El acoso del régimen de Nicolás Maduro contra sus adversarios se acrecienta a medida que recrudecen las protestas opositoras y la condena internacional. El Saime, la oficina nacional de migraciones, canceló ayer el pasaporte del ex candidato presidencial el abogado Henrique Capriles Radonski (Caracas, 11-07-1972), quien tenía previsto viajar a Nueva York desde el aeropuerto de Maiquetía, la principal terminal aérea de país, para entrevistarse hoy con Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es el 6to. opositor al régimen al que se le impide viajar en 2017.
El gobernador del Estado de Miranda no ha comunicado las explicaciones que ofrecieron las autoridades para anularle el documento, que estaba vigente hasta 2020, pero calificó la medida “como un robo” de su documentación. A través de la aplicación Periscope transmitió el procedimiento.
El vídeo muestra a Capriles cuando increpa a los funcionarios de Migraciones y exige que se le anule el documento para que no sea manipulado. Poco después, fuera del área de embarque, el dirigente notificó que no podría viajar a Nueva York y que se incorporaría a la manifestación opositora de ayer.
La anulación de pasaportes en la aduana es el reciente modus operandi del régimen chavista para evitar que crezca la condena internacional sobre Maduro, acosado por el multitudinario repudio de los venezolanos dentro y fuera del país en el último mes. Con la televisión local plegada a los intereses del Gobierno y el bloqueo de las señales informativas internacionales por parte de Conatel, el organismo rector de las telecomunicaciones, el régimen busca ahora impedir la presencia de periodistas y dirigentes opositores en los foros que se organizan fuera del país para conocer el alcance de la crisis, que ha dejado 44 muertos y cientos de heridos en 45 días de protestas.
En el pasado, el Gobierno conseguía la forma de impedir que los opositores lo desprestigiaran en el exterior porque controlaba el Ministerio Público. Le sucedió a la dirigente María Corina Machado. Hace tres años, un tribunal, a solicitud de la Fiscalía, acordó prohibirle la salida del país porque la investigaba como parte de la trama de los violentos sucesos del 12 de febrero de 2014, una causa en la que resultó condenado el opositor Leopoldo López a 13 años y nueve meses de prisión.
Robados o extraviados
Capriles es el sexto opositor impedido de viajar en lo que va de año. El Saime anuló el miércoles los pasaportes del comunicador César Miguel Rondón; de su esposa, Flor Alicia Anzola; y de dos hijas, quienes tenían previsto tomar un vuelo a Miami para asistir a un evento de la televisora donde labora el conocido comunicador. La noche anterior, en medio de un consejo de ministros, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro había cargado contra Rondón, la gran figura de los medios radioeléctricos locales, por sus editoriales y tuits sobre el escrache a los funcionarios venezolanos y sus familias en el exterior. El presidente exigió su ingreso en prisión. Antes de eso, dos diputados que forman parte de la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional, Luis Florido y Williams Dávila, no pudieron subir a los aviones por decisiones similares. En todos los casos el argumento es el mismo: los documentos se cancelan porque aparecen en el sistema como robados o extraviados.
El deterioro de la democracia de Venezuela se ha profundizado desde finales de marzo, cuando dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia desconocieron las competencias legislativas del Parlamento. La fiscal general de la República aseguró a principios de abril que las decisiones colocaron al régimen al margen de la Constitución. Al mismo tiempo, el Gobierno chavista avanza en sus planes de mantenerse indefinidamente en el poder posponiendo las elecciones regionales, sacándose de la chistera la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución y reprimiendo con mucha virulencia a los venezolanos que quieren ejercer su derecho a las protestas en las calles.
La falta de pasaporte en Venezuela supone una verdadera calamidad porque pueden pasar muchos meses antes de que los venezolanos obtengan el nuevo documento. La oficina de migraciones argumenta que faltan insumos para importar los materiales que necesitan para elaborar los pasaportes. Los más afectados son los venezolanos que viven en el exterior porque pasan muchos meses indocumentados.
La anulación de pasaportes en la aduana es el reciente modus operandi del régimen chavista para evitar que crezca la condena internacional sobre Maduro, acosado por el multitudinario repudio de los venezolanos dentro y fuera del país en el último mes. Con la televisión local plegada a los intereses del Gobierno y el bloqueo de las señales informativas internacionales por parte de Conatel, el organismo rector de las telecomunicaciones, el régimen busca ahora impedir la presencia de periodistas y dirigentes opositores en los foros que se organizan fuera del país para conocer el alcance de la crisis, que ha dejado 44 muertos y cientos de heridos en 45 días de protestas.
En el pasado, el Gobierno conseguía la forma de impedir que los opositores lo desprestigiaran en el exterior porque controlaba el Ministerio Público. Le sucedió a la dirigente María Corina Machado. Hace tres años, un tribunal, a solicitud de la Fiscalía, acordó prohibirle la salida del país porque la investigaba como parte de la trama de los violentos sucesos del 12 de febrero de 2014, una causa en la que resultó condenado el opositor Leopoldo López a 13 años y nueve meses de prisión.
Capriles es el sexto opositor impedido de viajar en lo que va de año. El Saime anuló el miércoles los pasaportes del comunicador César Miguel Rondón; de su esposa, Flor Alicia Anzola; y de dos hijas, quienes tenían previsto tomar un vuelo a Miami para asistir a un evento de la televisora donde labora el conocido comunicador. La noche anterior, en medio de un consejo de ministros, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro había cargado contra Rondón, la gran figura de los medios radioeléctricos locales, por sus editoriales y tuits sobre el escrache a los funcionarios venezolanos y sus familias en el exterior. El presidente exigió su ingreso en prisión. Antes de eso, dos diputados que forman parte de la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional, Luis Florido y Williams Dávila, no pudieron subir a los aviones por decisiones similares. En todos los casos el argumento es el mismo: los documentos se cancelan porque aparecen en el sistema como robados o extraviados.
El deterioro de la democracia de Venezuela se ha profundizado desde finales de marzo, cuando dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia desconocieron las competencias legislativas del Parlamento. La fiscal general de la República aseguró a principios de abril que las decisiones colocaron al régimen al margen de la Constitución. Al mismo tiempo, el Gobierno chavista avanza en sus planes de mantenerse indefinidamente en el poder posponiendo las elecciones regionales, sacándose de la chistera la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución y reprimiendo con mucha virulencia a los venezolanos que quieren ejercer su derecho a las protestas en las calles.
La falta de pasaporte en Venezuela supone una verdadera calamidad porque pueden pasar muchos meses antes de que los venezolanos obtengan el nuevo documento. La oficina de migraciones argumenta que faltan insumos para importar los materiales que necesitan para elaborar los pasaportes. Los más afectados son los venezolanos que viven en el exterior porque pasan muchos meses indocumentados.
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