Desde hace tiempo hemos señalado que los hechos que rodearon la actuación de la CND con respecto a la crisis de Metzen y Sena indicaban que había existido una actuación irregular que se parecía mucho a las viejas irregularidades en que esta corporación había incurrido durante las administraciones de los partidos tradicionales.
Hace ya más de 10 años, en ejercicio de mi cargo parlamentario, solicité la creación de una Comisión Investigadora sobre la actuación de la CND debido a que existían notorios indicios de que esta había actuado en forma irregular, utilizando fondos públicos para realizar salvatajes de empresas que no estaban en condiciones de funcionar.
La operativa era muy clara. Una empresa privada estaba en dificultades y la CND integraba recursos del Estado para coparticipar en la empresa y al finalizar el proceso la CND terminaba pagando los costos del fracaso.
En aquel tiempo, además, la CND se negaba a ser controlada por el Tribunal de Cuentas, lo que resultaba un verdadero escándalo, en la medida que su capital y los recursos que manejaba eran del Estado uruguayo, es decir de todos los uruguayos.
La Comisión Investigadora terminó su actuación a fines de 2003 sugiriendo cambios relevantes en su funcionamiento y en su contralor.
Pues bien, años después y ya bajo la administración del Frente Amplio, la CND vuelve a incurrir en una conducta irregular de las mismas características que las que habían ocurrido en los tiempos anteriores.
En efecto, a mediados de 2009, en plena campaña electoral, el Directorio de la CND decidió asistir con casi cinco millones de dólares a la empresa Metzen y Sena que se encontraba en una situación de extrema gravedad, que venia arrastrando desde hace largos años. Resultaba bastante obvio que la posibilidad de que la intervención de la CND tuviera efectos positivos era prácticamente inexistente, por lo que la asistencia de la CND era casi seguramente a fondo perdido.
Hoy se sabe que la CND tomó esta decisión sin realizar el análisis de la situación empresarial que las propias normas internas de la institución exigen (justamente normas que se acordaron luego de los resultados de la investigación parlamentaria).
Por lo tanto, en forma unilateral, el Directorio de la CND decidió destinar alrededor de cinco millones de dólares de todos los uruguayos para intentar un salvataje que se sabía imposible. Tan imposible que apenas cuatro meses después, al día siguiente de la segunda vuelta presidencial, el mismo Directorio de la CND realiza la denuncia judicial para que la empresa fuese a concordato.
Resulta muy obvio que si el Directorio de la CND a comienzos de noviembre denuncia a la empresa para ir a concordato, seguramente tenía los mismos elementos cuatro meses antes cuando 'muy sueltos de cuerpo' resolvieron destinar los cinco millones.
Estos hechos fueron denunciados en el Parlamento por el diputado Juan Manuel Garino y motivaron que hace poco tiempo el Tribunal de Cuentas presentara una denuncia penal que se está tramitando.
La novedad de esta semana es que el Tribunal de Cuentas acaba de agregar a la denuncia penal una 'nueva perla del collar': se alteraron las actas del Directorio de la CND referidas al caso de Metzen y Sena. Muy grave y escandaloso.
Muchas reflexiones surgen a partir de estos hechos.
La primera es que la administración del Frente Amplio vuelve a mostrar otro indicio de su incapacidad de gestionar los asuntos públicos de otra manera a la que hacían los viejos partidos tradicionales. El partido de gobierno definitivamente ha generado una decepción entre sus votantes que ven cómo la promesa de un cambio ético que implicaba dejar de lado los viejos vicios de la política, se ha ido diluyendo definitivamente con el transcurrir de la administración de ese partido.
La segunda reflexión es que la CND recae nuevamente en las viejas prácticas irregulares que afectan los fondos públicos. Esto debe llevar a evaluar si esta figura institucional debe ser nuevamente revisada o, incluso, analizar su continuidad debido a los continuos disgustos que ha generado.
Finalmente, y no menos importante, demuestra que existe un Estado paralelo que se escapa de los controles públicos y que maneja cada vez más recursos de manera impune con el riesgo de generar perjuicios crecientes para los uruguayos.
Fuente:Uypress
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