P. DE GREIFF: UN RELATOR DE LA ONU EN TERRITORIO URUGUAYO

Pablo de Greiff (Colombia, Bogotá, 20-06-1963), se graduó de la Universidad de Yale en 1986 y completó su doctorado. en la Universidad de Northwestern en 1992. Fue profesor adjunto de Filosofía en la Universidad Estatal de Nueva York desde 1992 hasta 2002 y profesor asociado allí en 2000-2003. En 2001 se incorporó al Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), a los derechos humanos ONG internacional con sede en Nueva York, convirtiéndose en su director de investigación. En 2011 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, estableció el mandato de un Relator Especial sobre la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. De Greiff fue uno de los 15 candidatos para el puesto de medio tiempo de 3 años y fue uno de los 3 finalistas. La selección de De Greiff se anunció al término de la sesión del CDH 19o el 23 de marzo de 2012. De Greiff Ha editado 10 libros sobre la justicia y los derechos humanos y numerosos artículos sobre las transiciones a la democracia, la teoría democrática, y la relación entre la moral, la política y la ley.



Visitó nuestro país Pablo De Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos. En la tarde del viernes brindó su informe preliminar en una conferencia de prensa y concedió una entrevista exclusiva a Uypress.

El mandato del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición fue creado por resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y comenzó a funcionar en mayo de 2012, con el nombramiento, como primer titular del mandato, del colombiano Pablo De Greiff. El Relator actúa como un experto independiente.

Según la resolución del Consejo de Naciones Unidas que lo creó, se espera que la aplicación de un enfoque global de los cuatro elementos del mandato (verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición) ayuden 'a garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia, brindar vías de recurso a las víctimas, fomentar la recuperación de la normalidad y la reconciliación, establecer entidades independientes que supervisen los sistemas de seguridad, restablecer la confianza en las instituciones del Estado y promover el estado de derecho de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos'.

Luego de permanecer desde el lunes 30 hasta el viernes 4 en nuestro país, días durante los cuales mantuvo entrevistas con el Presidente de la República, ministros, jerarcas gubernamentales y diversos representantes de sectores de la sociedad civil, incluyendo asociaciones de víctimas, académicos y abogados, De Greiff presentó su informe preliminar con las conclusiones de su visita. El informe final será presentado en 2014 a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

A continuación la conversación que mantuvo con Uypress, así como el texto completo de su informe preliminar sobre la visita a nuestro país.

Usted, ¿fue invitado por el Gobierno uruguayo, o solicitó que se lo invitara?

Fui invitado por el Gobierno uruguayo; de hecho, fue la primera invitación que recibí, el mismo día que asumí como Relator, en mayo de 2012.

El primer presidente luego del retorno a la democracia, el Dr. Julio María Sanguinetti, insistía mucho en que no había que tener los ojos en la nuca y no había que mirar hacia el pasado. ¿Cómo se compagina eso, por ejemplo, con el trabajo que usted realiza?

Creo que es muy importante tener en cuenta que estos son temas acerca de los cuales la sociedad no se olvida. Hay muchos ejemplos que pueden ser citados al respecto. En países como España, luego de setenta años de cometidos los crímenes, la gente sigue buscando la justicia. En Uruguay es un tema que sigue pendiente en la agenda. Hay cosas que son difíciles de esperar que la gente olvide. No darles espacio en la agenda política y que no sean objeto de atención por parte del Estado, implica no solo desconocer derechos que las víctimas tienen; reclamos que efectivamente hacen y por lo tanto, generan una frustración inmensa. Al mismo tiempo, hay que pensar que esto se hace, no con el ánimo de mantener vivo el recuerdo crudo de las violaciones en sí mismas sino porque una vez que se da satisfacción a los reclamos de justicia es posible avanzar en diferentes direcciones. Esa ha sido la experiencia en países donde se han implementado medidas.

Usted es presentado como experto en "justicia transicional", un concepto bastante reciente. Pero, la historia de los derechos humanos, ¿no es la historia de su violación?

Sí, pero es también la historia de los intentos de obtener remedios para esa violación. El campo de la justicia transicional emerge, precisamente, como uno de los intentos para responder de forma comprensiva, lo cual incluye justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. El campo de la justicia transicional emerge como un intento para dar respuesta a esas violaciones.

