volvió a reunirse ayer en el Palacio Federal Legislativo con el aval que supone el apoyo de los países más influyentes de América, cuyos cancilleres estaban reunidos en Lima. Veinticuatro horas antes se había celebrado el pleno de la Constituyente en el mismo edificio.
En rigor, el legítimo Parlamento tiene muy poco margen de maniobra porque está en desacato según una decisión del Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, y apenas se reúne como un foro político con parlamentarios opositores y cuatro desertores del chavismo.
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