La conducta de 6 psicólogos de la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) del Codicen que marcaban tarjeta y luego se iban a otro trabajo, configura una grave falta administrativa que puede ameritar hasta la destitución. Que fácil es ser empleado púbico y que a uno le regalen el sueldo sin trabajar.
La división Recursos Humanos de la ANEP realizó en 2011 una investigación administrativa que constató las irregularidades, luego una auditoría de gestión que recomendó la urgente reorganización del servicio pero al final no se dispuso ninguna sanción a los profesionales de la oficina.
El Observador fue este jueves hasta la UDI para saber si los psicólogos y psiquiatras que allí trabajan estaban cumpliendo sus funciones pero ninguno quiso
realizar declaraciones. Una funcionaria administrativa indicó que "algunos" estaban en la UDI pero que "no estaban autorizados para hacer declaraciones".
El responsable de esta unidad, el doctor Martín también fue consultado esta mañana al salir de la oficina pero tampoco quiso hacer declaraciones sobre el régimen de trabajo irregular que algunos funcionarios realizaban.
Según constató una investigación de El Observador seis psicólogos de esa dependencia, encargada de diagnosticar a niños y adolescentes con problemas de
aprendizaje y dislexia, marcaban tarjeta en la UDI a la hora de entrada y luego volvían a la hora de salida pero en el medio trabajaban en mutualistas o en
consultorios particulares.
El Observador lo constató por medio de llamadas a los otros empleos de los
profesionales.
Una fuente de Recursos Humanos de la ANEP dijo a El Observador que en el 2011 recibieron la denuncia y enseguida se ordenó una investigación administrativa
que detectó irregularidades (que los psicologos no estaban en la oficina) y no sólo en la dependencia de la UDI de Fernández Crespo 1814 sino en otra que
funciona en una escuela. Afirmó que en consecuencia, “se ordenó una auditoría de gestión” que se llevó a cabo en 2012 y “en noviembre se elevó un informe al Codicen que recomendaba la reorganización urgente del servicio”.
La fuente afirmó que no se recomendaron sanciones a los psicólogos. Agregó que se realizaron controles sorpresivos en la UDI y se constató la ausencia de los
psicólogos de su lugar de trabajo pero luego éstos aportaban un comprobante en el que señalaban que estaban realizando tareas fuera de la oficina y que llevaban la firma de las autoridades de escuelas o liceos en los que supuestamente habían realizado las inspecciones.
Según se explicó, los psicólogos cumplen funciones en la UDI pero también pueden trasladarse a los centros educativos. Sin embargo, la denuncia que se presentó
ante el Codicen en el 2011 y que El Observador constató en la mañana del 17 de junio indicaba que psicólogos o psiquiatras ingresaban a la oficina por escasos minutos y volvían a salir poco antes de las 8. La misma situación se repetía pasada las dos de la tarde, el horario de salida.
En total hay 12 profesionales en esa oficina.
El director de UDI, el psiquiatra Héctor Martin, llevaba a cabo la misma práctica. El 17 de junio estuvo dos horas en la oficina y luego se trasladó a su consultorio particular
El presidente del Codicen, Wilson Netto, dijo a El Observador que desconoce la práctica y sostuvo que el tema nunca se trató en el actual consejo. La denuncia
fue radicada cuando el presidente del Codicen era José Seoane.
“El problema está en que la cultura de cómo se venían desarrollando esos controles”, señaló.
Netto admitió que un informe de RRHH ordenó la reorganización urgente de la dependencia. Según dijo, la UDI dependía de la División de Salud del Codicen,
que a su vez no tenía un control directo del órgano centralizado pero que ahora pasará a depender de Planificación Educativa.
“Ni sordos ni ciegos”
La consejera del Codicen en representación de los trabajadores, Teresita Capurro, dijo a El Observador que se determinarán los pasos a seguir.
