La policía, siempre según Xinhua, abatió a docenas de miembros de la banda, y enfatizó que el hecho de disparar contra los “pandilleros estuvo justificado, pues impidió más víctimas civiles, tanto han como uigures”.
Aún no se conoce el número de atacantes ni de civiles. La zona de Xinjiang está estrictamente controlada, impidiendo el acceso de prensa local y extranjera. Dilxat Raxit, un portavoz de una asociación que representa a la minoría étnica uigur —original de la zona y a la que se relaciona con el ataque— asegura que 13 hombres armados murieron en el episodio y 67 fueron detenidos.
La provincia, poblada principalmente por la minoría uigur, de etnia turca y practicantes del islam, ha sido lugar de enfrentamientos entre las autoridades centrales y separatistas uigures, que protestan contra el establecimiento de la minoría han en su territorio y el dominio de Pekín.
Pekín por su parte, los acusa de separatistas, y con mayor frecuencia, de “terroristas”. Los ataques han escalado desde 2009, cuando se registró el enfrentamiento entre han y uigures más importante, con un saldo de 197 muertos y miles de heridos, en su mayoría han. Tan sólo en el último mes de mayo se registraron dos ataques con bombas, que mataron a 42 personas.
Pekín ha anunciado una amplia campaña antiterrorista anunciada en editoriales oficialistas y hecha efectiva mediante una fuerte presencia policial. Decenas de uigures vinculados a anteriores ataques han sido arrestados, y el pasado 17 de junio 13 fueron ejecutados por crímenes terroristas.
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La Ruta de la Seda. Una tierra de oportunidades. Un territorio rico en recursos naturales. A estos estereotipos de los ciudadanos chinos sobre la provincia fronteriza china de Xinjiang, habitada mayoritariamente por la etnia uigur, vino a sumarse otra imagen muy diferente el 5 de julio de 2009: la de la violencia. Hoy, Xinjiang cumple el quinto aniversario de los disturbios más graves de su historia reciente en una situación más tensa que nunca.
Cinco años más tarde, la situación ha empeorado. En los últimos meses la violencia se ha extendido fuera de la provincia. Si en octubre morían tres personas en el incendio de un vehículo frente al retrato de Mao Zedong en la emblemática plaza pequinesa de Tiananmen en lo que las autoridades calificaron de "ataque terrorista", en marzo 29 personas morían acuchilladas en una estación de tren en la ciudad de Kunming, en el suroeste de China. El Gobierno chino ha atribuido estos incidentes a grupos extremistas procedentes de Xinjiang.
En la propia provincia también han aumentado la violencia. En mayo una explosión en un mercado de Urumqi dejó 39 muertos y más de 90 heridos. Cerca de 200 personas han fallecido en incidentes violentos en el último año, según las cifras oficiales.
El 5 de julio de 2009 un grupo de uigures se lanzó a la calle en Urumqi, la capital de Xinjiang, para protestar por la muerte en una fábrica del sur chino de dos trabajadores de esta etnia, de religión musulmana y emparentada con los pueblos turcomanos de Asia Central. La manifestación degeneró en enfrentamientos entre uigures, miembros de la etnia han -mayoritaria en China, y que se ha implantado rápidamente en Xinjiang en los últimos veinte años atraída por el crecimiento económico- y personal de las fuerzas de seguridad. Cuando la situación quedó bajo control el balance oficial de víctimas era de 197 muertos y más de 1.700 heridos.
Disturbios de aquellas dimensiones no se han vuelto a repetir desde entonces. Pero marcaron un antes y un después. “El 5 de julio representó el punto de inicio de una nueva etapa histórica, que se puede clasificar como ´nueva etapa de conflictos”, señala el periodista y experto en Xinjiang Ouyang Hongliang.
Los uigures denuncian factores como la desigualdad económica o lo que consideran discriminación han en el ámbito laboral, o contra su cultura, religión y su lengua. Mencionan, como ejemplo, la prohibición que cada año impone Pekín a los funcionarios, miembros del partido, estudiantes o profesores de ayunar durante el mes musulmán del Ramadán, que este año coincide con el aniversario de los disturbios. El Gobierno chino asegura que sus políticas buscan beneficiar a los uigures y culpa de la violencia a lo que considera injerencias del extremismo extranjero.
Según la organización Congreso Mundial Uigur, que agrupa a los representantes de esta etnia en el exilio, el aniversario “revela cómo las relaciones entre uigures y han se han deteriorado a raíz del gran influjo de colonos chinos en la región en las últimas dos décadas (...) Como el Estado sigue siendo el árbitro principal de la situación actual, también tiene la capacidad de lograr una solución pacífica al conflicto y reconocer el padecimiento del pueblo uigur. La paz sólo se puede alcanzar mediante el diálogo constructivo y colaborador entre las dos partes”.
