El Gobierno considera irrelevante para el resultado final del juicio el fallo inicial emitido por el tribunal del CIADI, que admitió intervenir en la demanda presentada por la tabacalera Philip Morris contra el Estado uruguayo. Ha sido un fallo que se limitó a aspectos formales debido a que aceptó la demanda sin entrar en absoluto en el mérito del tema, afirmó el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.
El verdadero partido comienza ahora, enfatizó, y Uruguay tiene mucha confianza en los argumentos que fundamentan su posición en defensa de la salud pública de los habitantes de nuestro país, posición que es además respaldada por la Organización Mundial de la Salud y un gran número de organizaciones de defensa de la salud y los derechos humanos en todo el mundo.
En conferencia de prensa celebrada en la tarde del miércoles 3 en la Torre Ejecutiva, Cánepa explicó que el derecho anglosajón, que prima en todas las instancias de controversias internacionales, privilegia siempre los aspectos sustanciales, y no toma en cuenta los formales, y dijo que por esa razón era esperable que no atendiera este reclamo inicial uruguayo, que se centraba en la forma.
Afirmó que 'los equipos del Ministerio de Salud Pública y de Cancillería han trabajado con nuestros abogados preparando el caso, sabiendo que era una posibilidad que fuera aceptada la jurisdicción por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)' y añadió que 'Uruguay tiene mucha confianza en los argumentos que fundamentan su posición en defensa de la salud de los habitantes de nuestro país'.
De acuerdo a lo expresado por Cánepa, la próxima etapa del litigio comprenderá la 'presentación de la demanda central de Philip Morris, que hasta ahora no se ha tenido formalmente' y se extenderá por un plazo de uno a dos años, pudiendo culminar a comienzos del 2016.
Cánepa sostuvo que por tratarse de un litigio sin precedentes a nivel mundial, no sólo 'había una expectativa con respecto a si el CIADI iba a admitir o no el caso', sino que, además, el hecho 'aumenta sin dudas el interés del tribunal por dirimir la discusión de fondo', dijo.
Asimismo, el jerarca enfatizó que Uruguay ya no es el único país en estas circunstancias, sino que, desde que se originó el caso uruguayo en 2010, varios países —Australia, Irlanda, Inglaterra y Noruega— han recibido demandas de empresas tabacaleras.
El prosecretario anunció que en setiembre el equipo de abogados de Washington que representa a nuestro país viajará a Uruguay para continuar desarrollando la estrategia, y que en dos semanas las autoridades uruguayas viajarán a Estados Unidos para mantener una serie de reuniones con organismos que apoyan a nuestro país en el litigio.
Está previsto un encuentro en Nueva York con la organización Tobaco Free Kids que 'ha prometido continuar con el apoyo económico al Uruguay como ha hecho hasta ahora', notificó. También se prevé una reunión con el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que también ha manifestado su apoyo.
Además, la autoridad comunicó que el Gobierno trabajará para que la Organización Mundial de la Salud 'sea parte de este debate', en el entendido de que Uruguay ha sido uno de los países líderes en el Convenio Marco de la Lucha Antitabáquica.
Argumentos del CIADI para intervenir en el caso
En primer término, Cánepa detalló que según lo dispuesto en el Tratado Bilateral de Inversiones, la salud pública puede restringir actividades económicas, lo que 'no excluye el tratamiento de un caso de inversiones vinculado a la salud' sino que meramente establece su prevalencia sobre las decisiones económicas. En este sentido, el tribunal interpreta que la tabacalera estaría habilitada a tratar el tema.
Asimismo, el artículo 25 del Reglamento del CIADI de la Definición de Inversión incluye a las inversiones de las tabacaleras en el Uruguay. 'Esto significa que más allá de las consecuencias nocivas del tabaco —esa es una discusión posterior— hay una inversión que es aceptada por el Estado, porque no hay prohibición en nuestro país de fumar tabaco', explicó.
Como tercer argumento, el arbitraje entendió que había 'denegación de justicia por la forma jurídica que tiene Uruguay de tratar los temas', dijo Cánepa. La imposibilidad de apelar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) implica que 'no haya posibilidad de negociación con el Estado, porque luego que el TCA decide no hay apelación ni hay posibilidad de resolución', aclaró.
Por ello, para poder continuar con una demanda luego de un fallo del TCA, el inversor debe recurrir a instancias internacionales, expuso Cánepa.
Finalmente, los árbitros del CIADI sostienen que el Estado uruguayo renunció al derecho que tienen las empresas que se sientan agraviadas en sus inversiones, establecido en la Ley 16.110, que determina que 'previo a accionar los tratados bilaterales de inversiones o el CIADI deberían pasar por ese procedimiento', detalló Cánepa. La inapelabilidad de la resolución del TCA no dio lugar a acudir a esa ley.
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