Parece claro que cuando Aznar, Rato, Rajoy y aquel gobierno 'maravilla' (imitando lo que estaban haciendo los yanquis de Bush al otro lado del Atlántico) decidieron montar la burbuja inmobiliaria con el entusiasmo de banqueros, constructores e industriales que vieron en el ladrillo el nuevo vellocino de oro, buscaban la felicidad de todos y, por ende, el engrandecimiento de España.
De la noche a la mañana se crearon fortunas imposibles de contabilizar, no había cemento ni ladrillos para cubrir la increíble demanda, muchos, engatusados por las inauditas ofertas bancarias, se metieron en pisos para los que tan sólo unos años antes nadie les habría dado un préstamo y otros muchos ganaron su peso en oro especulando a corto con compras sobre plano y venta rápida.
Sin saber cómo, quizá por una maldición de Alá, que todo lo puede, sobrevino la crisis y aquellos barros trajeron estos lodos: Un país entero dedicado a la construcción había edificado lo suficiente como para 3 generaciones, descuidando los hermosos cascos viejos de sus ciudades, que pasaron a ser zonas marginales. Cosas del azar, del destino, de la predestinación, del fario.
La crisis estalló con una virulencia inusitada y Europa, fragmentada como nunca desde 1986, se apuntó al sálvese quien pueda. También por nuestro bien, en vez de garantizar los dineros de los pequeños ahorradores, eliminar a la banca implicada y procesar a sus responsables, decidieron darle miles de millones hasta una cifra que no alcanzo a comprender pero que habría bastado de sobra para salir de la crisis si se hubiese empleado en reconstruir la economía productiva y borrar del mapa las prácticas especulativas.
Tras unos momentos de vacilación (le petit Sarkozy dijo que había que refundar el capitalismo), pronto se vio que la crisis era la escusa necesaria para acabar con todos los derechos que la ciudadanía europea había conseguido (gracias, como hemos dicho muchas veces al miedo a la URSS) a lo largo de más de un siglo de luchas.
La crisis dejó de ser crisis y sacó su verdadera cara, una gigantesca estafa que tenía por objetivo pasar incalculables cantidades de dinero del trabajo al Capital. La jugada, aunque arriesgada, de momento les está saliendo como Dios a juzgar por la respuesta de los ciudadanos españoles, europeos y de todo el mundo.
Pero no queda ahí la cosa, aceptada la más grande estafa de todos los tiempos como algo normal por la gente de a pie de aquí y allá, dieron un paso al frente y se dijeron: No, no es suficiente, parece que no les duele, podemos seguir por la misma senda sin el menor problema, armemos bien a nuestros guardianes y procedamos a cambiar el sistema de arriba abajo para regresarlo al siglo XIX del que nunca tuvo que salir.
En cualquier economía familiar se sabe que si no puedes pagar a alguien para que te limpie la casa, la limpias tu directamente y se acabó.
Pues no, gobiernos, grandes corporaciones industriales y financieras, y manejadores de fondos de inversión y pensiones, optaron justo por lo opuesto: Dado que nadie dice nada y que tenemos las puertas del Erario abiertas de par en par, privaticemos, externalicemos, contratemos y subcontratemos, es decir eliminemos la gestión directa por parte del Estado de los servicios públicos y metamos intermediarios nuestros para que la estafa anterior se quede en agua de borrajas, al lado de la que estamos endilgando.
Se trata claramente de una decisión política reaccionaria que pretende demostrarnos que somos más tontos todavía de lo que parecemos y que nos pueden engañar tantas veces como quieran sin que salten siquiera los plomos.
La gestión de los servicios públicos esenciales y no esenciales por empresas privadas es muchísimo más cara y peor que la que la directa, puesto que (a nadie puede escapar esto) tiene que sacar de lo presupuestado un 30 % de beneficio, que evidentemente se consigue abaratando costes y menoscabando la calidad de los servicios prestados.
La privatización de las escuelas, institutos y universidades no es consecuencia de la crisis, pero sí de la estafa y del cambio de sistema que promueven los poderosos. ¿Por qué quitar a especuladores, chorizos, curas, obispos y mercaderes un negocio tan opíparo como el de la Educación que, además, cuenta con la garantía del Estado por si algo falla?
Además de conseguir unos enormes beneficios con cargo a nuestros impuestos, el control de la Educación por mercantiles y eclesiásticos suponía la toma de la Bastilla pero al revés: Se conseguía el mayor instrumento que existe –después de la televisión- para formar conciencias ad hoc.