En las recomendaciones que usted realiza, señala algunos puntos a los efectos de generar garantías para la no repetición. Es muy difícil imaginar que se pueda garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos.

Ese es el nombre de una categoría que se utiliza en diferentes instrumentos internacionales para describir una serie de funciones que tienen que ver con todo aquello que la humanidad, especialmente en el período de la posguerra, intentó hacer para asegurar que no se repitieran las atrocidades que se vivieron, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX. El nombre, probablemente no sea adecuado, en el sentido de que sugiere que se trata de obtener certeza. Por supuesto, en la esfera social no hay certeza de absolutamente nada. De lo que se trata es de aprovechar las lecciones que se han aprendido acerca de una serie de medidas que aumentan la probabilidad de que cierto tipo de comportamiento institucional no se repita. Nada lo asegura 100%, pero ayuda una sociedad civil bien articulada, a la cual se le permite ejercer sus funciones de fiscalización y control del comportamiento de las instituciones del Estado. De última, ese es el único seguro. Todas las medidas concretas que se agrupan bajo esa categoría tienen lo siguiente: hemos aprendido que fuerzas de seguridad que están sometidas a control civil tienden a cometer menos abusos que aquellas que no tienen absolutamente ningún control. Eso, por supuesto, no quiere decir que haya un método de control civil cien por ciento efectivo. Pero se trata de capitalizar estas lecciones.

¿Qué situación encontró justamente en ese aspecto, en el control civil de las fuerzas de seguridad en nuestro país? ¿Pudo profundizar?

Creo que Uruguay está sólidamente inserto en la tradición democrática. No oí que nadie mencionara un riesgo grande de que la institucionalidad tuviera posibilidades de ser interrumpida por las fuerzas de seguridad. Ese es un escenario que hoy la gente no tiene presente, como sí lo tuvo al final de la dictadura. Acerca de los mecanismos específicos que se tomaron durante la época de la transición y los mecanismos específicos que existen ahora para asegurar el control civil de las fuerzas armadas, encontré menos detalles; no quiere decir que no existan esas iniciativas, pero me gustaría recibir mucha más información.

Supongo que este tema no implica únicamente riesgos de interrupción de la democracia, sino también, por ejemplo, casos como los que se ha hablado de democracia tutelada, o factores que garanticen la impunidad de miembros de los cuerpos de seguridad.

Parte de la importancia de estas medidas tiene que ver con el mensaje que contribuye a enviar, acerca de que la norma de derecho se aplica igual para todos y que no hay nadie, sin importar cuáles hayan sido sus circunstancias y su ejercicio de poder en épocas anteriores, que esté exento de la cobertura de las obligaciones legales, que, por otra parte, cobijan al resto de la ciudadanía.

Sus recomendaciones no son vinculantes.

No, por supuesto que no.

Uruguay es el segundo país que visita ¿no?

Sí.

¿Ya ha presentado algún informe?

Hace tres semanas presenté mi informe, sobre la primera visita, que fue a Túnez. Se trata de un procedimiento especial nuevo, que sin embargo tiene una historia larga, cuyas recomendaciones han resultado ser muy importantes en el desarrollo posterior de la temática que les concierne, y eso incluye, por ejemplo, respecto a Uruguay, visita de relatores contra la tortura, cuyas recomendaciones -se dice ampliamente- jugaron un papel bastante importante en el intento de eliminar ese tipo de violaciones en Uruguay.

En la información de prensa previa a su visita, se señalaba que Uruguay podía ser un ejemplo o modelo a seguir. ¿En qué aspectos?

Es un país que tiene peculiaridades en el proceso de implementación de estas medidas. Es un país que le ha dedicado muchísima atención al intento de judicializar casos de violaciones en el pasado; que se ha encontrado con topes de diferente naturaleza. También se ha intentado por vía popular, de referéndum y plebiscito, lidiar con las dificultades que generaban leyes que impedían la investigación y el procesamiento de casos; en particular, la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Al mismo tiempo, Uruguay es un país que tiene un universo distintivo de casos; a diferencia de Argentina, por ejemplo, en donde el método principal de control social fue la desaparición, el método principal de control social ejercido por la dictadura uruguaya fue la detención y la tortura. Cada país tiene sus retos particulares, tiene sus peculiaridades en la historia de la implementación de las medidas.

