Por primera vez en la historia del continente, un país de América Latina venderá marihuana de manera oficial: este miércoles 19 de julio, cuando abran los comercios en Uruguay, casi 5000 ciudadanos registrados como “adquirentes” podrán comprar marihuana “recreacional” en 16 farmacias del país a 1,30 dólar el gramo. En la foto flores de marihuana cuelgan de una cuerda mientras son cortadas y
preparadas en el Club Canábico Sativa en Montevideo, Uruguay. La droga, por ahora, está libre del impuesto al consumo (IVA). Así lo decidió el Estado, que fijó el precio para competir sobre todo con el cannabis que llega desde Paraguay y se comercia de manera ilegal (una marihuana prensada de calidad inferior, que abastece también a Brasil y Argentina).
Uruguay es el primer país del mundo que compró, germinó y entregó —en febrero de 2016— 4000 plantines de marihuana a dos empresas que las florecieron y cosecharon por primera vez en mayo de 2016. Las autoridades uruguayas dicen que ya tienen una existencia de 400 kilos de marihuana de calidad para vender en las farmacias.
Esta es la tercera forma de acceso a la marihuana prevista en la Ley 19.172, que reguló el mercado en este pequeño país suramericano en diciembre de 2013. Hasta este miércoles, los ciudadanos uruguayos mayores de 18 años interesados en acceder al cannabis legal podían elegir entre cosechar en su casa hasta medio kilo de marihuana al año o asociarse con amigos, conocidos o algún jardinero y plantar hasta 99 plantas hembras para llevarse una porción mensual de 40 gramos como máximo. Desde mañana también podrán optar por comprar en las farmacias hasta 40 gramos al mes.
El cannabis se comercializará en un empaque de plástico trilaminado con dos cierres. Uno tipo zipper y otro de seguridad para evitar perfumar las tiendas y preservar las características vegetales. El envoltorio, en color azul y blanco, tiene recomendaciones: usar el cannabis vaporizado, no mezclar con otras sustancias psicoactivas, evitar su consumo durante tareas de aprendizaje, de memoria o en el embarazo. El uso está prohibido para menores de 18 años.
El contenido del envase pesa cinco gramos. Las farmacias pueden almacenar hasta dos kilos en armarios amurados para evitar robos. También cuentan con un sistema de aviso a la policía.
Hasta el viernes anterior al comienzo de la venta había 4893 “adquirentes” registrados en las oficinas del correo estatal. El trámite para inscribirse no lleva más de cinco minutos y exige presentar cédula de identidad, comprobante de domicilio y responder una encuesta. Un escáner dactilar almacena las huellas de los usuarios en servidores informáticos para corroborar la identidad del comprador y que no se pasen de la cantidad permitida. El sistema usa la misma tecnología que los servicios financieros.
Las otras dos formas de conseguir cannabis también requieren registro.
Los farmacéuticos no tienen acceso a los datos personales del comprador. Solo sabrán si está habilitado a través de un lector de huellas digitales. Los datos están encriptados y el servidor se bloquea si alguien lo mueve.
La gestión de los datos sensibles fue uno de los puntos débiles del proceso y recibió críticas durante los debates sobre la regulación del mercado de cannabis.
Diego Olivera, secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND) —una agencia que depende de la presidencia del país—, admite que “el registro es una restricción. Por más que se otorguen todas las garantías de protección de datos exige un nivel de confianza hacia las instituciones que no todo el mundo tiene necesariamente”.
Las cifras le dan la razón. De las 161.475 personas que la Junta Nacional de Drogas estima que usan marihuana al menos una vez al año, solamente unas 5000 se registraron para comprar en farmacias.
En diciembre de 2013 el parlamento votó la ley para regular el cannabis. En 2014 empezó a funcionar el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) que habilitó, en primer lugar, el registro para el cultivo hogareño. Desde entonces, 6942 personas confiaron sus datos al Estado para poder sembrar, cultivar, cosechar y almacenar hasta 480 gramos anuales de marihuana por hogar.
El mismo año comenzaron a funcionar también los clubes de membresía. Entre 15 y 45 personas pueden formar una asociación civil para plantar marihuana legal y acceder a 40 gramos mensuales por socio.
La economía del cannabis
El principal argumento que el gobierno del expresidente José Mujica repitió para impulsar la reforma a las políticas de drogas era que había que quitarle una porción del mercado al narcotráfico
La Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay le arrebató en 2016, en total, 4373 kilos de marihuana al narcotráfico, fundamentalmente material paraguayo prensado.
