El directorio del Banco República definió ayer cerrar
todas las cuentas de las farmacias relacionadas con la venta de
marihuana lo que supone un golpe en la propia interna del gobierno al
plan de venta de cannabis. El motivo es que los dueños del planeta, es decir los yanquis, no permiten a bancos de otros países tener cuentas de estos comercios, aunque en el propio USA en gran parte de los estados la marihuana es actualmente de venta legal. Así funciona el imperialismo económico. Es decir que la "famosa" ley de contralor financiero que obliga a manejar todo el dinero por intemedio de cuentas bancarias, solo sirve si del imperio más cercano a nosotros no les dan el stop.
El presidente del Banco República, Jorge Polgar, dijo al diario El Observador que "la institución no mantendrá relaciones comerciales con las farmacias autorizadas a vender marihuana". Esto se da porque, agregó, "provocaría el aislamiento financiero del BROU, y de sus clientes, impidiéndole realizar cualquier tipo de operación con contraparte internacional. quedarían inhabilitadas, or ejemplo, la realización de transferencias, operaciones de comercio exterior, y la comrpa y venta de valores en el exterior", agregó Polgar.
Representantes de las farmacias que venden marihuana en Montevideo se reunieron ayer con representantes de Presidencia para encontrar una solución a la incompatibilidad de su negocio con la actividad bancaria.
El gobierno planteó la viabilidad de trabajar con cooperativas o el uso de redes de cobranza. Es que el trabajo con bancos "es complejo" y solo es "viable" si Estados Unidos de América cambia su legislación, señaló el presidente del directorio del Banco Central de Uruguay, Mario Bergara.
La alternativa planteada por el gobierno no convenció al dueño de la farmacia Pitágoras, de Malvín Norte, que ya anunció que dejará de vender cannabis.
Las 12 farmacias del interior, en cambio, hasta el momento "no han tenido problemas y las movidas que están haciendo los de Montevideo no" los representa, dijo un directivo de la Asociación de Farmacias del Interior.
Pablo Durán, el abogado que asesora a las de la
capital, explicó que en Estados Unidos hay 29 estados que "están en
camino o ya legalizaron" la venta de cannabis. Por este motivo se pensó
que la traba financiera no sería un obstáculo en este proceso de
regulación.
Según Ruben Baler, integrante del Instituto Nacional de Abusos de Drogas de Estados Unidos (NIDA), Uruguay, "no puede depender" de lo que determine el gobierno de Donald Trump.
Baler explicó que en Estados Unidos de América casi todo el negocio de cannabis legal "se está haciendo en efectivo", dado que "no hay puntos de conexión entre la ley federal y las iniciativas de los Estados". Los estudios primarios en los estados en que se ha legalizado el cannabis, dijo Baler, demuestran que no ha crecido significativamente la prevalencia de consumo y que apenas hubo un "leve incremento" en las consultas por intoxicaciones.
Además, en el choque de intereses entra la inclusión financiera promovida por el gobierno. Es decir, no hay bancos que puedan tener clientes relacionados a la venta de marihuana, pero la empresa que venda cannabis está obligada a pagarle a través de bancos a sus trabajadores. Es una ecuación sin solución.
No habrá una alternativa en el sistema bancario hasta que Estados Unidos apruebe una ley que habilite a los bancos a trabajar con dinero obtenido del cannabis, comunicó el Banco Central.
Hasta ahora, esa droga está catalogada en ese país como sustancia controlada, en la misma categoría que el LSD, el éxtasis o la heroína.
Por lo tanto, el problema para la bancarización del negocio de la marihuana radica en que, a pesar de que en Uruguay la venta a través de las farmacias o la industria medicinal es una actividad totalmente legal, los bancos interactúan con otros instalados en países en donde la actividad es restringida, o incluso perseguida por ser considerada una droga ilegal.
En ese sentido, la realidad uruguaya colisiona con la normativa internacional que deben cumplir las instituciones financieras para la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Incluso, los bancos privados extranjeros que operan en Uruguay tienen un riesgo adicional, porque puede perjudicar la relación con su casa matriz.
Tanto el Scotiabank como el Santander ya informaron que no aceptarán a clientes cuyos fondos provengan del mercado de la marihuana.
A casi un mes de que las farmacias comenzaron a vender marihuana en Uruguay, una parte esencial del proyecto se derrumba.
El abogado de la Asociación de Farmacias, Pablo Durán, había anunciado días atrás que muchas farmacias temían quedarse por fuera del sistema financiero y que, si no surgía una solución, optarían por dejar de vender cannabis.
En manos estadounidenses
El gobierno tiene claro que el sistema financiero tradicional está imposibilitado de ser utilizado para la venta de marihuana en las farmacias, mientras Estados Unidos no cambie la normativa.
En ese país, más de 20 estados han legalizado el uso medicinal de la droga y otros ocho permiten el uso recreativo.
Sin embargo, las empresas que venden no pueden utilizar los bancos porque la sustancia aún es prohibida para la ley federal y esto les impide aceptar fondos originados, directa o indirectamente, por la venta de cannabis.
"La institución no mantendrá relaciones comerciales con las farmacias autorizadas a vender marihuana", dijo PolgarPor esa razón, deben utilizar cajas fuertes y bóvedas para mantener el dinero en efectivo seguro.
Una iniciativa presentada por el congresista yanqui Ed Perlmutter, representante del Congreso de Colorado, se propone como la fórmula de auxilio.
Fue mencionado por el presidente del BCU, Mario Bergara, en la reunión con el Centro de Farmacias del Uruguay.
El proyecto del congresista, presentado a fines de abril, se trata del denominado "SAFE Banking Act", una legislación que permitiría a los bancos tener cuentas de empresas relacionadas con la marihuana sin temor a sanciones por parte del gobierno federal. En una entrevista a The Cannabist, Perlmutter sostuvo que es optimista acerca de que el proyecto de ley obtenga aprobación entre los miembros del Congreso y que "hay demasiado peligro en la acumulación de dinero en efectivo".
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