Usted mencionaba en su informe que, a raíz de que el principal método represivo de la dictadura en nuestro país fue el encarcelamiento y la tortura, todavía existen carencias en la reparación a las víctimas. Hay algunas políticas de pensiones, pero algunos sectores cuestionan estas, afirmando que los ex presos quieren vivir de ser ex presos, agarrar plata sin hacer nada. Usted mencionaba específicamente la necesidad de separar la reparación de otros beneficios, como los propios beneficios laborales o jubilatorios. ¿Por qué es importante eso?

Porque si se quiere establecer un programa de reparación, una de cuyas funciones principales sea enviar la señal de que la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos tienen consecuencias y que además esos programas contribuyan a mejorar la calidad de vida de una población que fue afectada, en algunos casos durante años y años enteros de detención y maltrato, obligar a esos mismos individuos a escoger entre los beneficios de reparación por un lado, o sus derechos jubilatorios por el otro, desde mi punto de vista, diluye la idea de que lo que se está haciendo es tratar de reparar los daños que sufrieron en virtud de las violaciones de las que fueron víctimas. Hay algo inconsistente en insistir en que hay que escoger una vía o la otra. Pero mi punto acerca de ese universo inmenso de víctimas de detención y tortura no tiene que ver solamente con el tema de las reparaciones, sino también con el esclarecimiento histórico. La mayor parte de las iniciativas que tienen que ver con la verdad se han establecido con la idea de esclarecer la suerte de los desaparecidos. Eso incluye la Comisión para la Paz, la Comisión de Seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la paz, y aún una buena parte de los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos para el pasado reciente. Eso quiere decir, en mi opinión, que sigue existiendo un cúmulo inmenso de violaciones en el Uruguay, numéricamente las mayores, pero aparte de ese factor, las que representan con más exactitud el modo de operación del aparato represivo que existió en Uruguay durante tantos años. Todo eso ha quedado relativamente aislado y no ha recibido todos los esfuerzos de esclarecimiento que, en mi concepto, merecen. Que además serían útiles, tanto para las víctimas como para la sociedad.

Ese tipo de esclarecimiento, ¿qué implicaría?

Anoté en mis intervenciones que en este momento no estaba preparado para dar una recomendación concreta acerca de cuál sería la forma institucional precisa que podría utilizarse para cumplir ciertas funciones que creo son relevantes. Diferentes países han utilizado mecanismos como comisiones de la verdad para satisfacer algunas de estas funciones. Tomarles testimonio a las víctimas, teniendo en cuenta que ya hace 40 años que se inició la dictadura, es una tarea que no se puede postergar mucho, ya que muchas de las víctimas son mayores o incluso algunas están muriendo. El proceso de tomar testimonio también tiene una dimensión de reconocimiento a las víctimas, que creo importante. Pero aparte de eso, la otra función que creo clave es crear una institución que pueda efectivamente recolectar más información, analizar archivos y socializar la verdad que se obtenga de esos esfuerzos, para evitar que se llegue a una situación en la que la tortura y la detención se consideren parte normal de lo que sucedió en el pasado. Ese tipo de "naturalización" de la tortura tiene efectos negativos sobre la sociedad, incluyendo muy poco incentivo para analizar cuáles son las medidas que podrían tomarse, de forma que se evite que eso vuelva a ocurrir.

¿Está al tanto de lo que acá se denomina como "teoría de los dos demonios?"

Sí, estoy al tanto.

¿Qué opinión tiene sobre ella?

Es uno de los mecanismos a través de los cuales se ha naturalizado la tortura, y una de las razones por las cuales probablemente se le ha dado menos atención de la que tendría que haber recibido al tema de detención ilegal y la tortura. La "teoría" parece sugerir que el maltrato, la detención y la tortura son consecuencias naturales de la lucha. Pero aún en situaciones de guerra, esta no es un contexto en el que cada quien hace lo que le viene en gana. La guerra también está regida por el derecho internacional humanitario, y a pesar de que la uruguaya no fue una situación de conflicto, utilizo la comparación para sugerir que la idea de que si la teoría apuntaba a sustentar que esta era una consecuencia natural del intento de cambiar la sociedad, ello debe revisarse.