La legalidad parece que será más efectiva que la policía para quitarle utilidades al narcotráfico.
Si las farmacias vendieran las cuatro toneladas de marihuana que comienzan a comercializar esta semana (cada empresa puede producir un máximo de dos toneladas anuales), el consumo total de cannabis legal, en las tres modalidades previstas por la ley, sobrepasará ampliamente las incautaciones policiales.
Esto bajo el supuesto de que los 63 clubes de cannabis acopien su máximo posible (1200 kilos) y que los autocultivadores cosechen cada gramo de su cuota legal (3192 kilos). Estas cantidades ya pisan los talones a los números de la policía. Si además los adquirientes consumen las cuatro toneladas, el cannabis legal duplicará los resultados de la policía.
Cuando los casi 5000 usuarios de las farmacias entren al mercado regulado, un cuarto de la demanda total del país será legal, de acuerdo con las estimaciones de Monitor Cannabis, un núcleo académico multidisciplinario dedicado a estudiar al nuevo mercado regulado, que funciona en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR) y coordina investigadores de distintas universidades.
Economía de Estado
En Uruguay, el Estado dirige el negocio cannábico. La ausencia de publicidad y el énfasis en la prevención estrangulan cualquier estrategia comercial por fuera de las ideas gubernamentales. Uruguay compró las semillas en España y las germinó en el Instituto Nacional de Semillas.
En agosto de 2014 se realizó el llamado a licitación pública abierta internacional para elegir dos postulantes —se presentaron 22— para cosechar y distribuir; pero no para vender.
Cuando necesiten renovar existencias, las farmacias se comunicarán con la agencia de regulación. El IRCCA entonces hará el pedido a las empresas. Las restricciones están hechas a la medida de un pequeño país con tradición estatal.
La inversión inicial prevista de Simbiosys, una de las dos licenciatarias, fue de 1.700.000 dólares el primer año. Las utilidades estimadas llegarían a medio millón de dólares en cinco años.
Las farmacias se quedarán con el 30 por ciento del precio final de venta. Otro 10 por ciento será para el Estado que recaudaría un millón de dólares anuales si los usuarios se fuman las cuatro toneladas previstas por años. Las dos licenciatarias, Simbiosys e International Cannabis Corporation (que cotiza en la bolsa de Valores de Toronto), se quedarán con 0,90 dólares por cada gramo vendido. Son responsables del transporte y de todas las inversiones necesarias para hacer crecer las plantas, cosecharlas y distribuirlas.
Las empresas tienen un monopolio sobre el canal de distribución, pero no pueden hacer publicidad de las dos variedades comercializadas bajo los nombres genéricos de Alfa y Beta. Cada variedad corresponde a los dos tipos de marihuana que el Estado entregó a las empresas. Las plantas germinaron en el Instituto Nacional de la Semilla y las empresas cosecharon sus frutos. Alfa es un híbrido de la subespecie índica, una cepa más bien de relax, introspectiva. En Beta predomina la subvariedad sativa, asociada al humor.
Las dieciséis farmacias no cubren todo el territorio uruguayo. Pero hay veinte más con intención firme de comenzar a la brevedad y otras esperando conocer cómo se mueve el producto.
Un manifestante enciende un cigarrillo de marihuana durante una protesta frente a la sede del gobierno uruguayo, en Montevideo, para exigir una aplicación más rápida de la ley que regula la producción y venta de marihuana, el 5 de mayo de 2017. CreditMiguel Rojo/Agence France-Presse La regulación del cannabis en Uruguay no ha sido en todos sus aspectos como muchos la imaginaban. El gobierno no ha presentado los informes técnicos de evaluación y monitoreo que exige la ley. El comité científico hace meses que no se reúne y tampoco se han conformado algunas comisiones necesarias para la implementación de la ley.
A pesar de la nueva reglamentación, existieron casos de cultivadores legales allanados. La policía no respetó el manual de procedimiento que los obliga a cuidar las plantas en custodia y, si fuera el caso, devolverlas en óptimas condiciones.
Para Gianella Bardazano, profesora del Instituto de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Universidad de la República (UdelaR), también existe una “ideología judicial” relacionada con la edad y la formación de los magistrados. Algunos jueces, explica, “le atribuyeron el peor de los sentidos” a la modificación del estatus legal del cannabis.
“El consumo recreativo para ellos no existe; son adictos”, señala la investigadora especializada en políticas de drogas.
Algunas hipótesis muestran que la regulación, en vez de aumentar el consumo como algunos temían, no disparó el uso: eso ocurrió durante los últimos diez años de prohibición. Desde 2012 se observa una meseta levemente ascendente.