“No estamos sordos ni ciegos. Tenemos documentación en nuestro poder. Luego de la reunión se determinarán los pasos a seguir y tendrá las consecuencias como
cualquier empleado que está sujeto a un estatuto y al circular 10”, afirmó. Agregó que los procedimientos “están todos previstos”. “Se evaluará la gravedad de la falta siempre asegurando el debido proceso. Habrá que ver qué dice la asesoría letrada. Ya estamos mirando algunas irregularidades”, indicó Capurro.
Por su parte, el consejero en representante de la oposición, el blanco Daniel Corbo, se mostró cauto.
Afirmó que “lo más probable es que se investigue”. “En caso de que se verifique se harán las imputaciones y sumarios correspondientes. No puedo especular porque
estaría prejuzgando”, añadió.
Corbo admitió que ya “se habían encontrado irregularidades”, por lo que se hizo una auditoría de gestión “se puso al día el aparato de poner el dedo, se
cambiaron unidades de lugar y se cambió el régimen de trabajo”.
Efectivamente, debido a que se habían constatado irregularidades una resolución del Codicen del 27 de diciembre de 2012 determinó que los funcionarios profesionales que trabajen seis horas y media o cinco horas y media a partir del 1 de enero de 2013 quedaban obligados a asistir “a sus respectivas dependencias” y permanecer “en ellas durante todo el horario”.
La resolución no se cumplió y nadie fue responsabilizado.
Aspectos legales
Según explicó el catedrático en Derecho Penal y ex procurador de lo Contencioso Administrativo, Miguel Langón, la conducta de los profesionales constituye una
clara falta administrativa que puede ameritar la destitución del cargo. Incluso el Estado les podría hacer un juicio por daños y perjuicios para reclamarle lo cobrado injustamente, indicó. A juicio de Langón, no existe delito y sólo lo habría si se probara que por no concurrir a trabajar se perjudicó a un niño o se
inventó algún informe.
Sin embargo, una fiscal penal que pidió no ser identificada dijo que en su opinión se puede estar ante un delito de estafa o fraude. Estafa por actuar con
engaño y para procurarse un provecho injusto, o fraude por actuar con engaño en los actos en los que se intervino por razón del cargo, con daño a laç Administración. La magistrada coincidió en que hubo una clara falta administrativa.
Eran las ocho de la mañana del lunes 17 de junio y un taxi se detuvo en la puerta de la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) del Codicen, en Fernández Crespo 1814 a metros del cruce con la calle Cerro Largo. Ese es uno de los horarios de ingreso de los funcionarios de la dependencia de la ANEP que estudia los problemas de aprendizaje y dislexia de los alumnos del sistema de enseñanza. Del automóvil bajó un hombre. La persona ingresó al edificio pero el coche aguardó en el lugar.
El hombre salió del edificio en menos de cinco minutos, volvió a subir al taxi y se fue.
El Observador también constató que otras cinco personas realizaron una maniobra similar. Llegaron al lugar en sus vehículos personales o medios de transporte público pero permanecieron poco tiempo dentro. Entraban y salían. La acción volvió a repetirse ese mismo día y con las mismas personas pasadas las dos de la tarde; el horario de salida. Arribaron al edificio, entraron y en breves se fueron.
Sobre las 7.45 horas, una psicóloga ingresó al lugar tras haber estacionado su vehículo particular. Estuvo dos minutos y se fue. La profesional también trabaja en una mutualista. El Observador llamó al centro de salud para consultar los horarios de atención de esa psicóloga. Respondieron que atiende lunes, martes,
miércoles y jueves de mañana. El horario de atención de la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) del Codicen es de 8 a 14.30 horas y coincide con el servicio brindado por la profesional en el centro de salud. La mujer repitió el procedimiento a la tarde para marcar la salida.
Hay otros profesionales que también trabajan, a la vez, en la ANEP y en distintos servicios privados, y ofrecen consultas durante la mañana en los otros centros.
Sobre la mañana, otra psicóloga entró al lugar a las 7.10 y se retiró a las 7.26 horas.
En total hay 12 especialistas en ese centro, por lo que hay seis que sí cumplen su horario y trabajan atendiendo a los niños.
Según constató El Observador, entre las 7 de la mañana y las 11.30 al local ingresó una sola niña para ser atendida.