Daniel Feldman
Fuente: Uypress

Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición
Sr. Pablo de Greiff
Observaciones preliminares al final de su visita oficial a la República
Oriental del Uruguay
Montevideo, 4 de octubre de 2013
Miembros de la prensa, señoras y señores,
Me satisface mucho estar con ustedes hoy para compartir observaciones preliminares al final de mi visita oficial a la República del Uruguay.
Permítanme comenzar agradeciendo cordialmente al Gobierno del Uruguay por haberme invitado a llevar a cabo esta misión oficial y por haber facilitado un programa de reuniones extremamente interesantes respetando al mismo tiempo la independencia de mi mandato.
Durante mi visita, tuve el privilegio de reunirme con el Presidente de la República, Su Excelencia José Mujica. Asimismo, me reuní con distintas instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, incluyendo el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro del Interior y el Equipo especial auxiliar de la justicia en crímenes de terrorismo de Estado, altos representantes en los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y
Cultura, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, la Suprema Corte de Justicia, así como con diversos sectores de la sociedad civil, incluyendo asociaciones de víctimas, académicos y abogados.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos aquellos que me han dado de su tiempo para compartir sus opiniones y perspectivas, en muchos casos, recordando experiencias dolorosas.
Quiero también agradecer a la oficina de las Naciones Unidas en Montevideo por su amable y efectiva colaboración.
El propósito de la visita fue evaluar las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las serias violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívicomilitar en las áreas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, los cuatro pilares de mi mandato.

El informe final sobre la visita se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2014, me limitaré ahora a presentar algunas observaciones y recomendaciones preliminares.
Observaciones preliminares
Uruguay es parte de una comunidad internacional de derecho y valores. El país se
encuentra comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y está haciendo noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos. Sin embargo tiene aún un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente. Avanzar realmente hacia el futuro y continuar en el camino del desarrollo supone necesariamente que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sean cumplidas. No se trata de revanchismo ni de mirar solo el pasado sino que se trata de crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa y que permita a las nuevas generaciones abordar los retos del futuro.
Las violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas en el Uruguay durante la dictadura cívico-militar y en el período inmediatamente precedente ya distan más de treinta años en el tiempo. Durante una buena parte de este período, a pesar de que los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil no cesaron, hubo poco progreso (y en todo caso no constante) en cada una de las áreas de este mandato. Desde hace menos de 10 años al presente, el paso de estas iniciativas ha acelerado – en algunas áreas más que otras – pero la pregunta es si de forma suficiente, y si las medidas tienen suficiente
alcance.
Uruguay es un país con instituciones históricamente fuertes; lo fueron antes de la dictadura, como expresión de un estado garantista que buscó activamente el bienestar de sus ciudadanos. La dictadura hizo uso de la fortaleza de esas instituciones para promover lo que sin exageración los uruguayos mismos llaman terrorismo de estado, que llevó a decenas de miles de Uruguayos a dejar el país, a la mayor población per-cápita de detenidos y de torturados de todas las dictaduras del Cono Sur, y a más de doscientas desapariciones. Estos son los legados que el país intenta superar, como muchos otros con experiencias similares, mediante la implementación de medidas de verdad, justicia,
reparaciones y garantías de no repetición, entre otras. Hoy Uruguay es un país
sólidamente instalado en la democracia.
En cada una de estas áreas ha de reconocerse que se han logrado ciertos avances que merecen reconocimiento. Intentaré en lo que sigue dar cuenta de algunos de estos avances, así como también de señalar retos pendientes.
Reparación
Uruguay cuenta hoy con dos principales leyes de reparación para las víctimas de
violaciones a los derechos humanos. Los beneficios materiales estipulados por estas leyes se han distribuido. Estas leyes incluyen pensiones indemnizatorias, restitución de beneficios pensionales, y acceso a servicios de salud. Estos son logros significativos que contribuyen a satisfacer derechos de las víctimas y a mejorar sus condiciones de vida, lo
cual es de suma importancia teniendo en cuenta la gravedad de las secuelas que las violaciones a los derechos humanos dejan tras de sí.
Parte de los retos pendientes en esta área se desprenden de las leyes mismas que crean estos programas; las leyes adolecen de una cierta confusión entre los derechos que atañen a las víctimas en tanto víctimas de violaciones a sus derechos humanos y derechos laborales, incluyendo derechos pensionales, obligándolas a escoger entre beneficios de reparación y los pensionales; las leyes no incluyen a todas las categorías relevantes de víctimas y los procedimientos de calificación han terminado excluyendo a muchos beneficiarios potenciales, aparte de que, según informes al Relator, el proceso es administrado por personal que no siempre tiene la capacitación o la sensibilidad necesaria para tratar con víctimas y evitar formas innecesarias de re-victimización.