A partir de 2003 crecieron los procesados por delitos contra las leyes de drogas en Uruguay. En 2012 llegaron a 12 por ciento. Desde entonces, fluctúan entre 9 y 11 por ciento. “El mercado y sus actores llegaron a un punto de estabilidad donde no hay crecimiento”, interpreta Marcos Baudean, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad ORT, integrante de Monitor Cannabis.
Una de las últimas polémicas en Uruguay es que las variedades disponibles en las farmacias tienen un bajo porcentaje de THC, principio activo responsable del “viaje” de la marihuana: un 2 por ciento, cuando las variedades más habituales tienen como piso un 10 por ciento.
La decisión responde a una visión sanitarista que encarnó el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, dijeron fuentes del proceso. Pero el IRCCA tiene cinco variedades más que están siendo testeadas para incorporar a las farmacias. Su máximo valor de THC será de 8 por ciento, confirmaron desde el instituto regulador.
Otro de los puntos que ha generado sospechas y ha alimentado teorías conspirativas —desde que nunca se iba a cumplir con la venta prevista en la ley hasta que las semillas iban a ser de Monsanto porque había intereses en juego— fue el silencio oficial que mantuvo el gobierno durante todo el proceso, tal vez como estrategia defensiva.
De Uruguay a Latinoamérica
Desde que el expresidente José Mujica propuso regular, especialistas, activistas, académicos, periodistas y políticos de todo el mundo llegaron a Uruguay para conocer la experiencia del país. Uno de ellos fue Andrés López Velasco, director del Fondo Nacional de Estupefacientes de Colombia, responsable gubernamental de que la marihuana medicinal funcione en su país.
En 2016 Colombia votó la Ley 1.787 para la investigación científica y el cannabis medicinal. López explicó a The New York Times en Español que prestaron atención a la legislación uruguaya para desarrollar cáñamo industrial. En Uruguay ya se entregaron siete licencias para este cannabis sin efecto psicoactivo, pero con usos textiles y de alimentación, entre otros.
“En las variedades que tienen THC para uso medicinal aquí [en Colombia] establecemos la obligatoriedad de que todo se procese en aceites y extractos”, explicó López. Algo que Uruguay todavía no ha podido lograr a pesar de haber sido el primer país latinoamericano en aprobar una ley y su reglamentación para el cannabis medicinal.
Colombia está por hacer el llamado para poner en funcionamiento la fabricación y venta de cannabis medicinal. A un año de aprobada la ley, los laboratorios y las universidades ya testean cannabis medicinal para estandarizar la producción de aceites. En Uruguay, a cuatro años de la ley, la marihuana medicinal brilla por su ausencia ante los reparos que el Ministerio de Salud Pública (MSP) muestra en cada discusión interna.
México, por otra parte, consiguió eliminar la penalización del uso de cannabis medicinal a finales del año pasado. “Todos estamos mirando a Uruguay para ver cómo va la venta en farmacias. Uruguay permite visualizar entre modelos, comparar y sacar una idea de la regulación preferida”, señala Zara Snapp, consultora en políticas de drogas con base en México.
“Lo que pasó en Uruguay sirve para relativizar el peso de los tratados de control de sustancias. Uruguay relativizó el peso de los tratados en general”, opina Catalina Pérez Correa, socióloga y antropóloga de asuntos jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México, que discute activamente sobre regulación de mercados de drogas en México.
“Frente a cien años de prohibicionismo se creó un sistema nuevo y es un gran logro. Hay un debate en todo el mundo donde también son muy lentas las iniciativas para regular los mercados y romper el prohibicionismo rígido. Uruguay lo está rompiendo y está ensayando con coraje cívico un nuevo sistema”, opinó Milton Romani, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) en dos periodos y exembajador de Uruguay ante la OEA.
El modelo uruguayo está empezando a caminar en una región que, muy tímidamente, apenas tocó sus marcos normativos. Los porcentajes de THC, el registro y las carencias institucionales podrían mejorar. “Hay una curva de aprendizaje”, repiten desde el IRCCA.
“El paso del tiempo irá dictaminando cuáles de las restricciones tienen que mantenerse y cuáles pueden evolucionar o eventualmente flexibilizarse”, señala Olivera, el actual secretario de la JND.
“Es la primera vez que se hace algo de esto en el mundo”, dice Sebastián Aguiar, doctor en Sociología y coordinador de Monitor Cannabis, “es muy difícil que todo salga bien”.