A la misma estrategia respondía la privatización de hospitales, centros de salud y la externalización de muchos de los servicios que prestaba la Sanidad Pública (la mejor del mundo hasta que los facinerosos vieron que ahí había otro pelotazo histórico), no se podía consentir bajo ningún concepto que excelentes gestores públicos que consiguieron que el gasto en sanidad por habitante en España sea uno de los más bajos y eficaces de Europa siguiesen por ese camino, se imponía entregar esa parcela fundamental de nuestros derechos, la protección de la enfermedad y el dolor, al lucro incesante y creciente, de tal modo que en muy poco tiempo nuestra salud estará directamente relacionada con nuestro nivel de renta.
Pero descendamos un poco a asuntos más concretos y quizá más prácticos para demostrar que no estamos ante una crisis, ni siquiera ya una estafa, sino ante un asalto perfectamente diseñado contra nuestro bienestar y, por supuesto, contra los derechos que lo protejen.
Hace unos años el Ayuntamiento de Noia (La Coruña), incapaz de hacer frente a los gastos corrientes, se declaró en quiebra. Dimitidos sus regidores, se formó un nuevo equipo de gobierno que hizo saber a los ciudadanos la verdadera situación del Concejo.
Tras ello, decidieron suprimir todas las contratas, subcontratas, externalizaciones, concesiones e intermediarios, regresando a la gestión directa de todos los servicios públicos con la colaboración de todos los trabajadores:
Hoy el Ayuntamiento de Noia no solo ha salido de la quiebra, sino que se ha permitido subir el sueldo a los trabajadores públicos y contratar a nuevos, lo que ha supuesto un enorme revulsivo para la economía de la zona.
Si retrocedemos en nuestra memoria o buscamos en las hemerotecas, la crisis-estafa comenzó con la quiebra de los bancos yanquis (ellos tienen la máquina del dinero), pero también de los fondos de pensiones y los seguros sanitarios gestionados por corporaciones privadas.
No se ha dado todavía el caso que ningún sistema de pensiones europeo haya declarado la bancarrota, aunque sí la petición de auxilio por parte de los hospitales privatizados valencianos a la Generalitat para poder hacer frente a lo que se comprometieron: La Sanidad no es un negocio si se atiende a todos los enfermos por igual, tengan la edad que tengan y la enfermedad que sea.
Nadie trataría en ese caso las enfermedades graves, de larga estancia hospitalaria y con terapias carísimas.
Lo mismo sucede con las universidades, nuestros actuales mandantes (no se les puede llamar de otra manera más suave) critican una y otra vez la proliferación de universidades públicas por todo el Estado acaecida en años pasados, sin embargo, no dudan en dar licencias y licencias a universidades católicas que contarán con subvenciones y becas públicas ad maiorem Dei Gloriam.
Igual pasa con la cocina de una escuela o una cárcel, los servicios de limpieza o de mantenimiento, los intermediarios encarecen el producto final y eso lo sabe hasta Gallardón, que ya es decir.
Los funcionarios españoles, en ellos incluyo a maestros, médicos, bomberos, trabajadores sociales, educadores, son de los que menos cobran de Europa, nada tuvieron, por tanto, que ver con la crisis-estafa que nos montaron.
Sin embargo, los reaccionarios que nos gobiernan, a través de sus potentes medios de intoxicación, la emprendieron desde el primer momento contra ellos, ya que meterse con los funcionarios en tiempos de crisis (pensaron) daría votos.
Pues bien, aquí tenemos el resultado, un Estado sitiado por las deudas que provienen de pagar las que crearon los particulares, bancos, constructoras, concesionarias, etc.; seis millones de parados, una generación de jóvenes magníficamente preparada y casi perdida; una economía sumergida del 25 %; un fraude fiscal de los más pudientes que nadie ataja y un proceso de privatizaciones en servicios públicos perfectamente llevados por funcionarios que dentro de poco dejará chica a la actual crisis-estafa.
Como en la economía doméstica, la mejor gestión es la directa, y todo lo que sea meter intermediarios en ese proceso es apropiarse de lo ajeno, bajar la calidad del servicio para que aumente el beneficio de los privados y meter al país en una vorágine de corrupción como la que estamos viviendo.
Es, pura y llanamente, ideología reaccionaria, la que usa métodos antiguos para resolver problemas modernos, la que cuida el privilegio sobre el interés general, la que ordena y manda, la que nunca es responsable de nada, la que está hundiendo a este país y a quienes lo habitamos en una sima de la que desconocemos su profundidad, caso de tenerla.
Pedro Luis Angosto |
nuevatribuna.es
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