El Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP resolvió sumariar con separación del cargo y retención de haberes a 2 funcionarios más de la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) por su participación en la maniobra de los psicólogos ñoquis, informó al diario El Observador el consejero del Codicen, Néstor Pereira.
De esta forma ya suman 6 los profesionales sumariados por la falta de los profesionales a trabajar y que afectó la atención de aproximadamente unos mil niños.
La UDI es la dependencia de la ANEP que otorga la denominada “tolerancia” o exoneración a los alumnos con dificultades de aprendizaje, como, por ejemplo, dislexia. Si los casos son graves, los especialistas de la unidad pueden incluso derivar al niño o adolescente a una escuela especial.
A fines de junio, el Codicen sumarió con separación del cargo y retención de haberes al psiquiatra Héctor Martín, entonces director de la UDI, y a las psicólogas Gabriela Campos y Beatriz Muiño, luego de que El Observador informara sobre las irregularidades que involucraban al menos a seis profesionales de la unidad.
Los funcionarios concurrían a la oficina en la mañana temprano, marcaban tarjeta de entrada e inmediatamente se retiraban a trabajar en mutualistas o consultorios privados. En la tarde volvían para marca tarjeta a la hora de salida.
En agosto, como producto del avance de la investigación administrativa, el Codicen sumarió por la misma causa a otro profesional.
La resolución de sumariar a estos dos nuevos funcionarios, es del 23 de diciembre pasado. “El abogado sumariante nos planteó hacer el sumario a dos personas porque la investigación amerita a profundizar específicamente con ellos alguna causante”, manifestó Pereira.
“En algún caso puede suceder que supieran de esa situación (la maniobra de marcar tarjeta e irse a trabajar a otro lado) y nunca la hayan denunciado o cuestionado. En otro caso, puede haber encubrimiento”, explicó el jerarca, al ser consultado por el motivo por el cual se inicia sumario a estos dos funcionarios.
Pereria expresó que en la misma resolución se dejó “libre de toda culpa” a una tercera persona que también venía siendo investigada porque finalmente no se probó que tuviera responsabilidad en las maniobras. “En el mismo acto administrativo se establece que queda fuera de toda causa”, afirmó.
El consejero del Codicen agregó que el organismo continúa investigando el caso. El Observador pudo saber que si bien, la investigación administrativa culminó en noviembre, el organismo pidió ampliar la indagatoria, dado que entendió que había aspectos en los que todavía se debía indagar más a fondo. La intención de las autoridades del Codicen es llegar hasta las últimas consecuencias.
Reintegro de sumariados
El Observador informó el domingo pasado que los 3 primeros funcionarios sumariados (Martín, Campos y Muiño) fueron reintegrados en sus funciones en los últimos días.
La resolución se debe a que el decreto 500 de la administración pública establece que si transcurridos seis meses de sumario no hay un fallo al respecto, el funcionario sancionado debe ser reintegrado en su función hasta que exista una resolución final. Una vez que la haya, su resultado determinará la permanencia o no del funcionario en el cargo.
Según se explicó, se trata de una norma preceptiva, por lo que “se cumple o se cumple”.
No obstante, los funcionarios no son reintegrados en sus antiguos puestos, sino que serán asignados en otras dependencias de la ANEP.
Al respecto, Pereira explicó que si bien cuando se inicia un sumario, la medida precautoria es de 6 meses, el plazo legal para tener una sentencia final es de hasta 2 años, por lo que la administración todavía tiene tiempo.
“Si en esos 2 años, la administración no toma una resolución, entonces sí los funcionarios quedan exentos de toda responsabilidad y de sanción”, agregó.
El sumario puede concluir en sanciones que van desde la amonestación por escrito –la medida más leve–, multa con rebaja en las calificaciones, suspensión en el empleo, hasta la destitución de la función.
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