El 19 de julio, Uruguay se convertirá en el primer país de América Latina en el cual será posible entrar a una farmacia para comprar de manera legal un sobre de marihuana de cinco gramos. Más que eso, la marihuana es producida por el mismo Estado uruguayo, que igualmente le pone un sello de garantía de calidad.
Desde la aprobación de la llamada ley de la marihuana, en diciembre de 2013, mucha gente se pregunta cómo pudo ocurrir en este pequeño país de tan solo 3,4 millones de habitantes —apenas 160.000 dicen consumirla al menos una vez al año y solo 5000 se han registrado como consumidores regulares— y que está rodeado de otros países en los cuales la tradición católica y el conservadurismo de las costumbres todavía traban el avance de legislaciones relacionadas con los derechos civiles, como el aborto o el matrimonio homosexual, ambos también legales en Uruguay.
Muchos creen que la llamada ley de la marihuana (Ley 19.172), que legaliza plenamente la venta y el cultivo del cannabis, se debe solamente a la progresista gestión del ex guerrillero tupamaro José “Pepe” Mujica. Pero esto es una verdad parcial.
La propuesta que fue aprobada por el congreso uruguayo surgió durante el gobierno de Mújica.
Pero su concreción dependió de una constelación de hechos históricos que tomó décadas en formarse. Y el hecho principal es la excepcionalidad de la formación del Estado uruguayo, que ofreció el contexto ideal para que la iniciativa prosperara.
El territorio que hoy corresponde a ese país fue considerado por mucho tiempo por los conquistadores españoles como una tierra de nadie y fue ignorado por la Iglesia católica, que tardó en hundir sus raíces y predicar sus reglas en aquel lugar remoto, entonces conocido como la Banda Oriental.
Los uruguayos tuvieron la fortuna de formar su identidad en ese relativo vacío. Y también la de contar con un puerto que, a pesar de ser más pequeño que el de la poderosa Buenos Aires, les ofrecía el contacto con inmigrantes e ideas de varias partes del mundo.
Mientras hoy en toda América Latina se celebra la Semana Santa, en Uruguay tales días de fiesta son conocidos como “semana del turismo”.
Hace un siglo se oficializó en Uruguay la separación entre Iglesia y Estado. Por eso, no se ven crucifijos en los edificios y escuelas estatales.
Ser laico, al menos en la esfera pública, es uno de los orgullos de la cultura uruguaya, junto al hecho de haber ganado 2 mundiales de fútbol, 2 torneos olímpicos que en ese entonces se consideraban mundiales de fútbol, motivo por el cual en la camiseta de la seleción charrúa se lucen (autorizadas por la Fifa) 4 estrellas y producido al menos 3 artistas plásticos de proyección internacional: Juan Manuel Blanes, Pedro Figari y Joaquín Torres García.
Pero esa excepcionalidad no se habría dado sin el empuje de una acción política del dos veces presidente de la república, José Batlle y Ordóñez a principios del siglo XX, quien hizo aprobar leyes sumamente progresistas para la época, como la ley de 8 horas. La jornada de trabajo debía ser de 8 horas para todas las actividades, se prohibía el trabajo de los menores de 13 años, se limitaba la jornada de 19 años y se implantaba un día de descanso en la semana con 48 horas semanales como máximo en la semana. Ley sobre indemnización por despido la que establecía el preaviso del despido dos meses antes que se produjera y una compensación de acuerdo al lapso de trabajo.
Ley de la silla que obligaba a los patrones a establecer el suficiente número de sillas para que las empleadas, de ser posible, trabajaran sentada. Leyes sobre prevención e indemnización por accidentes de trabajo; establecía las disposiciones que debían tener en cuenta los patrones a evitar los accidentes y el pago de indemnizaciones si éstos se producían. Leyes sobre descanso semanal obligatorio; descanso dominical para empleados de la industria y el comercio y un día, después de seis de trabajo para los que no descansaban el domingo. Ley sobre salario mínimo para los trabajadores rurales; establecía $ 20 (de aquella época) mensuales para mayores de 18 años.
La creación de las pensiones a la vejez e invalidez; establecía que toda persona mayor de 65 años o de cualquier edad en caso de invalidez y que no tuviera recursos, tenía derecho a recibir una pensión del Estado. Leyes de divorcios. En 1907 y 1910 se estableció el divorcio por causal y por mutuo consentimiento, agregándose en 1912 el divorcio por sola voluntad de la mujer. La exoneración del pago de derecho de inscripción para cursos y exámenes para los estudiantes de Secundaria. La creación de la Sección femenina de Enseñanza Secundaria y Preparatoria la que fue denominada en forma popular "Universidad de las Mujeres". Batlle y Ordóñez no era partidario de la enseñanza separada por sexo; pero se aprobó esta medida transando con los prejuicios existentes en los sectores conservadores para brindar educación a las mujeres.