Pasado el mediodía, otras dos niñas salieron de la consulta. En la tarde, al cierre del horario, ingresaron al lugar dos funcionarias, una a las 14.27
horas y otra a las 14.29. Las mujeres se fueron juntas sobre las 14.34 horas. A las 14.35 una funcionaria administrativa bajó la persiana del lugar.
Esta unidad es el único organismo oficial que expide la tolerancia tanto para alumnos de centros públicos como privados. Los casos llegan hasta la unidad son los profesionales quieden agendar a los estudiantes para que concurran a consulta.
La denuncia y los controles
Según supo El Observador, estas irregularidades en el cumplimiento de las tareas de la UDI fue denunciada ante Recursos Humanos del Codicen cuando la ANEP era
dirigida por José Seoane. El actual presidente del Codicen, Wilson Netto, dijo ayer a El Observador que desconoce la práctica de la maniobra y sostuvo que el tema nunca se trató en el Consejo. Sin embargo, reconoció que faltan controles sobre esa unidad y por eso ordenó su reestrcutura.
“Todavía creemos que no se ha hecho la racionalización, el control y el impacto adecuado que tiene que tener la institución”, dijo.
“Control hay, el problema está en que la cultura de cómo se venían desarrollando esos controles a nosotros no nos da las garantías de que se estén cumpliendo los
objetivos que las unidades tienen y que se esté en el funcionamiento adecuado previsto por la administración”, agregó el jerarca.
Netto dijo que un informe de RRHH ordenó la reorganización urgente de la dependencia. Según dijo, hasta marzo la UDI dependía de la División de Salud del
Codicen, que a su vez no tenía un control directo del órgano centralizado. El presidente de la ANEP ordenó que ahora la unidad sea controlada por Planificación
Educativa. “Cuando nosotros llegamos a Codicen esa división (por Salud) particularmente no tenía jefatura. Lo que hicimos fue redistribuir cada una de las áreas de esa división en divisiones ya existentes”, explicó Netto.
El jefe
El director de la UDI es Héctor Martín, que además de su función en el Codicen, atiende su consultorio personal y es presidente de Aldeas Infantiles en Uruguay.
A su cargo tiene al menos a 10 funcionarios.
Ese día, el jerarca llegó a la dependencia del Codicen sobre las 7.55 horas. Martín salió del edifico a las 10.20 y se dirigió a su consultorio privado ubicado en 18 de julio 2062, esquina Martín C.Martínez, donde permaneció una hora y media. En la tarde volvió a la UDI sobre las 14 horas y estuvo allí media hora.
Una resolución del Codicen promulgada a fines del año pasado obliga a los funcionarios profesionales de la ANEP a permanecer en su dependencia de trabajo durante la totalidad de su horario (ver apunte). El Observador consultó asesores legales del Codicen para conocer el alcance de esta resolución. Los abogados confirmaron que la norma no tiene excepción y debe ser cumplida por todos los profesionales universitarios al servicio de la ANEP.
El Observador consultó a Martín pero el jerarca se negó a realizar declaraciones. “No puedo dar notas, no voy a hablar”, dijo, y cortó.
El Observador mantuvo conversaciones telefónicas con algunos de los empleados de esa unidad del Codicen. Cuando se les preguntó sí cumplían con el horario
estipulado, uno de ellos respondió: “Yo no le tengo que rendir cuentas a usted, ni a El Observador, ni a nadie, sino al Codicen, vaya al Codicen y averigüe, que ellos me pagan mi sueldo. No tengo ni que desmentir, ni que aprobar, ni ratificar nada”.
Lo mismo respondió otra empleada con quien dialogó El Observador: “Yo no
contesto nada, llame a Recursos Humanos que le van a contestar al respecto”.
Que facil ser empleado público.
1 comentario:
Podrian por favor indicar el nombre de los profesionales sicologos y siquiatras que trabajan en tal division?
Porque no se dice el nombre de los mismos.
Es una informacion que todos deberiamos saber.
Son funcionarios publicos no hay motivos para ocultar sus nombres.
Gracias.
Publicar un comentario