Justicia
El área de la justicia ha concentrado más atención en el Uruguay que cualquiera de las otras. Es alrededor de este tema que la mayor parte de los debates se han dado y la que ha canalizado, de hecho la mayor parte de los esfuerzos, incluyendo las movilizaciones alrededor de un referéndum y un plebiscito. Dejando a un lado la cuestión a nivel popular, es alrededor de causas judiciales – de la posibilidad de iniciarlas, si iniciadas de su ritmo y curso, y de su desenlace final – que giran una buena parte de los esfuerzos de
las víctimas, sus asociaciones, y sus representantes.
Es bien sabido que entre otras razones, debido a la adopción de la llamada ‘Ley de Caducidad de las Pretensiones Punitivas del Estado’, las aspiraciones de justicia de las víctimas se vieron frustradas casi en su totalidad hasta recién, cuando algunas causas comenzaron a moverse. La adopción de la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado se pensó que establecería las condiciones que permitirían mayores progresos.
De nuevo, me interesa enfatizar que aún en el área de la justicia se han conseguido ciertos avances. En Uruguay se procesó penalmente a un ex Presidente electo y uno ex Presidente de facto, a un ex ministro, y algunos miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas. Hay un número importante de causas abiertas, alrededor de 140.
De momento, sin embargo, nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la justicia que decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia. Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional. Parecen representar un cambio de rumbo por parte de una Corte que había, en el 2009 en el caso Sabalsagaray, encontrado inconstitucional la aplicación de la ley de Caducidad. En las decisiones recientes la Corte encuentra inconstitucionales los artículos 2, 3 y 4 de la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado y en el curso de la
decisión adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes en diferentes partes del mundo, las cuales, enfrentando cuestiones similares a las que consideró la Corte Uruguaya, han llegado a conclusiones diferentes. Esto incluye temas tan básicos como la forma de integrar obligaciones internacionales, el uso de tipos criminales comunes en el derecho
internacional como los crímenes de lesa humanidad, y en últimas, la forma de dar
cumplimiento a sentencias de tribunales regionales con cuya jurisdicción Uruguay se ha comprometido. Lo que está en juego no es poco. En últimas, estas son obligaciones del Estado de Uruguay y la Corte, es por supuesto parte de ese Estado.
El efecto que estas decisiones recientes tendrán sobre los casos en curso, y sobre la posibilidad de iniciar nuevas causas está por verse todavía. En opinión de muchos, incluyendo algunos operadores judiciales, las causas continuarán, a pesar de que las señales que envía la Corte – y no sólo a través de sus sentencias – no son particularmente alentadoras. Es de esperarse que la Corte Uruguaya vuelva a unirse a la corriente de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados, como también los derechos de las víctimas.
Aun en ausencia de cualquier obstáculo impuesto por decisiones particulares de la Corte Suprema, el proceso judicial en Uruguay, sin embargo, merecería algunos comentarios para solucionar su lentitud, la debilidad de la capacidad investigativa, y la casi nula participación de las víctimas en el proceso penal – a pesar de que por la misma debilidad de la capacidad investigativa del sistema de las víctimas se espera prácticamente todo lo que permite iniciar las causas. Al final de mi intervención hoy, y de forma más extensa y
sistemática en mi reporte, haré algunas recomendaciones al respecto.

