Amnistía Internacional difundió un duro comunicado en el que calificó de "aberrante" la sentencia contra la joven doctora y añadió que los delitos de los que fue hallada culpable, apostasía y adulterio, no deberían ser considerados como tales.
A este clamor se han unido otros como Human Rights Watch u ONG regionales como el Centro Africano para Estudios de Justicia y Paz. A través de internet ya ha comenzado una campaña en la plataforma Change.org, para pedir al gobierno sudanés que impida la ejecución.
Sobre el terreno, los más vociferantes fueron las decenas de activistas y ciudadanos que se congregaron frente al Tribunal Penal del este de Jartum para protestar contra el severo castigo a Ishaq, con pancartas como "Mariam tiene derecho a ser cristiana" o "La libertad religiosa es un derecho constitucional".
Desde distintas partes del mundo, los gobiernos han rechazado la condena. El Gobierno español ha condenado la sentencia y ha subrayado que se trata de una decisión que vulnera la libertad de religión o creencia reconocida en los tratados internacionales de los que forma parte Sudán y en la propia Constitución de este país.
La organización en defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional calificó de "abominable" la sentencia del tribunal. El investigador de Amnistía Internacional sobre Sudán Manar Idriss denunció en un comunicado que "es atroz que una mujer haya sido condenada a muerte por su elección religiosa, y a flagelación por estar casada con un hombre de una religión presuntamente diferente".
Además, añadió que "el adulterio y la apostasía son actos que no deben considerarse delitos en modo alguno”, por lo que su condena a muerte es "una vulneración flagrante del derecho internacional de los derechos humanos”.
Sudán es uno de los países más estrictos de la región en asuntos relacionados con la moral pública y en gran parte del país rige la "sharía" o código legal islámico.
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