Hasta ahora no se ha perpetrado un atentado contra un magistrado 'porque no se juntó la oferta con la demanda, no dieron con el precioç', dijo el Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, al diario montevideano El Observador. Díaz, que anteriormente fue juez de Crimen Organizado, afirmó que frente a la amenaza a un magistrado hay que repensar la política criminal y tener un proceso penal más eficiente.
El fiscal de Corte aseguró que la reforma del proceso penal, a estudio del Parlamento y que cuenta con la promesa del Ejecutivo de que se aprobará este año, dará a la Justicia más herramientas para luchar contra el crimen organizado que cada vez tiene más potencial.
La amenaza de muerte por parte de una banda criminal al juez penal Gabriel Ohanian, puso nuevamente sobre el tapete el riesgo que el crimen organizado representa.
Ayer, efectivos de la Brigada Antidrogas (los que tienen más conocimiento sobre bandas criminales) realizaron una serie de allanamientos e investigaciones para llegar hasta la banda de rapiñeros que, en connivencia con narcotraficantes que están presos, planeaban el atentado.
Una fuente policial dijo a El Observador que las acciones que se planeaban contra Ohanian tienen que ver con procesamientos de delincuentes influyentes, pero que siempre que existe un plan de estas características, hay dinero de por medio.
La Policía afirma que el riesgo sigue latente y que se trata de un caso que empieza a revelar cómo rapiñeros con peso e incidencia en algunas zonas establecen vínculos con narcotraficantes.
Por esa situación, Díaz dijo a El Observador que para enfrentar a estas bandas no hace falta incrementar las penas 'sino poner en marcha una política criminal más eficiente'.
'Para ello es necesario reformar el proceso penal para que sea el fiscal, junto con la Policía, quien dirija la investigación y pueda obtener resultados', afirmó.
El jefe de los fiscales explicó que estos 'no tienen ciertas ataduras que sí tienen los jueces a la hora de investigar'. A modo de ejemplo, señaló que pueden trabajar en conjunto varios fiscales, compartir información, e idear estrategias de acción para llegar a los grupos que están detrás de los delitos que cometen.
'Sin perjuicio de perseguir al que comete la rapiña, esta nueva forma de actuar permitirá perseguir a las organizaciones. Los jueces, en cambio, no pueden compartir información con colegas hasta que procesan a alguien', señaló.
Para poder hacer esto, Díaz indicó que es necesario, además de la reforma del proceso penal, que se apruebe la ley orgánica de la Fiscalía Nacional que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. Esa ley implicará que la Fiscalía salga de la órbita del Poder Ejecutivo y se transforme en servicio descentralizado. Además, el fiscal de Corte podrá dar indicaciones generales a los fiscales.
Díaz aclaró que ello no implica decirle al fiscal a quién tiene que procesar y a quién no, sino que implica designar grupos de trabajo de varios fiscales que actúen bajo directivas claras y que junto con la Policía desarticulen a las organizaciones.
En una conferencia que Díaz dio en 2009 en la Torre Ejecutiva, en la que afirmó que un delincuente le había dicho que 'hay que limpiar (a un juez) para marcar la cancha', relató también que luego de haber procesado con prisión a los integrantes de una asociación ilícita, debió volver a procesar 'a los líderes de esa organización porque, desde el establecimiento carcelario y con la cooperación de dos prófugos que habían permanecido en Bolivia, habían vuelto a estructurar la organización y ya habían hecho una nueva importación de clorhidrato de cocaína de 180 kilos'.
También se refirió, sin nombrarlo, al recluso el Betito, procesado varias veces, como otros integrantes de su banda.
'Pensamos que se había desarmado la organización, pero seis meses después seguía en actividad (...) Ya no estamos frente a meras asociaciones ilícitas sino que nos enfrentamos a un fenómeno diferente y con mayor potencial delictivo', alertó.
Además mencionó 'la operatividad de grupos criminales internacionales'. '(...) Tenemos una especie de Naciones Unidas en el penal de Libertad. Ahora hay allí presos uruguayos, argentinos, chilenos, brasileños, colombianos, ecuatorianos y mexicanos, entre otros'.
La Policía viene realizando una serie de allanamientos e investigaciones por otras vías para llegar hasta la banda de rapiñeros que, en connivencia con narcotraficantes que están recluidos en los penales, planean atentar contra el juez Gabriel Ohanián. La Policía afirma que el riesgo sigue latente y que no se trata de un caso que empieza a revelar cómo rapiñeros con peso e incidencia en algunas zonas establecen vínculos con narcotraficantes.
Una fuente policial dijo que las acciones que se planeaban contra Ohanián tienen que ver con algunos juicios en el que delincuentes influyentes en las cárceles así como sus compinches fueron procesados, pero que siempre que hay un plan de estas características hay dinero de por medio.
Parte de las operaciones y allanamientos que se hicieron en estas horas fueron realizados por efectivos de la Brigada Antidrogas, una repartición en cuya eficiencia y transparencia es reconocida porla mayoría de los magistrados y que está acostumbrada a indagar asuntos vinculados al crimen organizado.
Una alta fuente policial dijo que la Brigada de Drogas ha detectado que hubo ejecuciones por las que se pagaron diez mil pesos y que es una modalidad que se está instalando de forma lenta pero persistente.
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