Verdad
En el campo de la verdad también se han logrado ciertos avances, particularmente con respecto a las víctimas desaparecidas, comenzando desde el establecimiento de la Comisión para la Paz, la Comisión de Seguimiento, hasta la conformación de la Secretaría de derechos humanos para el pasado reciente bajo la Presidencia de la República que ahora integra trabajo valioso tanto de historiadores como de antropólogos forenses de la Universidad de la República. Todo esto ha de celebrarse. Además se ha dado también movimiento con respecto a la recuperación, organización y reglamentación de acceso a archivos, una pieza clave en cualquier esfuerzo por develar la verdad de lo ocurrido. Queda todavía camino por recorrer en este último campo, pues no se cuenta todavía con todos los archivos relevantes especialmente de las Fuerzas Armadas, que, vale decirlo, como todos los otros, son propiedad y deberían estar bajo el control de la Nación.
El reto fundamental en el área de la verdad, sin embargo, desde mi punto de vista, aparte del hecho de que la mayor parte de los casos de desaparición no acaban de ser resueltos del todo, tiene que ver con el enfoque mismo de los esfuerzos. Desde el punto de vista de la experiencia internacional comparada resulta llamativo que la mayor parte de los esfuerzos con respecto al pasado en Uruguay se han concentrado en el universo de casos de desaparecidos.
El universo mucho mayor de víctimas de detención (muchas veces prolongada) y de tortura (sistemática), ha recibido, comparativamente hablando, menos
atención. Vale la pena recordar lo que se ha apuntado ya, que Uruguay llego a tener el número de detenidos per cápita más alto de cualquier país de la región, sumida como estaba bajo regímenes autoritarios. Mi punto por supuesto, no es que los casos de los desaparecidos merecen menos atención de la que han recibido. Por el contrario, merecen más y mejor atención. Pero el país no debe darle la espalda a la manifestación más clara del modus operandi del control social ejercido por la dictadura, que en este país no fue predominantemente la desaparición o la ejecución sino la detención y la tortura.
Ese universo inmenso de víctimas merece ser escuchado y reconocido. Y la sociedad merece los beneficios que puedan derivarse del esclarecimiento de los hechos en términos del fortalecimiento y reforma de las instituciones. Si es cierto que la verdad, por sí sola no reforma las instituciones, la verdad, aparte de ser también asunto de derecho de las víctimas, contribuye a catalizar y a guiar procesos de reformas tendientes a superar los vicios y déficits de instituciones que se supone que protegen los derechos de los ciudadanos, en particular los servicios de seguridad y el poder judicial. Dada la avanzada
edad de las víctimas, esta es una tarea que no debe postergarse.

Garantías de no repetición
El cuarto pilar del mandato que tengo el honor de ocupar, las garantías de no repetición, es una categoría especialmente amplia, pues hace referencia no a medidas particulares solamente, como verdad, justicia, y reparación, sino a una función. Bajo esta categoría podría hacerse referencia a medidas de diversa índole, que van, por ejemplo, desde la efectiva incorporación de temas relacionados con la educación sobre el pasado, en la educación formal a niveles tanto medios como profesionales, a la capacitación continuada de operadores judiciales y de las fuerzas de seguridad a todos los niveles, como a reformas institucionales de diferente envergadura, tendientes, por ejemplo, a reforzar la
efectividad en las investigaciones judiciales, a la definición de competencias y a la coordinación de entidades involucradas en la formulación de políticas sobre derechos humanos, y al mejoramiento y modernización del poder judicial, entre otras. En el reporte que presentaré al Consejo de Derechos Humanos ampliaré este tema.

