La conservación de los antecedentes de los menores infractores cuando cumplen 18 años y la baja de la edad de imputabilidad que proponen, en un caso, el gobierno, y en otro la oposición, tuvieron un primer escollo en el Parlamento.
A título personal, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Chediak y el ministro de la corporación, Dr. Leslie Van Rompaey, se pronunciaron en contra de ambas iniciativas.
En un sentido similar se manifestaron el director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho, Luis Eduardo Morás y el secretario ejecutivo del Comité de Derechos del Niño, Luis Pedernera.
Todos concurrieron el martes pasado a la comisión de la Asamblea General que estudia cambios en las leyes y otras medidas para atender la situación de los menores infractores.
A su vez, algunos legisladores del Frente Amplio que integran esa comisión comparten esta postura sobre los antecedentes, lo cual va en contra del Poder Ejecutivo.
La semana pasada, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había adelantado que el gobierno estaba a favor de mantener los antecedentes de los menores infractores cuando pasen a ser mayores en el caso de los delitos considerados muy graves, como copamiento, homicidio, rapiña, secuestro o violación.
La comisión volverá a reunirse hoy jueves, pero esta vez sin invitados y para que sus integrantes fijen posición política en varios de los temas que analiza, porque hasta ahora los legisladores se han limitado a solicitar opinión a los involucrados.
Blancos y colorados están a favor de sugerir al Poder Ejecutivo elementos como el mantenimiento de los antecedentes de los menores cuando pasan a la etapa adulta.
Algunos representantes del oficialismo también, especialmente si ello se circunscribe en el tiempo y a los delitos considerados gravísimos, como el homicidio, el copamiento, la rapiña, la violación y el secuestro.
Antes del miércoles 29, la comisión debe presentar un informe a la Asamblea General con sus conclusiones acerca de los temas analizados, de donde en función de los respaldos políticos que haya, podrían surgir proyectos de ley a considerar en 2011.
Aunque la Suprema Corte de Justicia no tiene posición institucional al respecto, Chediak y Van Rompaey fueron convocados a la comisión para expresar su opinión sobre los planteos acerca de la rebaja de la edad de imputabilidad penal y el mantenimiento de los antecedentes para los menores infractores cuando pasan a ser mayores.
Ambos advirtieron en su exposición ante la comisión que debe haber una "solución política" para ambas situaciones.
"El mantenimiento de la edad de imputabilidad no tiene limitaciones en el ámbito internacional. Las Reglas de Beijing (de 1985) establecen que eso queda a cargo de cada país, es decir que no estamos imposibilitados internacionalmente para modificar la edad de imputabilidad", precisó Chediak, aunque reiteró que la solución debe ser "política".
En cuanto al otro aspecto, el presidente de la SCJ expresó una posición diametralmente contraria a la que había dado a conocer públicamente en agosto.
"En el mantenimiento de los antecedentes de los menores, las Reglas de Beijing para la administración de la Justicia de menores, que tiene fuerza vinculante para Uruguay, establece la reserva de los antecedentes y que no se utilicen una vez que el menor cumpla la mayoría de edad y vuelva a delinquir", dijo Chediak.
Esa norma de las Naciones Unidas señala en forma textual que "los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicado el mismo delincuente".
Para Chediak, la utilización de esos antecedentes podría constituir "un obstáculo internacional", dijo al salir de la reunión de la comisión.
Si se legislara en ese sentido, de mantener los antecedentes, "estaríamos incumpliendo una fortísima relación vinculante de Naciones Unidas en el sentido de la reserva de los antecedentes", insistió Chediak.
Lo que dijo el presidente de la Corte será "un elemento sustancial para definir el contenido del informe", explicó al diario El País el diputado Julio Bango (PS), miembro de la comisión.
Bango recordó que cuando el ministro Bonomi concurrió a comisión pidió mantener los antecedentes porque adelantó que va a disponer, en el marco del Pacto de Costa Rica, la liberación de presos.
Entre los criterios que Bonomi señaló que serán atendidos está el hecho de que los liberados sean primarios y aclaró que no quería que éstos tuvieran antecedentes por la comisión de delitos graves.
"Esto de mantener los antecedentes nunca estuvo dirigido a solucionar el problema de los menores", precisó Bango.
Por su parte, el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) indicó que "no estaría bien" trasladar los antecedentes por delitos graves de los menores a su etapa delictiva de mayores.
Según el legislador oficialista, el ministro Van Rompaey sostuvo en la comisión que impulsar el mantenimiento de los antecedentes equivaldría a bajar indirectamente la edad de imputabilidad de los menores, porque se tendrían en cuenta estos antecedentes de su adolescencia.
Como sostuvo Chediak, Van Rompaey se pronunció a favor de crear una estructura para el manejo de los menores infractores.
Van Rompaey dijo a El País luego de la reunión que entiende que antes que discutir sobre los antecedentes y la edad de imputabilidad, se debe "fortalecer el INAU para que cumpla con su función de rehabilitación de los menores, cosa que no es tan difícil hacerlo porque hay hogares que cumplen su función, hay que discutir eso más situaciones técnicas", expresó.
El director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho, Luis Eduardo Morás, afirmó en la comisión que es equivocado el manejo de cifras del Ministerio del Interior sobre el crecimiento de la criminalidad a cargo de menores.
La semana pasada, el ministro Bonomi había dicho en este mismo ámbito que poco más del 40% de los delitos graves son cometidos con participación de menores de edad.
Luis Pedernera, representante del Comité de los Derechos del Niño, sección Uruguay, asistió a la reunión de la comisión bicameral a dar su punto de vista. En ese ámbito se manifestó contrario a mantener los antecedentes de los menores infractores al pasar a la adultez y también a bajar su edad de imputabilidad.
Esta posición se basa en constataciones hechas por esta comisión en los lugares donde funcionan los organismos de responsabilidad penal juvenil.
Pedernera sostuvo en la comisión que históricamente "la cárcel no ha sido la solución para los delitos cometidos por menores", sino que "recrudece la situación y la devuelve a la sociedad potenciada".
"La privación de libertad es un sistema caro y presenta altos índices de reincidencia, a diferencia de las situaciones donde no hay privación de la libertad que muestran niveles menores de reincidencia", precisó.
Reiteró en la comisión que los números presentados por el Ministerio del Interior sobre delitos graves cometidos por menores están "inflados".
"Según Unicef y los datos oficiales del Poder Judicial, los delitos con participación de menores fueron el 5,9% del total en 2009", explicó a los legisladores.
"Cuestionamos las cifras del Ministerio del Interior porque se cuentan a partir de las detenciones y no se discriminan las distintas situaciones, es decir si son delitos o intervenciones policiales en hechos que no tienen que ver con infracciones a la ley penal", dijo.
"En un estado democrático quien determina si hay delito es la Justicia", añadió.
Van Rompaey: "No se debe mantener los registros"
Ministro de la suprema corte
Los menores, al ser inimputables, no deberían conservárseles los antecedentes judiciales. No deberían tener registro de los hechos cometidos antes de los 18 años de edad".
Luis Pedernera: "La cárcel no ha sido la solución"
La cárcel no ha sido la solución para los delitos cometidos por los menores, sino que en realidad recrudece la situación y la devuelve a la sociedad potenciada".
Fuente:El País
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