Las iniciativas batllistas en materia de legislación laboral representaron también un punto de enfrentamiento con los sectores empresariales y conservadores de la sociedad. Batlle manifestó una tolerancia –insólita para la época- con respecto a los obreros en huelga. Por ejemplo, durante los diez días que duró la huelga tranviaria de mayo de 1911, el gobierno obligó a las empresas a pagar multas por incumplimiento de los servicios y tomó medidas para impedir que los patrones sustituyeran a los huelguistas por nuevos trabajadores. Para los empresarios, Batlle estaba del lado de los obreros.
En 1927, Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica donde las mujeres pudieron votar —y fue también el primero en legalizar y reglamentar la prostitución—.
Los gobiernos de Batlle y Ordóñez también fueron nacionalistas, antimperialistas y aumentaron la participación del Estado en la economía. Cuando hoy se pregunta a un entusiasta del “batllismo” sobre la Ley de la Marihuana, no es raro oír la respuesta “pero eso no es novedad, ya estatizamos hasta el alcohol en el pasado”.
Y no es mentira. El presidente Batlle, preocupado por la calidad del alcohol que consumía la población, hizo que el Estado monopolizara su producción. La idea, repetida décadas después por Mujica con la marihuana, es que, al menos, consumiendo lo que era producido por el Estado, podría haber más control y mejores garantías de que los ciudadanos no estaban consumiendo un veneno.
Las dificultades que surgen en este momento, sin embargo, están vinculadas al hecho de que, a pesar de ser excepcional, Uruguay no es una sociedad homogénea. Así como en el interior del país hay médicos que se oponen, por “objeción de conciencia”, a realizar los abortos permitidos por la ley, obligando al gobierno a enviar médicos especializados desde Montevideo para realizar el procedimiento, no todos los uruguayos favorecen la venta de la marihuana en las farmacias.
Incluso algunos farmaceutas se resistieron a la idea, argumentando que sus establecimientos podrían ser atacados por pandillas de traficantes y exigieron que las tiendas que vendieran la droga tuvieran cajas fuertes y un “botón de pánico”, que hará sonar una alarma en la comisaría más cercana.
En esta foto de archivo, José "Pepe" Mújica, expresidente de Uruguay, saluda a un grupo de jóvenes reunidos con motivo de la Conferencia Anual de la Juventud, en Brasilia, Brasil, el 16 de diciembre de 2015. CreditEraldo Peres/Associated PressEl actual presidente, Tabaré Vázquez, médico oncólogo y socialista, pero conservador en materia de drogas, nunca vio la legislación con buenos ojos, a pesar de formar parte de la alianza de Mujica, el Frente Amplio. Sin embargo, también por tratarse de un político uruguayo, o sea, que respeta las leyes (mucho más que un argentino o un brasileño), Vázquez se comprometió a aplicarla por el solo hecho de haber sido aprobada por el congreso. Y lo está haciendo, a su manera: despacito y con discreción.
La marihuana en las farmacias llega al consumidor con advertencias como las que hay en varios países en los paquetes de cigarrillos, mostrando los efectos dañinos que la adicción puede causar. Las empresas contratadas por el Estado para producir la droga no pueden hacer publicidad ni poner sus nombres en los paquetes.
La marihuana uruguaya recoge la tradición batllista. No se trata de producirla para el lucro de las empresas ni del Estado, sino de buscar el bienestar colectivo. Y, en ese sentido, es un experimento positivo en un continente marcado por la guerra contra el narcotráfico por la cual vemos desangrar a México y Colombia desde hace tantos años.
Y esto le da buena prensa a nuevas vías para debatir el tema de la adición y de la legalización de las drogas en una región muy conservadora, que todavía las ve como un gran tabú. Si hoy la marihuana con fines medicinales es legal en Chile, Colombia, México y Argentina, es en parte por el ejemplo uruguayo.
En un mundo como el de hoy, encontrar una solución pacífica para un tema tan conflictivo, ya es un motivo de celebración. Y en este caso también un logro más de la excepcionalidad uruguaya.
Sylvia Colombo es corresponsal en Latinoamérica del diario Folha de São Paulo y está basada en Buenos Aires.
No hay comentarios:
Publicar un comentario