Por su parte, la agencia oficial china Xinhua -el único medio estatal que se ha hecho eco de la conmemoración- asegura que “son los terroristas y extremistas los que llevan a la ancestral cultura uigur al peligro de la extinción”. “La batalla de China contra el terrorismo en Xinjiang es parte de la guerra mundial contra el terrorismo. Ganar esta batalla es proteger la cultura uigur”, agrega.
Pekín ha respondido a la violencia con una “mano de hierro” en la región. En los últimos meses se han producido centenares de detenciones, numerosas ejecuciones y condenas y juicios masivos. Las autoridades ofrecen suculentas recompensas, que pueden llegar a los 5.000 euros en una provincia donde el salario mínimo mensual no supera los 200 euros, por informaciones que permitan la detención de sospechosos.
Al mismo tiempo, ha aumentado su asignación de recursos a la provincia, para tratar de combatir la pobreza -mucho mayor entre los uigur que entre los han- que considera cuna del terrorismo.
Las medidas económicas que ha puesto en marcha Pekín son variopintas. Abarcan desde subsidios a los uigur hasta la construcción de viviendas o infraestructuras como el tendido de tren de alta velocidad entre Urumqi y Lanzhou, en el oeste chino. Incluso la oficina de turismo de Xinjiang llegó a ofrecer 500 yuanes, unos 70 euros, a quienes viajaran a la región.
Pero por el momento, persiste la desconfianza mutua entre las dos comunidades. Y la presencia policial sigue siendo más visible en las calles durante el aniversario.
EEUU y UE, preocupados por el preso más célebre
M. V. L.
El académico Ilham Tohti es el preso uigur más célebre en la actualidad. El profesor de Economía de la Universidad de las Minorías en Pekín, de 44 años, fue detenido en su vivienda el pasado enero, en plena campaña de mano de hierro, y trasladado a Xinjiang. Allí ha sido acusado de incitar al odio étnico, participar en actividades secesionistas y “separatismo”, un cargo que puede acarrearle 10 años de prisión y la propia pena de muerte. Su caso ha pasado a las autoridades judiciales de Urumqi, aunque hasta el momento no se ha anunciado una fecha para su juicio.
Tohti se ha mostrado siempre muy crítico con la política china en Xinjiang y ha defendido ardientemente los derechos de los uigures (46% de la población) frente al 40% han. El académico siempre se ha descrito como un ciudadano chino.
Su abogado, Li Fangping, no fue autorizado a reunirse con él hasta finales de junio. Tras el encuentro, el letrado denunció que después de ser detenido, Tohti fue encadenado durante más de 20 días y se declaró en huelga de hambre durante 10. Tras el ataque de Kunming en marzo se le privó de agua y alimentos durante otros 10, según denuncian Li y las organizaciones de derechos humanos. El académico, señalan, padece una enfermedad cardiaca, infección de la próstata y faringitis, y aunque se queja de dolor hepático no se le han efectuado pruebas para determinar la causa. Según la organización pro derechos humanos Chinese Human Rights Defenders (CHRD), Tohti contó a sus abogados que “recibe algunos medicamentos, pero el tratamiento es insuficiente”.
Tras el arresto, la UE y EE UU expresaron su preocupación por la suerte del académico uigur. El Departamento de Estado indicó entonces que la detención “parece ser parte de una pauta alarmante de arrestos y detenciones de abogados que defienden el interés público, activistas en Internet, periodistas, líderes religiosos y otros que se enfrentan pacíficamente a las políticas y acciones oficiales chinas”.
Entonces, un editorial del diario estatal chino Global Times arremetió contra el académico y aseguró que Tohti “no es un ciudadano común y corriente. Mantiene estrechas relaciones con el Congreso Mundial Uigur y con los medios de comunicación extranjeros”. Asimismo, “a menudo ofrece discursos instigadores en las aulas”. “No sólo debemos atacar firmemente a los terroristas en primera línea, sino que también debemos limpiar el frente de la opinión que apoya el terrorismo”, declaraba el medio.
China ha ejecutado a 13 personas este lunes por “ataques terroristas y crímenes violentos” en la región autónoma de Xinjiang, según han informado los medios oficiales. “Los 13 criminales planearon ataques terroristas y violentos y mataron de forma despiadada a policías, funcionarios del Gobierno y civiles, y acabaron con vidas inocentes, causaron pérdidas de propiedades cuantiosas y pusieron en peligro de forma grave la seguridad pública”, asegura la agencia Xinhua.
Las autoridades afirman que los acusados estaban relacionados con siete casos diferentes conectados con Xinjiang, y fueron encontrados culpables de delitos como organizar, dirigir y participar en grupos terroristas, incendios provocados, asesinatos, robo y fabricación, almacenamiento y transporte de explosivos. Tres de los implicados han sido ajusticiados por “organizar y liderar a terroristas” en asaltos a una comisaría, un hotel, un edificio del Gobierno y otros lugares, en los que asesinaron a 24 policías y civiles e hirieron a otros 23 en junio del año pasado en el municipio de Lukqun (prefectura de Turpan), unos 200 kilómetros al sureste de la capital de Xinjiang, Urumqi.