Recomendaciones preliminares
Paso ahora a derivar algunas recomendaciones de carácter preliminar de las
observaciones hechas anteriormente.
En el área de las reparaciones, llamo a la revisión de la legislación existente de forma que se aumente la cobertura de los programas, se eliminen las incompatibilidades entre los derechos a la reparación por un lado y a los derechos de otra naturaleza, incluyendo los pensionales que esta legislación genera, y que elimine también procesos de calificación que arriesgan la re-victimización de algunos de sus beneficiarios, incluyendo a las víctimas de abusos sexuales, especial pero no exclusivamente, las mujeres.
En el área de la justicia, hago un llamado especial a la Suprema Corte, respetando su apreciable celo por el concepto de independencia judicial, y consistente con la idea de que tal independencia es un concepto normativamente demarcado, marco que incluye por supuesto las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, a hacer esfuerzos para asegurar que en sus decisiones se presta tanta atención a los derechos de las víctimas como a los derechos de los imputados.
En esta misma área, aplaudo las iniciativas tendientes a la modernización del Código Penal para ponerlo al día con estándares internacionales, incluyendo en términos de tipificación de delitos, como de aquellas iniciativas tendientes a introducir reformas al Código de Procedimiento Penal para darle mayor participación a las víctimas en todas las etapas del proceso penal.
Así mismo aplaudo iniciativas para la adopción de una Ley de Fiscalía que aumente la autonomía y fortalezca el rol de los fiscales. La Fiscalía debe tener la autonomía para establecer directrices generales y para establecer unidades especializadas, que, compatible con la autonomía de los fiscales permita formular estrategias de investigación que correspondan a la naturaleza sistemática del terrorismo de estado, fenómeno que no queda exhaustivamente comprendido mediante la investigación aislada de casos particulares, como si fueran asunto de crimen común.
Aplaudo la formación del Equipo Especial auxiliar de la justicia en crímenes de
terrorismo de Estado bajo el Ministerio del Interior, por razones similares, y como forma de enfrentar los déficits en materia de investigación del aparato judicial en general, pero hago un llamado para dotar a esta y a otras instancias similares de los recursos tanto humanos como materiales necesarios para que puedan hacer una contribución significativa.
En el área de la verdad, hago un llamado a que todas las instituciones del Estado, incluyendo las Fuerzas de Seguridad satisfagan su obligación de hacer valer los derechos de todas las víctimas. Esto incluye tanto presentar la información requerida como cumplir con las obligaciones legales que le correspondan. Eso debe cubrir tanto los casos no resueltos de desaparición forzada (la mayoría), como también los casos de detención y tortura, a los que debe prestársele una atención mucho más decidida. Cuál es la forma
institucional más adecuada para cumplir este objetivo debe ser asunto de debate. Pero no cabe duda de que los testimonios de estas víctimas han de ser recogidos, que información acerca de todas las dimensiones que dieron lugar a ese cúmulo inmenso de violaciones debe ser recolectada, sistematizada, y diseminada. Las víctimas lo merecen, pero también lo merece la sociedad. El precio de no hacerlo es no sólo incumplir los derechos de las víctimas sino también dejar instalada lo que puede decirse que es la ‘naturalización’ de la
tortura, como por ejemplo, el precio de la protesta, que una sociedad democrática y comprometida con los derechos humanos no debe consentir.
Mencioné ya algunas de las medidas que pienso que pueden hacer una contribución a las garantías de no repetición y dije que en el reporte las elaboraría en detalle y agregaría las de mayor envergadura que requieren más espacio del que tengo ahora. Sólo menciono, por el momento, dos puntos: no recibí información suficientemente detallada acerca de los planes concretos de las reformas que se han hecho a las fuerzas de seguridad y a aquellas todavía en desarrollo para asegurar que las violaciones pasadas no se repetirán.
Hago un llamado especial a formular y discutir públicamente proyectos tendientes a ese objetivo. De la misma forma hago un llamado especial a invertir recursos humanos y materiales en la capacitación efectiva de jueces y fiscales en materia de derechos humanos.
Finalmente, recomiendo darle todo el apoyo que sea necesario a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, uno de los grandes logros en materia de protección de los últimos años. Esta institución merece no sólo las herramientas y recursos necesarios para su buen desempeño, sino que sus conceptos y directrices merecen ser tomadas con la máxima seriedad.
Y como siempre en procesos transicionales celebro a los grupos de sociedad civil que a pesar de todo han seguido luchando por la justicia en Uruguay.
Hago un llamado especial para que esos grupos reciban no sólo el reconocimiento merecido sino el apoyo de todas las instancias del Estado. En el reporte haré algunas sugerencias concretas al respecto también.
Muchas gracias.