Un trabajador social de la localidad ha declarado a la BBC que casi todos los días los violadores, que no hacían "ningún esfuerzo" por ocultar sus actos, se llevaban a los menores en taxis. Los funcionarios locales se sentían desincentivados para actuar por miedo a ser clasificados como "racistas", al ser los criminales de origen paquistaní. "En algunos casos llamaban y las recogían en una esquina, pero a veces simplemente aparecían directamente en la casa. Dependía de lo descarados que fueran o de lo caliente que estuviera el tema en aquel momento", asegura el trabajador social, que ha querido permanecer en el anonimato.
Siempre según su relato, pese a las advertencias de varios colegas, intentó enfrentarse a los criminales. "Hacía esfuerzos deliberados para que vieran que tenía fichado su coche y que había anotado su matrícula", pero sus confrontaciones directas se saldaban con risas de los violadores paquistaníes o amenazas de que le matarían si seguía molestando.
Pese a que denunciaran las desapariciones de chicas todas las noches, la policía llegaba siempre tarde, cuando la víctima había regresado, en ocasiones "colocados" o "increíblemente borrachos". "Todo lo que les pasábamos, parece que no se hacía nada para que avanzara", concluye.
Podía ser incluso peor. El New York Times relata el caso de Lucy, una niña que empezó a ser violada a los 13 años. La amenazaron con violar a su madre si decía algo. Cuando por fin se atrevió a decírselo a su madre, un año después, la Policía se llevó las ropas que llevaba en las ocasiones en que fue violada en una docena de bolsas. Pocos días después dijeron que las habían perdido, las indemnizaron con unos 200 euros, las aconsejaron que se callaran y cerraron el caso. Lucy tiene ahora 25 años y algunos de sus violadores siguen viviendo en el vecindario.
Una investigadora del Ministerio del Interior que remitió un informe a las autoridades locales en 2002 sobre lo que estaba sucediendo ha declarado a la BBC que se encontró con una gran "hostilidad" por parte de éstas cuando denunció lo que estaba sucediendo, llegando a acusar al ayuntamiento de hacer desaparecer información de su oficina. Según afirma, un empleado del consistorio acudió a la sede de la organización juvenil que tenía como base de operaciones y vació cajones y archivadores.
"Estaba recogiendo datos de quienes eran los culpables, qué coches usaban, sus métodos y también información sobre la respuesta que estaban recibiendo", asegura. Cuando empezó a compartir sus hallazgos con el ayuntamiento, les dijo que la mayoría de los responsables provenían de la comunidad paquistaní, lo que provocó una respuesta cortante y muy políticamente correcta: "Me dijeron que nunca me refiriera a eso de nuevo, que nunca debía hablar de hombres asiáticos", que es la forma burocráticamente correcta de referirse a indios y paquistaníes en el Reino Unido.
"La otra respuesta que me dieron fue obligarme a recibir un curso sobre diversidad y etnicidad de dos días de duración para incrementar mi conciencia sobre asuntos raciales", dice. Mientras, algunos niños eran amenazados con pistolas, rociados con gasolina y obligados a asistir a violaciones que llevaba a cabo una red paquistaní de explotación sexual con total impunidad.
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