El anuncio de las ejecuciones se ha producido horas después de que los medios oficiales informaran de que un tribunal de Xinjiang ha condenado a muerte a tres personas, también este lunes, por su papel en el atentado efectuado en octubre pasado en la plaza Tiananmen, en Pekín, en el que murieron un ciudadano chino y una turista filipina cuando tres miembros de una familia de Xinjiang lanzaron el coche en el que iban contra los visitantes que cada día abarrotan la popular plaza e incendiaron el vehículo. Los tres atacantes también murieron. El tribunal ha sentenciado a otra persona a cadena perpetua y a cuatro más a penas de cárcel que van de cinco a 20 años por el mismo motivo, según Xinhua y la cadena de televisión pública CCTV.
Las 13 ejecuciones y las otras tres sentencias a la pena máxima se producen en medio de la campaña antiterrorista de un año de duración a escala nacional puesta en marcha por el Gobierno tras la cadena de ataques contra civiles ocurridos en los últimos meses tanto dentro como fuera de Xinjiang, región autónoma del oeste del país, hogar de la minoría musulmana uigur.
Los tres condenados a muerte fueron acusados de suministrar fondos para llevar a cabo el atentado el 28 de octubre pasado en Tiananmen. Según Xinhua, viajaron a Pekín el 7 de octubre para facilitar el dinero con el que comprar un vehículo todoterreno, gasolina, cuchillos y otros materiales utilizados en el ataque. Los ocho implicados fueron detenidos a los pocos días del incidente. Los tres ocupantes del vehículo muertos en el atentado –a los que Pekín calificó de militantes separatistas de Xinjiang– fueron el conductor, su madre y su esposa, según las autoridades.
El atentado en Tiananmen –el primero en sacudir la capital china en los últimos años– supuso el inicio de lo que parece un cambio de estrategia de la insurgencia contra el Gobierno en Xinjiang puesta en marcha por radicales. Hasta entonces, los ataques armados que regularmente castigan a esta zona del noroeste de China rica en recursos naturales se producían dentro de la región autónoma y se dirigían contra comisarías de policía y miembros de las fuerzas de seguridad y del Gobierno. Desde entonces, se han expandido a otras provincias de China, aunque no han dejado de afectar a Xinjiang.
El 1 de marzo pasado, 29 personas que se encontraban en la estación de tren de Kunming (capital de la provincia sureña de Yunnan) fallecieron y 143 resultaron heridas a causa de las cuchilladas asestadas durante un asalto llevado a cabo por “un grupo de separatistas de Xinjiang”, según los denominó el Gobierno. La policía respondió y mató a cuatro de los atacantes, entre ellos, una mujer. El mes pasado, 39 personas murieron y más de 90 resultaron heridas en un ataque con explosivos en un mercado callejero en Urumqi. La policía mató a cuatro de los terroristas y un quinto fue detenido.
Xinjiang es cuna de un fuerte movimiento separatista, y muchos uigures sienten un gran rechazo hacia el Gobierno central de Pekín por lo que consideran la represión de su religión y su cultura. Asociaciones de uigures en el exilio y grupos de defensa de los derechos de esta minoría afirman que la política oficial dé mano dura en la zona está detrás de los brotes de violencia. Los uigures se quejan también de que el control político y económico de Xinjiang está en manos de los han, la etnia mayoritaria en China.
Pekín afirma que los responsables de la violencia son terroristas motivados por el extremismo religioso, que buscan la independencia de Xinjiang y tienen conexiones con grupos islamistas en el extranjero. Dice que quieren crear un estado propio llamado Turkistán Oriental. Frente a las acusaciones de represión y dominio económico, argumenta que ha llevado el progreso a la región y ha mejorado el nivel de vida de la gente. Los uigures representan el 47% de la población de Xinjiang y los han, el 38%, según datos del Gobierno regional de 2011. El resto pertenece a otras minorías.
Las autoridades evitan identificar a los responsables de los atentados como uigures para no demonizar a todo el grupo étnico, pero al llamarlos habitualmente extremistas de Xinjiang la asociación está clara. Todos los sentenciados por el atentado en Tiananmen parecen tener nombres de origen uigur.
La policía ha detenido a docenas de personas en Xinjiang en las últimas semanas por difundir propaganda extremista, por posesión de armas y otros delitos. El 28 de mayo, un tribunal de Xinjiang anunció en un estadio deportivo con 7.000 personas las condenas a 55 acusados de asesinato y terrorismo, entre otros crímenes, en un despliegue que recordó a las humillaciones y denuncias abiertas comunes en China durante la Revolución Cultural (1966-1976). El acto público –en la ciudad de Yining (prefectura de Yili)– estuvo destinado a demostrar la “determinación resuelta (de las autoridades) de reprimir con energía las (llamadas) ‘tres fuerzas”, según dijeron las autoridades, en referencia a separatismo, extremismo y terrorismo.
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