La Justicia tarda pero llega, dice el refranero
popular. Y en Uruguay puede demorar mucho tiempo. Un ex jefe de Policía y
un comisario retirado de Lavalleja aguardan desde hace 12 años una
sentencia en primera instancia.
El entonces juez penal de Lavalleja, Nelson dos Santos,
y el ex fiscal minuano Diego Pérez procesaron con prisión al entonces
jefe de Policía de ese departamento y a un comisario por un delito de
peculado.
Dos Santos y Pérez hoy son operadores judiciales en Montevideo.
"No puede ser que hayan pasado 12 años y mi cliente (un
comisario de la seccional ubicada en Campanero) siga esperando una
sentencia en primera instancia. Inclusive, una resolución de un Tribunal
de Apelaciones que dejó en libertad al entonces jefe de Policía de
Lavalleja, refiere que esa demora es inadmisible", dijo a El País el
abogado del comisario procesado, Humberto Teske.
Enseguida agregó: "Es muy difícil encontrar en los anales del Derecho Penal una expediente tan longevo".
El abogado aludió a una sentencia de un Tribunal de
Apelaciones de 2° Turno que ordenó la liberación del exjefe de Lavalleja
y se refirió al atraso inédito del expediente.
"Aún admitiendo que se trata de una causa compleja,
debe recordarse que los institutos jurídicos no se aplican en el vacío,
sino en la consideración a los justiciables", advierte el fallo.
Enseguida agrega: "Se estima que se ha vulnerado el plazo razonable de
juzgamiento a que tiene derecho (el ex jefe de
Policía y el comisario
procesado) desde que la demora de la tramitación no obedece ni al
quehacer de los encausados ni a trabas opuestas por las defensas de
aquella".
El fallo del Tribunal de Apelaciones, firmado por los
ministros William Corujo, José Balcaldi y Alfredo Gómez, sostiene que
en el expediente de la Justicia de Lavalleja se verifica una hipótesis
de "hipertrofia del proceso", "una longevización de este" con "desmedro"
del derecho de justiciable a obtener una sentencia "siquiera a mediano
plazo".
Los propios operadores judiciales que procesaron al
entonces jefe de Policía de Lavalleja y al comisario retirado, se
sorprendieron por la demora de la Justicia minuana de dictar sentencia
en primera instancia sobre los hechos.
Procesamientos.
Ambos casos tuvieron una gran repercusión en 2004.
El entonces jefe de Lavalleja fue procesado y
encarcelado por el delito de peculado. El jerarca fue acusado de
supuestas ventas —todavía no hay una acusación en primera instancia— de
material de construcción donado por organismos públicos para la
construcción de una cárcel modelo en la zona de Campanero, ubicada a
unos 3 kilómetros de la ciudad de Minas.
También fue investigado por la supuesta venta de un
trailer confeccionado en la seccional de Campanero con una caja de una
camioneta que había volcado y cuyos restos habían quedado en la sede
policial, señalaron a El País fuentes del caso. Agregaron que el propio
exjerarca empadronó el trailer antes de venderlo.
El exjefe fue recluido en prisión el 5 de agosto de
2004. Su abogado defensor apeló y un Tribunal de Apelaciones confirmó
el procesamiento.
El expediente volvió al Juzgado de Lavalleja el 6 de
mayo de 2005. El jerarca fue excarcelado a fines de noviembre de 2006.
"El problema es que nada se instruyó (investigación o solicitud de más
pruebas) a partir de la recepción del expediente , y lo incomprensible,
tal como señala la Defensa, es que las actuaciones ingresaron en una
suerte de punto muerto, a consecuencia de los duros antagonismos
acaecidos entre los anteriores titulares de la Fiscalía y del Juzgado",
señala el fallo del Tribunal de Apelaciones. El comisario retirado, cuya
defensa es realizada por Teske, fue procesado por un delito de peculado
y estuvo ocho meses preso. Fue acusado de apoderarse de varios cientos
de bloques donados para la construcción de la nueva cárcel modelo.
En el expediente, se incluyeron boletas de compras
de dicho material de construcción, según dijo a El País el abogado del
comisario.
De todas formas, gracias a testimonios de policías
bajo la figura del testigo protegido, el fiscal y el juez de la causa
coincidieron en que el acusado cometió ilícitos.
Fuente El País
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