En momentos en que en Siria se desarrolla un feroz guerra civil entre las fuerzas del régimen por un lado, por otro lado grupos que buscan derrocar el régimen monárquico de los Assad y por otro lado un grupo neonazi sunnita (Estado Islámico) que busca asesinar a todos quienes no lo sean y destruir cientos de sitios históricos de milenios, la Justicia Penal uruguaya investiga si ciudadanos sirios incurrieron en un delito de lavado de dinero, que podría provenir del autodenominado Estado Islámico, cuando adquirieron propiedades en los barrios Pocitos y Parque Rodó en remates judiciales. La existencia de este grupo de sirios fue detectada por la Justicia Penal a raíz de una denuncia por violencia privada, presentada a principios de agosto de este año por parte del escribano M.P.
En su declaración realizada esta semana en sede penal, el escribano relató que era propietario de un inmueble en Pocitos y que fue echado por la fuerza por los sirios.
El profesional mostró un documento de cesión de derechos que supuestamente lo acreditaba como propietario del bien.
Tras una investigación realizada por la Justicia, se detectó que el inmueble pertenecía a una persona que falleció hacia un tiempo y que luego el profesional se apropió del bien.
En el documento de cesión de derechos presentado en la sede no consta claramente si la persona que le cedía la propiedad era la persona fallecida o no, según señalaron a El País fuentes policiales.
El escribano fue poseedor del inmueble durante aproximadamente un año donde lo subalquiló como cochera para varios autos de personas que residen en la zona.
Dos sirios, que declararon esta semana en calidad de indagados, afirmaron que la propiedad fue subastada judicialmente y que la adquirieron mediante un pago contado.
Ambos señalaron que el dinero para la compra fue extraído de varias cuentas que poseen en el Banco República.
Negaron que utilizaron la fuerza para obligar al escribano a otorgarles la posesión de la casa.
Los sirios también indicaron en la sede penal que eran integrantes de una comunidad religiosa y que, por ello, no utilizaban la violencia como forma de zanjar sus conflictos.
Según trascendió en la sede judicial, luego que el escribano se retiró del garaje, los sirios dieron tiempo a los propietarios de los vehículos a que se busquen nuevas cocheras.
En los próximos días, la Justicia Penal enviará solicitudes de información y pedirá el levantamiento del secreto bancario de las cuentas que poseen los ciudadanos sirios en el Banco República para confirmar sus dichos.
Caso complejo.
En la próxima semana, declararán ante la Justicia Penal otras dos personas vinculadas a la compra del garaje ubicado en Pocitos.
Posteriormente, la Justicia Penal indagará otras compras de casas realizadas en el país por este grupo de sirios.
El caso, que se encuentra en la etapa del presumario penal, podría tener también derivaciones en la órbita civil, indicaron las fuentes.
El escribano señala que el documento de cesión de derechos es válido y aduce haberlo adquirido al finalizar el trámite de sucesión.
En cambio, los sirios poseen un documento que acredita que compraron la propiedad en un remate público.
"El caso es complejo. La discusión se centra en la titularidad del bien. La Justicia aún está instruyendo (investigando) sobre el mismo", dijo un jerarca policial a El País.
Pasaje a crimen organizado
En la próxima semana, la Justicia Penal ordinaria se pronunciará sobre la compra de casas por parte ciudadanos sirios. En caso de comprobar que existe una organización que se dedica el lavado de dinero en el país, el expediente pasará a uno de los juzgados especializados en Crimen Organizado, dijo una fuente policial a El País. Estas sedes cuentan con herramientas para investigar casos complejos.
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