La Central Nacional de Trabajadores de Uruguay, (Pit-Cnt), aceptará la recomendación de la OIT de habilitar el ingreso a las empresas ocupadas de trabajadores que no se sumen a una huelga. No obstante, advierten que en la práctica habrá problemas para aplicar esta medida.
"Si tenemos que decir que la aceptamos, la aceptamos. Para nosotros todo esto es semántico. ¿Alguien piensa que en una fábrica ocupada entre en paz y sin problemas otro grupo de compañeros a trabajar? No están promoviendo lo mejor", señaló al diario El País el coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugirió al gobierno uruguayo en marzo de 2010, tras una denuncia de las cámaras empresariales, que "el derecho de huelga y la ocupación deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas", así como el derecho de la dirección de la empresa de ingresar a sus instalaciones.
"La OIT no está diciendo que la ocupación sea una extensión del derecho de huelga, la está reconociendo como una situación de hecho. También está el respeto por el resto de los trabajadores y los empresarios", dijo el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (CNCS), el ex ministro colorado Alfonso Varela.
El empresario reclamó que en materia de ocupaciones el Estado garantice un "tratamiento igual" para empleados públicos y privados.
"Entendemos que el planteo de OIT está en línea con el decreto del Poder Ejecutivo que prohibió las ocupaciones de los lugares públicos de trabajo (oficinas del Estado)", aseveró Varela.
En cambio para Castillo la OIT "no está diciendo que se tenga que prohibir la ocupación; le pide al gobierno que sea vigilante para que mientras permite el derecho de huelga, habilite el derecho al trabajo, eso es lo que siempre hace el Ministerio (de Trabajo)".
Castillo interpretó que mientras el sector empleador cuestiona el derecho sindical a ocupar, "la OIT no responde en sintonía con los empresarios y plantea, en otras bibliotecas que la ocupación es una modalidad de huelga que es un derecho de los trabajadores".
Otro punto en el que trabajadores y empresarios no están de acuerdo es la designación de un miembro independiente para presidir el Consejo Superior Tripartito y que ambas partes tengan la misma cantidad de integrantes que el gobierno.
"Eso es una banalidad. La OIT recomienda que tenga en cuenta ese planteo de los empresarios. Sin embargo, la OIT en todas sus estructuras mantiene el mismo porcentaje de miembros que marca la ley de negociación colectiva", aseveró Castillo.
En la actualidad el Consejo está compuesto por nueve representantes del gobierno, seis de los trabajadores y otros seis del sector empleador.
El sindicalista señaló que la integración del Consejo no es un tema importante. "Para el movimiento sindical no hay problema porque hay unidad en las propuestas, cosa que no sucede en el sector empresarial", dijo Castillo.
En cuanto a la llamada "ulterioridad de los convenios", que es el valor de los acuerdos cuando caducan, la OIT instó al gobierno a discutir con los actores sociales la modificación de la norma para encontrar una solución "aceptable" para ambas partes.
"Lo firmado no puede tener marcha atrás, los empresarios no quieren la ulterioridad. Hay que discutir lo que teníamos para adelante. En todos los ámbitos de negociación se discute todo, pero no se puede partir de cero", afirmó Castillo.
Ambas partes coinciden en que el manejo de la información que se usa en el marco de los Consejos de Salarios debe mantenerse en reserva. Los empresarios, alineados a la OIT, señalan que se debe responsabilizar por su control a quienes tengan acceso a esos datos.
Los sindicalistas mantienen diferencias con la ley de Negociación Colectiva pero la defienden. "Es mucho mejor que lo que había antes", dijo el jueves 4 a El País el dirigente de la bebida y miembro del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, Richard Read.
En tanto el coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo, planteó que no están dispuestos a presentarse a negociar con los empresarios si ello implica una caída de los contenidos de la norma.
"Si podemos vamos a tratar de introducirle más contenidos y la eliminación de la cláusula de paz", aseveró Castillo.
Voceros sindicales señalaron que no están dispuestos a pagar el costo político de cambiar la ley de Negociación Colectiva cuando no fueron lo suficientemente escuchados en el proceso de elaboración.
Entienden que las observaciones que realizó la OIT son responsabilidad del gobierno por lo que es él quien debe asumir las consecuencias de las modificaciones a la norma.
Otros dirigentes consideran que se puede buscar acuerdos en la medida que no se modifique la esencia de la norma e insistieron en la posibilidad de que se retiren las cláusulas de paz laboral, uno de los reclamos que realizaron desde que se votó la ley.
Fuente:El País
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